La pandemia nos muestra la crudeza con que se degradan las condiciones de vida de niñxs y adolescentes al tiempo que se multiplican las desigualdades. Por María José Cano y Hugo «Cachorro» Godoy*
Hoy 7 de agosto, en el marco de las distintas acciones para visibilizar el reclamo por Techo, Tierra, Trabajo, Producción y Soberanía, desde el Departamento de Derechos de los Pueblos y en función de su defensa, nos sumamos a la movilización virtual para aportar a la consolidación del piso más alto de conciencia posible, para que no haya más niñxs y adolescentes ni hogares pobres en nuestro país.
A 140 días de implementarse en el país el aislamiento social, preventivo y obligatorio, UNICEF dio a conocer que la pobreza en niñez alcanzaría hacia finales de este año el 62,9 % mientras que la indigencia o pobreza extrema lo haría al 18,7%.
La declaración de la pandemia covid-19 y su posterior desarrollo, devino en un contexto histórico particular, de agudización de la crisis sanitaria, económica y social a escala planetaria y a nivel país, con mayor empobrecimiento, precarización laboral y profundización de desigualdades preexistentes.
Esta nueva estimación que actualiza la proyección de la pobreza e indigencia en la niñez, surge de la segunda encuesta nacional que realiza el organismo en este tiempo de pandemia y sobre la base de la caída económica del 9,9% calculada por el FMI para nuestro país en el 2020. Una estimación por demás alarmante que expresa no sólo que la cantidad de niñxs pobres pasaría de 7 a 8,3 millones, sino cómo cada día miles y miles siguen siendo empujadxs a la pobreza e indigencia.
Pero el dato más sustantivo tiene que ver con la pobreza extrema, llegaría al 18,7 %, es decir, ascendería de 1,8 a 2, 4 millones en cantidad de niñxs, pertenecientes a hogares que no alcanzarán a cubrir una canasta básica alimentaria. Niñxs y adolescentes que tienen hambre, que pasan hambre, y que es posible que no cenen todos los días.
Datos indicadores en el marco de una proyección, que requieren estar en el primer lugar de la agenda pública de los Estados y la sociedad argentina, para planificar sobre un contexto incierto a niveles inéditos. Datos e indicadores que, a partir de algunos antecedentes históricos respecto de la pobreza en niñez, permiten dar cuenta que no son solo, el reflejo de la pandemia.
Los gobiernos pasan y no para de crecer la deuda con la niñez. Otro informe del mismo organismo del año pasado, expresaba que en los últimos 30 años la Argentina no ha disminuido el nivel de 30% de pobreza en niñxs y adolescentes, es estructural. Las últimas observaciones emitidas por el Comité de seguimiento de los Derechos del Niñx de las Naciones Unidas, señalaron una grave preocupación porque el nivel de inversión para la niñez desde el Estado Argentino, no ha sido lo suficientemente alta como para compensar el impacto negativo de la severa crisis económica y social que comenzó en el año 2002. La irrupción de la pandemia, se da en el marco de la crisis social y económica, fruto de la brutal ofensiva neoliberal macrista que deja como resultado, a diciembre de 2019 – según el INDEC – al 53% de lxs niñxs inmersxs en la pobreza.
En este contexto, vemos la crudeza con que se degradan las condiciones estructurales de vida de niñxs y/o adolescentes y se multiplican las desigualdades sociales, y que el estudio muestra datos que no pueden no visibilizarse para empezar a definir prioridades.
Los datos expresan significativamente y con una diferencia pronunciada, que los efectos de la pandemia covid-19 se magnifican en los barrios populares, en históricas condiciones de hacinamiento, precariedad y sin servicios públicos básicos, entre otras. Así, cuando la proyección en términos generales la pobreza por ingresos en la niñez alcanzaría el 62,9 % mientras que la indigencia o pobreza extrema el 18,7 %, en la distinción de esa proyección en barrios no populares y populares: en los no populares la pobreza sería del 58% y la extrema del 18%, mientras que en los populares ascienden a 92% y 49% respectivamente. Una de las curvas más peligrosa, la desigualdad.
Otro indicador de la crisis que genera la pandemia en los barrios populares es la concurrencia a comedores y merenderos, tarea de cuidado y comunitaria sostenida en su gran mayoría por mujeres y no reconocida. De los hogares relevados a nivel nacional y regional, la concurrencia de niñxs y adolescentes aumentó del 8% en abril al 10% en julio.
En ese sentido, siguiendo con el estudio, y respecto de los programas para responder a los efectos de la pandemia covid-19 y aspo, como el IFE – Ingreso Familiar de Emergencia -, alcanza al 47% de los hogares, frente al 22% que lo recibía en abril momento en que se realizó la primer encuesta; junto con otras medidas de ayuda como ser la duplicación de la AUH y la Tarjeta Alimentar alcanza al 36% de los hogares, frente al 19% en abril; no sólo indican la importancia de su existencia y el aumento de acceso de más hogares, sino también los límites. Un 73% de lxs encuestadxs, sostiene que las transferencias monetarias dirigidas a las personas, deben mantenerse en el tiempo.
El paquete de medidas extraordinarias que se implementaron e implementan para la protección con impacto en la niñez y adolescencia en este complejo y difícil contexto, a la luz de los hechos y en la base a la proyección de UNICEF, torna necesario profundizarlas y en avanzar en aquellas reformas estructurales necesarias que borren los límites de la respuesta estatal.
Además de los géneros y adultos mayores, la niñez y adolescencia es el rango etario que más sufre el impacto de las crisis y los problemas del mundo, pero no solo desde lo económico. Preocupan las implicancias reflejadas que tiene en la niñez, y en particular es estremecedor que en niñxs de hasta 6 años se manifestaron cambios o alteraciones en la alimentación en 48%, en el sueño en un 46% y en la comunicación un 16%. Mientras que en la adolescencia el sentirse angustiadx o deprimidx, aumentó de abril a julio del corriente en un más 70%.
La alarmante e histórica concentración de niñxs y adolescentes en situación de pobreza e indigencia respecto de ingresos monetarios, abre la oportunidad de definir políticas orientadas en ese sentido. Resolver la discriminación, fragmentación y exclusión de más de 3 millones de niñxs y adolescentes del sistema de Asignaciones Familiares y de AUH, incorporándolxs; el impuesto continuo a las grandes riquezas como fuente de financiamiento y asegurar un salario universal, es un piso de donde ya no tendríamos que movernos. Sumando además, definiciones vinculadas a aquellas dimensiones que la determinan y que trascienden el aspecto estrictamente monetario.
Cuánto tiempo falta para terminar de transitar esta situación y qué resultará, no lo sabemos, pero si sabemos, que es hora de tomar definiciones, el presente y futuro de nuestros niñxs dependen de las mismas. Ya no es posible, dejar de lado la cruda realidad en que se desarrollan y crecen millones de niñxs y adolescentes en nuestro país. Profundizar y reconstruir otra relación del Estado con la niñez y adolescencia y hacer efectivos sus derechos, es la tarea.
* Directora del Departamento de Derechos de los Pueblos y Secretario General de ATE, respectivamente
