Así lo señaló Roberto Baradel, secretario adjunto de la CTA provincia y General del SUTEBA, en la jornada sobre “Políticas de Seguridad y niñez, reforma del sistema procesal penal y violaciones a los derechos humanos”, que tuvo lugar ayer en el Anexo de la Legislatura bonaerense. También expusieron Hugo Blasco, secretario Gremial de la CTA y General de la AJB; y Hugo Godoy, secretario General de ATE y CTA, quien señaló: “Tenemos que lograr que estos encuentros contribuyan a crear las condiciones para profundizar el cambio que requiere nuestra sociedad”.
La Jornada se enmarcó en la continuidad del espacio que convocara a la multitudinaria caravana y marcha del 12 de noviembre, en rechazo al proyecto oficial de bajar la edad de imputabilidad. Comenzó a las 9:30 con las palabras de Hugo Godoy; la diputada de Libres del Sur, Laura Berardo; la diputada del Frente Transversal, Sandra Cruz; Hugo Cañón, Pesidente dela Comisión por la Memoria; y Laura Taffetani, en representación del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo.
“Ahora quieren hacer una reforma penal que nos devuelva a los tiempos de Ruckauf, sumado a los anuncios de Scioli de querer bajar la edad de imputabilidad. Nosotros tenemos que lograr que estos encuentros contribuyan a crear las condiciones para profundizar el cambio que requiere nuestra sociedad. No quedarnos en el “no” sino avanzar en la búsqueda de condiciones de fuerza para instalar nuestras iniciativas. Por eso salimos a la calle, para establecer una asignación universal para todas las personas menores de 18 años, para que se aplique la ley de niñez y rechazar la baja de la edad de imputabilidad” señaló Godoy.
El dirigente agregó: “Nos costó mucho tiempo instalar la ley de niñez, y sin embargo en estos dos años desde que está en vigencia creció la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. En el país hay 6 millones de chicos que viven en la pobreza y 3 millones que tienen hambre. No podemos perder más tiempo, tenemos que encontrar la forma para que esta reflexión se transforme en acción. Tenemos que asumir la responsabilidad para acumular la fuerza y poder ser capaces de imponer nuestros temas en la agenda”.
Finalmente, Godoy invitó a todas las organizaciones a “rodear con un abrazo” al Movimiento Chicos del Pueblo y a adoptar su consigna “El hambre es un crimen”.
Respecto al reclamo de mayor seguridad, Hugo Cañón hizo un informe sobre los índices reales de los delitos: “Mientras enla Argentinahay 5 homicidios cada 100 mil habitantes, en Colombia hay 84 cada 100 mil. Argentina continúa estando por debajo de Estados Unidos y de Brasil en las estadísticas”. Además comparó la actual situación con los años de la dictadura: “Mientras hoy se registran 500 homicidios por año, durante la dictadura hubo 5 mil por año”. Cañón reflexionó al respecto que “para aplicar políticas de exterminio se necesita una sociedad convalidante”.
“Los medios instalan la muerte diaria, la muerte de los que tienen ciudadanía plena. La muerte de los pobres no es noticia”. Cañón inicó que para esta sociedad “no se puede comparar la muerte de una persona con título universitario, que tiene auto, que va al gimnasio; con la de un desdentado, desnutrido, mal vestido, sin trabajo. No es lo mismo perder un incluido que un excluido, aunque las muertes sean igual de lamentables”.
Sobre la represión dentro de las instituciones carcelarias Cañón indicó que “la perverción y crueldad no son métodos medievales, están acá y ahora. La reforma del sistema procesal penal implica más enjaulamiento para pobres y excluidos. Bajar la edad de imputabilidad implica encerrar a los pibes como en campos de concentración”.
Por su parte, Laura Taffetani planteó que “detrás de cada chico pobre hay un padre desocupado. Los chicos no son hijos de la calle sino los hijos del pueblo. La solución para el problema de la inseguridad ya la sabemos, es el trabajo, el trabajo genera valores, une a la familia, permite proyectar el futuro. Por eso debemos jugarnos por un país diferente, por un país para todos, debemos refundar un nuevo país, los chicos lo necesitan y nosotros también”.
Luego se dio lugar a la primera mesa sobre la “Políticas de seguridad y practicas policiales”, de la que participaron Marcelo Saín, interventor de la policía de Seguridad Aeroportuaria, Gustavo Palmieri del CELS, y el juez de Garantías de Mar del Plata, Francisco Tapia.
La segunda mesa sobre “Reforma del sistema penal como respuesta a la demanda social de Seguridad”, contó con la participación de Marcelo Medina, juez de Cámara de Mar del Plata; Benjamín Sal Llargues, Juez del Tribunal Provincial de Casación; Leopoldo Schiffrin, Juez dela Cámara Federal de La Plata; el secretario general dela Asociación Judicial y gremial dela CTA bonaerense, Hugo Blasco; y Hugo Cañón.
A las 16 hs. se debatió sobre la “Implementación dela Ley de Promoción de los Derechos del Niño y el Fuero Penal Juvenil”. Con la participación de José María Ghi, Director de Protección y Promoción de Niños y Adolescentes de Morón; Valeria Amendolara, Diputada del FpV y Vice presidente dela Comisión de Niñez dela Cámara de Diputados bonaerense; Fabián Cacivio, Juez de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata; Alicia Daroqui, Socióloga e Investigadora Instituto Gino Germani dela UBA; y el secretario general de SUTEBA y adjunto dela CTA Roberto Baradel.
En su intervención, Baradel reafirmó la necesidad de «terminar con el paradigma del Patronato, que considera a los niños como objetos en lugar de respetarlos como sujetos de derecho». Además, volvió a criticar el proyecto de bajar la edad de imputabilidad, al afirmar que «no es así como se soluciona el problema de la inseguridad», al tiempo que instó a «fortalecer los servicios y consejos locales de protección y promoción integral de los derechos de la niñez».
«Esas instancias tienen que estar funcionando plenamente, y para eso es necesario que una partida de 500 millones de pesos. Para el Estado provincial esto es absolutamente posible. Comparemos las cifras, y el último aumento salarial para los docentes significó una partida de 1600 millones. Es decir, hace falta la voluntad política para poner en vigencia plenala Leyde Niñez».
Estuvieron presentes referentes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, legisladores y funcionarios, entre los que se encontraba Cristina Tabolaro, Subsecretaria de Niñez bonaerense. Dela CTAprovincia participaron Juan Cocino, secretario Administrativo; Carlos Martínez, secretario de Finanzas; Rosana Merlos, secretaria de Derechos Humanos; Martín Bidan, Director de Prensa; María Reigada, Secretaria General dela CTA LaMatanza; y Carlos Leavi, secretario General dela CTA LaPlata Ensenada.
La CTA, el Foro Provincial porla Niñezy el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo; organismos de derechos humanos como el CELS,la Comisión Provincialporla Memoriayla APDH LaPlata ; movimiento sociales como Libres del Sur, Movimiento Evita, Barrios de Pie y Frente Transversal Nacional y Popular; el Partido Socialista y el Encuentro porla Democraciay Equidad de Sabatella, el Hogar del Padre Cajade y el Colectivo de Derechos dela Infanciayla Adolescencia, se cuentan entre quienes rubricaron un documento previo.
El escenario y el momento elegidos no son caprichosos: enla Legislaturase debate el proyecto de presupuesto 2009 y una reforma al código penal que tal como se advierte en la declaración, puede volver a producir el colapso del sistema penitenciario.
Estos son algunos de los conceptos salientes del texto:
“El aumento del delito y la violencia tienen raíces complejas y profundas, tanto sociales como institucionales: la desintegración de lazos sociales, el desempleo, la exclusión, la desarticulación de las políticas educativas, la corrupción y las falencias policiales y judiciales. Una política democrática de seguridad debe articularse con otras políticas públicas y no puede abordarse únicamente desde la perspectiva policial – judicial. No obstante, observamos con preocupación el impulso predominante de políticas represivas por sobre las orientadas a la equidad social, la redistribución de la riqueza y la democratización de las instituciones”.
De este modo la declaración procura salir al cruce de las iniciativas de alto impacto mediático dadas a conocer por el gobernador para responder a la demanda pública de mayor seguridad. Cómo se recordará Scioli además de impulsar la baja en la edad de imputabilidad de los menores, envió ala Legislaturaun proyecto de reforma del código procesal penal que endurece notablemente los regímenes de excarcelación en la provincia.
“Desde la asunción del gobernador Scioli, las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad representaron un fuerte retroceso en relación con la promoción de una conducción democrática de las instituciones de seguridad, que sea respetuosa de los derechos humanos, y eficaz en la prevención e investigación de los delitos”
“Los márgenes de discrecionalidad de las fuerzas de seguridad sobre los grupos más desprotegidos han crecido y afectan justamente a aquéllos a los que las políticas públicas no llegan o, si llegan, lo hacen a través del clientelismo de estructuras corruptas del conurbano bonaerense. El incremento de las detenciones por razones de averiguación de identidad y por casos de flagrancia es el que permite al ministerio manipular las interpretaciones estadísticas para sostener que son estos grupos los principales responsables del aumento del delito”
“Este aumento del control social y el debilitamiento de los derechos de los sectores más pobres no produjo ninguna mejora en las condiciones de seguridad. La “eficacia” de la policía se reduce a perseguir los delitos más elementales y a los grupos vulnerables de la sociedad. Siguen siendo insignificantes las investigaciones que recaen sobre la criminalidad más compleja. No existen políticas criminales específicas para desarticular las redes de ilegalidad que, con complicidad o tolerancia de funcionarios provinciales y locales, regulan la organización del delito y la violencia en la provincia”
“La promoción de este tipo de políticas regresivas, se da en el contexto de una provincia en la que diversos hechos han mostrado la permanencia de redes de inteligencia y grupos operativos que actúan impunemente, como lo demuestran el caso de Julio López y la reciente escalada de intimidaciones y secuestros de los que fueron víctimas educadores y jóvenes del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. El gobierno tiene la responsabilidad indelegable de esclarecer estos hechos, de asumir su gravedad y de tomar medidas pertinentes para que no vuelvan a repetirse”.
“La baja de la edad de imputabilidad no resuelve de ningún modo el problema de la inseguridad, y tal como está planteada permite eludir el debate sobre la responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños. Por el contrario, es preciso profundizar las políticas de contención de los más jóvenes y no aquéllas que, basadas en la privación de libertad, contribuyen a profundizar la brecha social existente en nuestro país. En todo caso, la responsabilidad penal de los menores de edad debe estar enmarcada en la implementación del fuero penal juvenil. En este marco es imprescindible garantizar la efectiva implementación del sistema de promoción y protección de los derechos de los niños”
“Como si el reloj atrasara y nuevamente estuviéramos situados en el año 2000, esta reforma propicia la generalización del encierro preventivo sin la menor evaluación o preocupación por las consecuencias sociales que provocará y sin ningún reparo respecto de su demostrada ineficacia. Es indispensable quela Legislaturaprovincial tome en cuenta el impacto negativo que esta reforma tendrá para la vigencia de los derechos humanos y para el funcionamiento del sistema penal y penitenciario, a partir de lo que será un nuevo aumento sostenido de las personas privadas de libertad. El régimen restrictivo de excarcelación que rigió desde el año 2000 por iniciativa del entonces gobernador Ruckauf y su ministro Casanovas, provocó el colapso del sistema judicial y penitenciario. Fue modificado en el año 2006, por orden dela Corte Supremade Justicia dela Nación. Ahorase intenta dar marcha atrás y convertir al poder judicial en el verdugo de las políticas represivas”
Teléfonos de referencia:
Hugo Cañón (presidente Comisión por la memoria): 011- 15 50094136
Hugo Godoy (CTA) 0221- 15- 508- 9413
Gustavo Palmieri (CELS) 011- 15 59243247
El panel de apertura, estuvo a cargo de Hugo Godoy (Secretario General dela CTAprovincia de Buenos Aires),la Diputada LauraBerardo (Movimiento Libres del Sur), Hugo Cañón (Comisión Provincial porla Memoria) y Alberto Morlachetti (Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo).
Las mesas de debate, fueron las siguientes:
11hs: “Políticas de seguridad y prácticas policiales”
Marcelo Saín (Policía de Seguridad Aeroportuaria) Gustavo Palmieri (CELS)
Francisco Tapia (Juez de Garantías de Mar del Plata)
14hs: “Reforma del sistema penal como respuesta a la demanda social de seguridad”
Marcelo Madina (Juez de Cámara de Mar del Plata)
Benjamín Sal Llargués (Juez del tribunal Provincial de Casación)
Leopoldo Schiffrin (Juez dela Cámara FederaldeLa Plata)
Hugo Blasco (Asociación Judicial Bonaerense)
16hs: “Implementación de la Ley de Promoción de los Derechos del Niño y el Fuero Penal Juvenil”
José María Ghi (Director de Protección y Promoción de Niños, Niñas y Adolescentes de Morón)
Fabián Cascivio (Juez del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil)
Alcira Daroqui (Instituto Gino Germani UBA)
Roberto Baradel (SUTEBA)
El cierre estuvo a cargo dela Diputada SandraCruz (FPV)
Por Rosario Hasperué
