Comenzó este jueves el juicio oral y público a los policías bonaerenses Gustavo Rey y Gustavo Vega, acusados de haber ejecutado a Franco Almirón y Mauricio Ramos, dos jóvenes de 16 y 17 años y de haber causado graves lesiones a Joaquín Romero, de 19, en febrero de 2011.
En la puerta de los tribunales de San Martín se realizó un festival en apoyo a los familiares de las víctimas y exigiendo justicia frente a los reiterados casos de violencia institucional en la provincia. Desde la mañana llegaron a acompañar el comienzo del juicio diferentes organizaciones sociales, políticas, barriales y de derechos humanos. Estuvieron presentes familiares de víctimas de casos de gatillo fácil, abuso policial y represión como: Raquel Wittis, Pablo Ferreyra, Tati Almeyda, Victoria Montenegro, entre otros. También el vicegobernador de la provincia Gabriel Marioto; el diputado Leonardo Grosso; el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; los diputados Fernando “Chino” Navarro, y Marcelo Sain, entre otros. Las audiencias que comenzaron hoy se desarrollarán en los Tribunales de San Martín, hasta el martes 11 de marzo, en días hábiles consecutivos, a partir de las 9.30 AM.
Andar habló con Noemí Gallardo, tía de Joaquín Romero, el joven que sobrevivió a los disparos de la policía y dio su testimonio ante el tribunal: “Joaquín es un sobreviviente, estuvo muchos meses internado por las balas que recibió. Él había ido a trabajar con sus amigos, como todos los días al basural del CEAMSE. Ahí levantan cosas para comer o vender, como muchos acá en el barrio. Siempre se cree que porque vivimos en una villa somos delincuentes y no es así. Joaquín quedó lastimado para toda la vida porque cuando estuvo herido su mujer perdió un bebé. Queremos justicia, nosotros no tenemos otros medios, queremos que no vuelva a suceder. Como dice la bandera Ningún pibe nace chorro. La policía no puede tirar así a mansalva como lo hicieron. Se decía que eran una banda organizada. La única banda organizada del barrio son los pibes que van con carros y bicicletas a cartonear al CEAMSE”.
Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires le respondió a la Agencia Andar cuáles son las reformas políticas pendientes para que no se repitan casos como este: “Es un abanico de medidas que se tienen que tomar, no sólo en materia de seguridad sino también en materia de justicia. Existe un jefe de calle que tiene esas metodologías tan cuestionadas, también hay un fiscal o un juez que miran para otro lado. Hemos podido lograr la sanción de la policía judicial, un cuerpo especializado de investigaciones para que no sean los mimos quienes cometen delitos y quiénes los investigan. También la nueva ley del jury de enjuiciamiento, para atender las denuncias de los malos funcionarios judiciales: jueces, fiscales, defensores. Y otro aporte en materia de democratización de la justicia es el juicio pro jurados que está avanzando”.
El diputado Leonardo Grosso, uno de los impulsores de la Campaña contra la Violencia Institucional también dio el presente y dijo: “Hoy estamos acá por la lucha, la organización popular y la denuncia de esta terrible masacre que sucedió hace 3 años. Esperamos que haya una sentencia justa sobre los responsables materiales, pero también necesitamos que se avance en la causa “Cárcova II” donde se investigan las responsabilidades políticas: el jefe departamental, el jefe distrital de la policía bonaerense. Acá alguien dio la orden de matar. Esto fue planificado.
EL CASO:
El 3 de febrero de 2011, la Policía de la provincia de Buenos Aires reprimió con balas de plomo a un grupo de vecinos del barrio La Carcova, en la localidad bonaerense de José León Suárez, que se habían acercado a un tren carguero que acababa de descarrilar por desperfectos en los rieles. En aquel momento, las autoridades políticas y policiales de la provincia reaccionaron tratando de encubrir los hechos, pero la investigación posterior reveló la responsabilidad de los policías en los asesinatos.
En este juicio se avanzará sobre la responsabilidad de los autores materiales de los disparos. Sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha solicitado en diversas oportunidades que se profundice la investigación y se avance en las responsabilidades funcionales de quienes diseñaron e implementaron el operativo que desembocó en las muertes y los posteriores intentos de encubrimiento. Hasta el momento la justicia limitó la acusación a los dos policías autores de los disparos, mientras que permanecen impunes los jefes policiales que tomaron las decisiones. Estos comisarios continúan hoy en funciones en la Policía Bonaerense.
Fuente: Andar Agencia – CPM
