Desde el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud expresamos profunda preocupación por el desplazamiento de las autoridades de la Defensoría del Niño, la titular Marisa Graham, y el adjunto Juan Facundo Hernández.
La determinación fue tomada por el bloque oficialista integrado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. Cabe señalar que el oficialismo impidió la conformación de las comisiones bicamerales durante 2024 y también este año. Ante dicha situación, desde la Defensoría nacional, las defensorías provinciales y numerosos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales solicitaron a al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y la presidenta del Senado Victoria Villarruel durante todo el último semestre del año pasado la urgente resolución de la sucesión de Graham, debido a que vencido el plazo se produciría una acefalía que pondría en riesgo el curso de más de 400 causas activas que necesitaban de pronta resolución para que no queden sin legitimación.
Por tal motivo, se realizó una modificación en el estatuto interno de la Defensoría y se pidió insistentemente que se convoque a un concurso para definir a los reemplazantes de las autoridades actuales del ente autárquico y autónomo, teniendo en cuenta la Observación General nro 2 del Comité por los Derechos del Niño.
Ante versiones falaces de los legisladores oficialistas difundidas por los medios masivos de comunicación afines al gobierno nacional, las y los profesionales que trabajan en el organismo consideran imprescindible evitar la intervención y sostener el organismo con la conducción administrativa y técnica.
Cabe señalar que el 28 de septiembre de 2005 se sancionó la Ley 26.061 que creó la figura del “Defensor» y que tuvieron que pasar 15 años para que se designen las autoridades; por primera vez y recién en 2020 se formalizó la designación de Graham y los dos adjuntos: Juan Facundo Hernández y Marcelo Fabián Repetto. Fueron elegidos por concurso público, después de exámenes y audiencias.
