El pasado jueves se realizó en la sede nacional de la CTA Autónoma una reunión con referentes de organizaciones que integran el espacio “No a la Baja”. Allí se compartió información en torno a los distintos proyectos de ley que se encuentran en debate, fundamentalmente del anteproyecto del Gobierno nacional sobre el Régimen Penal Juvenil. Entre las principales resoluciones, se definió reactivar la campaña para evitar que el proyecto avance.
Entre los puntos fundamentales que muestran en este proyecto la impronta de endurecimiento punitiva, están: la baja la edad mínima de Responsabilidad Penal a los 13 años; habilita imponer penas privativas de libertad de hasta 20 años; no establece escala penal diferenciada o disminuida como en el régimen actual; admite y regula la intervención punitiva por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal; se amplía el poder punitivo y todos los delitos son punibles, incluso delitos leves, a diferencia de la regulación actual.
Asimismo se informó que el proyecto plantea una primacía de la pena privativa de libertad, con un criterio restrictivo para aplicar penas no privativas de libertad, configurando así un sistema en el cual la privación de libertad no es subsidiaria, sino que constituye la regla incluso en delitos que no revisten mayor gravedad y que pueden ser abordados con otras estrategias.
La regulación que se establece para la imposición de “medidas complementarias” (penas- reglas de conducta) es más dura que en el régimen de adultos, y admite expresamente la posibilidad de alojamiento en establecimientos penitenciarios, y establece que los adolescentes mayores de 18 años completen la pena en establecimientos penitenciarios de adultos.
Por último, se evidencia un incremento de las facultades discrecionales de los jueces y operadores, lo que permite augurar un endurecimiento punitivo creciente, y el piso de garantías procesales se establece para la justicia nacional, invitando a las provincias a adecuar su normativa, lo que puede suponer la dificultad de garantizar estándares homogéneos en todo el país.
Las organizaciones acordaron que de avanzar este proyecto, se configura un avance punitivista cada vez a más temprana edad en nuestro país, por lo cual se vuelve fundamental la reactivación de la Campaña “No a la baja”. Tras esta primera reunión se realizará un encuentro virtual para con todas las referencias del espacio a lo largo y ancho del país; se crearán comisiones de trabajo en comunicación, legal y técnica, y operativa; se trabajará en la convocatoria a una Audiencia Pública; y se trabajará en la construcción de un pronunciamiento unificado.
