No basta con decir a qué se tiene derecho, como tampoco basta decir que es obligación acceder a cada uno de ellos. Organizaciones sociales y gobiernos lo saben bien porque deben tratar a diario con la realidad más cruda, cuyo origen proviene fundamentalmente de la pobreza.
Si bien el escenario ideal es en el que ambos trabajen en el mismo sentido, esa situación está lejos de plasmarse, por ejemplo, en Tucumán, donde el gobierno está acusado por los propios trabajadores de manipular las cifras de desnutrición y ocultar a miles de niños que sufren ese flagelo.
Para un mismo problema, hubo caminos diferentes. A través del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), el gobierno tucumano difundió en septiembre de 2010 una circular en la que alentó el reemplazó del diagnóstico de desnutrición por el de “bajo peso”.
En concreto se prohibió del léxico médico – pediátrico la palabra “desnutrición” y se promovió la utilización del Índice de Masa Corporal (IMC) –que no tiene en cuenta la edad– como herramienta para tratar el estado nutricional de las niños.
De acuerdo a los trabajadores sindicales, la justificación radica en una “supuesta” recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en una intención de evitar la visibilización del problema a una década de la asunción de José Alperovich como gobernador.
“El ocultamiento obedece a las prácticas autoritarias que caracterizan la gestión provincial. Se trata de poner bajo la alfombra el resultado de políticas de exclusión”, afirmó a Malas Palabras Jorge Yabkowski, titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).
La supresión del diagnóstico de desnutrición reveló en poco tiempo un panorama “exitoso”: de los 22.000 casos existentes en 2006 por este flagelo sólo hay en la actualidad 3.960 casos. El SIPROSA confirmó en 2012 brindar ayuda a casi 8 mil niños, de los que el 34% (2.492) son chicos con bajo peso y un 12% pertenecen a la población “recuperada”.
Frente a una realidad opuesta, los trabajadores reaccionaron. El pediatra y director de un Centro de Atención Comunitaria en la capital tucumana, Eduardo Gómez Ponce, denunció hace tiempo la manipulación estadística, acción que recibió desde el principio el apoyo del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (SITAS).
Gómez Ponce fue más allá y reveló una serie de cifras que pudo confeccionar con su labor y la de otros colegas, que incluyó recorridas por la periferia de la capital. Según el informe, de cada 10 niños desnutridos, sólo 3 ó 4 pueden considerarse ahora en esa situación.
Sobre su base de datos, Gómez Ponce sostuvo que por cada dos familias pobres en la provincia de Tucumán se encuentra un desnutrido, dato que aplicó a las 60 mil familias reconocidas como “pobres” por el gobierno. “La relación entre esas variables permite arribar a 20.000 niños con desnutrición”, aseguró.
La práctica no sólo repercute en las estadísticas sino también en la atención. El pediatra que atiende en barrios a pocas cuadras de la Casa de Gobierno provincial señaló que la técnica de medición nutricional promovida impacta de modo negativo en las familias asistidas mediante planes sociales.
La nueva forma de diagnóstico provocó que “entre el 60 y el 70 por ciento” de los niños que padecen desnutrición sean excluidos del Programa Focalizado de Refuerzo Nutricional, que trabaja con niños desnutridos de segundo y tercer grado y mayores de seis años, aunque sin registrar los casos crónicos, según denunció Gómez Ponce.
El médico reveló además que el gobierno entrega leche materna sólo a los chicos entre los dos y los seis años y si está confirmado el diagnóstico de desnutrición, “por más que sus necesidades y carencas indiquen lo contrario”.
“Dicen que atienden la indigencia y la pobreza pero es mentira. Los niños desnutridos que hoy quedan fuera de las estadísticas oficiales de ´bajo peso` quedan desamparados de las políticas públicas”, apuntó Gómez Ponce a esta revista.
Por su parte, el pediatra del Hospital de Niños de Tucumán y secretario adjunto del SITAS, Julián Nassif es categórico sobre la importancia de accionar cuanto antes desde el Estado. “La situación de estos niños es grave para su presente pero también para su futuro. La desnutrición tiene un impacto trascendente en el sistema nervioso entre el primer y segundo año de vida que marca el desarrollo de las capacidades intelectuales”.
Muertes fetales
Profesionales de la Salud nucleados en el SITAS apuntan al actual ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, por la elaboración de estas metodologías que apuntan a “ocultar” cómo viven las clases más postergadas de Tucumán y traen al presente el escándalo de la manipulación de estadísticas para lograr resultados “adecuados” de mortalidad infantil.
Las denuncias indican que la cartera sanitaria provincial comenzó a inscribir como fetos a los niños nacidos con 500 gramos o menos, a partir de una orden tomada por el propio Manzur mientras ejerció la titularidad de la cartera provincial entre 2003 y 2007. La mortalidad infantil se redujo “drásticamente”, pero las muertes “fetales” se triplicaron.
“Lo que el gobierno quiere ocultar es una violencia hacia su propio pueblo. Lo que se quiere ocultar, no se puede. La desnutrición sigue siendo un flagelo. A pocas cuadras de la gobernación puede verse a niños y adultos comprometidos en su estado nutricional”, expresó Nassif.
Este panorama contrapuesto al oficial se enmarca en un contexto de importante vulnerabilidad para la provincia. De acuerdo a un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Argentina de la Universidad Católica, las infancias y adolescencias de las grandes ciudades del interior del país como el Gran Tucumán alcanzaron en 2012 un déficit de derechos “por encima del 50%”.
Asimismo, según el estudio, la situación de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a nivel de la infancia se eleva por encima de la media urbana en el Gran Tucumán y afecta a un 32,2% de la población.
Cuestión de criterios
El Índice de Masa Corporal (IMC) determina si el peso es adecuado a la estatura, pero no a la edad, por eso los dirigentes del SITAS lo rechazan abiertamente como método para controlar el estado nutricional de los niños.
El gobierno justica la utilización de este método como parte del nuevo sistema de medición del crecimiento empleado por la OMS, que usa una tabla standard internacional, comparando mediciones de crecimiento de poblaciones como Brasil, EE.UU e India, con “buenas condiciones de vida ambiental, alimentaria y de salud”.
Además de poner en duda la existencia de esas “condiciones”, los profesionales tucumanos citan que la Sociedad Argentina de Pediatría aconseja la confección de una tabla estándar con población de características antropométricas (físicas) similares.
“El IMC es recomendable para los casos de sobrepeso u obesidad pero no es exacto para desnutrición, por lo que hay un sistema de gestión equivocado. Argumentos para justificar lo que hacen no tienen”, añadió Gómez Ponce.
El director del Centro de Atención Comunitaria Nº 10 consignó que desde la década del ´80 hasta 2010 se aplicaron las tablas de Lejarraga – Orfila – Moraso, que miden la relación peso/edad para un niño menor de 1 año, y peso/edad, peso/talla para los mayores de 1 año, parámetros con los que se puede diagnosticar al niño de peso normal, desnutrido agudo o crónico.
“El agudo tiene alto riesgo de enfermar, por lo que debe ser recuperado nutricionalmente en forma urgente, debido a que tiene un déficit en la tabla de peso/edad y peso/talla. En cambio, el crónico es un chico con déficit sólo en peso/edad y que tendrá bajo rendimiento escolar”, explicó.
El médico tucumano sostuvo también que a lo largo de una investigación de seis años descubrió que de cada 10 niños desnutridos -aplicando la tabla Lejarraga – Orfila – Moraso-, “6 de ellos no lo eran para el IMC”, lo que constituye la clave para entender el descenso de la desnutrición.
A su vez, Gómez Ponce y Nassif coincidieron en continuar la resistencia y presentaron un plan para atender con urgencia la desnutrición, que incluye la entrega de aportes calóricos “adecuados” –en vez del uso de tarjetas– a las familias inscriptas en el Programa de Refuerzo Alimentario, y el pedido de más recursos humanos para reforzar la atención en los centros comunitarios.
El SITAS aspira así a que el gobierno tucumano tome su propuesta y la convierta en un programa para afrontar la difícil situación de la infancia en la provincia. Buscan dar el paso definitivo: que se cumplan las leyes, la Constitución Nacional y la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Conurbano pendiente
La desigualdad social tucumana no es extraña a la realidad bonaerense. Para el Observatorio de la Deuda Social, la propensión al déficit en el cumplimiento de derechos con relación al espacio geográfico, encuentra en el conurbano “la situación más crítica” del país: 68,8% promedio de déficit, y 29,6% de déficit severo.
Desde la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP) se advirtió ya sobre la existencia de graves problemas nutricionales en el segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires y también en ciertos puntos del interior bonaerense.
La falta de planificación de políticas integrales para abordar las problemáticas y determinadas situaciones culturales generan las condiciones para que varias familias se vean afectadas por la desigualdad. “El Estado determina de alguna manera el nivel de desarrollo de cada niño por lo que abordar la cuestión de la nutrición es fundamental para estos tiempos”, reflexionó Fernando Corsiglia, vicepresidente de CICOP.
Por Diego E. Sánchez InformaciondeS
Publicación en la edición de septiembre de la revista Malas Palabras
