Mediante una resolución del ministro de Seguridad, Alejandro Granados, los ochos policías implicados en la causa por tortura y desaparición de Luciano Arruga volverán a servicio y a portar un arma, noticia que generó el repudio de los familiares y de organizaciones de derechos humanos, entre las que se analiza el pedido de interpelación del ex intendente de Ezeiza.
En concreto, se trata de los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera, los subtenientes Oscar Fecter y Daniel Alberto Vázquez y los oficialesMartín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz, quienes se desempeñaban en el destacamento de Lomas del Mirador, en La Matanza, donde Luciano desapareció en 2009.
En diálogo con INFOCIELO, Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, contó además que ningún funcionario del gobierno nacional o provincial se comunicó con los familiares para dar cuenta de lo sucedido. “Es, sin dudas, un acto irrespetuoso y generador de impunidad”, apuntó.
Los ocho efectivos habían sido pasados a disponibilidad en febrero de 2013 por el entonces ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, a partir de “Investigación Sumarial Administrativa» iniciada por la Auditora de Asuntos Internos -área que investiga a policías- y «sin perjuicio de las acciones administrativas que pudieran resultar», tal como se consignó en su momento.
En los últimos días, el “sheriff” Granados se valió de un amparo presentado por el subcomisario Herrera para habilitar su reincorporación. En concreto, el juez en lo Contencioso y Administrativo Nº 3 de La Plata, Francisco Terrier, hizo lugar al recurso en el que se detallaba que ya había transcurrido “ampliamente” el plazo de 30 días para permanecer bajo disponibilidad preventiva.
Sobre ese fallo judicial de diciembre, el ex intendente de Ezeiza decidió la reincorporación de los ocho efectivos, quienes volverán a prestar servicio en los lugares que lo hacían hasta el año pasado: en Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Morón.
La noticia que se conoció este viernes cayó de imprevisto, tanto en los familiares como en distintas organizaciones de derechos humanos, que batallan por justicia en el caso, del que se cumplió hace poco cinco años.
“Es una afrenta los que venimos luchando por el caso de Luciano, y en particular, para los familiares. Hay una clara decisión político – ideológica de que estas personas tienen que estar en la calle”, afirmó a este portal, Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Matanza.
Pimentel responsabilizó al área de Seguridad bonaerense por no profundizar la investigación a partir de las diferentes denuncias realizadas por la organización, y así “justificar administrativamente el pase a disponibilidad”.
“Asuntos Internos no investigó las distintas denuncias que realizamos sobre adulteración del libro del destacamento, y las detenciones arbitrarias en el destacamento, como por ejemplo, en la cocina del lugar. Por eso no se lo encontró culpable de nada”, señaló el titular de APDH La Matanza.
En ese sentido, Pimentel consignó que la entidad “está estudiando un proyecto” para interpelar al ministro Granados y que dé las respuestas del caso, una iniciativa que será presentada para que los legisladores puedan conocer qué pasó en torno a esto.
Por su parte, Orieta –referente de Familiares y Amigos de Luciano Arruga– detalló que se pedirá “contestaciones públicas” a los funcionarios involucrados, así como el repudio de todas las organizaciones sociales para este acto, de la gestión del ministro Granados.
“Granados está en guerra con los humildes, con los morochos y con todos aquellos que luchan por los Derechos Humanos. Hoy empieza a haber un bosquejo de lo que dijimos que iba a pasar cuando él asumió”, precisó.
Asimismo, la hermana de Luciano remarcó que la lucha de “va a estar en la calle”, y pidió por extender el conocimiento de esta situación. “Pedimos que se difunda esto porque ocho tipos acusados de torturar y desaparecer a un joven de 16 años van a estar en actividad, y eso puede repercutir en la vida de muchos jóvenes”, resaltó.
Repudio
Varias organizaciones de derechos humanos manifestaron el repudio por el levantamiento de la sanción a los efectivos, entre ellas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que calificó la decisión como un intento de “brindar un manto de cobertura y promover laimpunidad y el desarrollo de prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la policía bonaerense”.
Fuente: Infocielo
