En el marco de los 10 años de aprobación de la Ley 13.298 de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez en la provincia de Buenos Aires, el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires rechaza enérgicamente las declaraciones del secretario provincial de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro y del gobernador Daniel Scioli, de reabrir el debate sobre un régimen penal juvenil que implique la introducción en el sistema penal de jóvenes menores de 16 años.
Antes debemos decir nuevamente que existe un vaciamiento de la ley 13.298, y por consiguiente una política del Estado provincial que prioriza el abastecimiento presupuestario de las fuerzas represivas ante que las políticas sociales hacia la niñez y juventud.
En textuales palabras de Navarro: “Bajo el actual régimen, un adolescente de 14 años también puede tener una restricción en su libertad ambulatoria pero sin un juicio, sin un proceso. Eso no puede seguir pasando y no es justo para nadie”, dijo.
La propuesta de Navarro, solapada, es la de propiciar la baja en la edad de punibilidad, un planteo que desvirtúa el necesario debate sobre un régimen penal juvenil democrático que reemplace al vetusto decreto nacional dictatorial 22.278 para los jóvenes de entre 16 y 18 años.
El renovado intento de introducción de menores de 14 años en el sistema penal representa un grave retroceso legal con respecto a los lineamientos emanados de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y se contrapone con el principio de no regresividad. Volver a la edad establecida por la Dictadura no es una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.
Desde esta organización, volvemos a rechazar políticas punitivas hacia un sector sobre el que aún se adeudan políticas de promoción y protección de derechos, como venimos dando cuenta a través de toda clase de denuncias y de informes a lo largo de estos años.
En cuanto al problema de seguridad, entendemos que el incremento del delito y, particularmente, de la violencia de los delitos, debe hacernos pensar si no está dando cuenta de que si bien ha habido – claramente- algunas políticas para revertir el problema, la propuesta del gobierno no es ni tan transformadora ni tan de fondo.
Decimos que existe un engaño en relación al debate que intentan instalar sobre la «peligrosidad» de la población joven más desfavorecida por ser pobre, cuando todos sabemos del fracaso en la política de seguridad de la provincia especialmente vinculado al narcotráfico, a la venta de armas y toda clase de negocios donde la cadena de complicidades involucra al poder ejecutivo, policial, legislativo y judicial.
Desde esta organización, nos preguntamos ¿Cómo se puede entender que la oferta laboral para algunos sectores este vinculada al delito? ¿Cómo se puede entender que ante las denuncias del fracaso de la política penitenciaria se continúa argumentando el aumento de recursos para garantizar más encierro? Hay que tener en cuenta el hacinamiento de cárceles e institutos y el agotamiento de un plan de seguridad de «mano dura» que termina incrementando los encierros sin poner límite al delito.
Hay que decir que la militarización de las ciudades, el endurecimiento de penas y la baja en la edad, no son respuestas adecuadas y eficientes, sino que por el contrario, profundizan el problema.
Hay que volver a decir que la actual política de seguridad salvaguarda los nichos de corrupción policiales, y existe una descentralización de ésta en complicidad con las esferas del poder político y gubernamental.
Respecto a la desmesurada reacción de algunos individuos frente a hechos de inseguridad, queremos advertir con preocupación que son los propios gobiernos en sus distintos niveles los que proponen más gendarmería, más policía, más patrulleros, más cámaras, en resumen más represión y alimentan la violenta y salvaje respuesta, retroalimentada por los medios de comunicación hegemónicos, pilar de la sociedad de control en la actualidad.
Un reciente informe publicado en los medios de comunicación, da cuenta que efectivamente nuestro país continúa entre los primeros puestos de países con menos índices de homicidios de la región, después de Chile y Cuba; y respecto a las personas menores de edad, sólo el 2,9 por ciento del total de los más de 700 homicidios dolosos consumados en el primer semestre de 2013 en la provincia de Buenos Aires fue cometido por menores de 16 años, según informó la Procuración de la Corte bonaerense. Es necesario contrastar estos números con otras causas de muerte, por ejemplo en accidentes de tránsito que en 2013 sólo en provincia de Buenos Aires fueron 2457, y a nivel nacional asciende a 7896. Y en cuanto a violencia de género, durante el 2013 según denuncia la ONG La Casa el Encuentro, 405 chicos quedaron huérfanos, producto de 295 femicidios, siendo el 63% llevado a cabo por parejas o ex parejas de las víctimas. Diecinueve de las víctimas eran menores de edad, 11 estaban embarazadas, y la mayor parte de estos asesinatos se llevaron adelante en la provincia de Buenos Aires. Es decir, estos crímenes no invalidan la necesidad de generar políticas para evitar los hechos vinculados al delito contra la propiedad privada, pero sí nos permiten reflexionar sobre los problemas de fondo que tenemos en la provincia de Buenos Aires para poder organizar prioridades en la proyección y ejecución de los presupuestos. Además de terminar con la estigmatización del joven en situación de pobreza como el responsable de una situación de inseguridad social, cuando hay otras responsabilidades gubernamentales y sociales en juego para que todos/as nos encontremos más seguros.
Respecto al tema que nos compete como organización que trabaja por los derechos de los niños/as y jóvenes, debemos advertir una vez más el fracaso de las políticas y la desatención de las verdaderas políticas preventivas, las de inclusión social. Decimos una vez más que hay que dejar de actuar sobre la emergencia.
Por otro lado, la imposibilidad de acceso al trabajo para los pibes sigue siendo un déficit gravísimo, que no se soluciona ni con planes sociales, ni con cooperativas precarizadas. Hay muchísimos pibes que están marginados de todos los avances y no son parte de una sociedad que interpretan ajena y ese proceso aún no se revirtió.
Una verdadera respuesta a estos problemas debe darse desde el Estado, con un plan que incluya: el acceso a la tierra y vivienda digna para los sectores populares, la inclusión en el mercado laboral – en particular para jóvenes- con trabajo digno estable y no precarizado, garantizar la educación publica de calidad, la reactivación de clubes barriales, la atención primaria de la salud como eje de la política sanitaria con acciones concretas para revertir la desnutrición y muerte infantil, un verdadero plan de desarme y control del tráfico de drogas (no del consumo), entre otros.
A su vez, antes de pretender seguir extendiendo el sistema de encierro para pibes como medida “express” de resolución de la problemática, Scioli, Navarro y su equipo deberían dar cuenta de las condiciones de detención de los pibes privados de su libertad, sobre la política represiva de neutralización que existe hacia los jóvenes privados de libertad, sin acceso a recreación, educación, ni actividad cultural de ningún tipo. Además como ya señalamos de los datos falaces de supuesto crecimiento de delito en manos de menores de edad, sobre los que se embiste punitivamente otra vez sobre los más jóvenes.
En tanto, también debería dar cuenta de la situación de aplicación de la Ley 13.298 a 10 años de su sanción, con la falta de creación de organismos claves a nivel provincial como: Observatorio Social, funcionamiento REAL de la Comisión Interministerial, Defensor del Niño, puesta en marcha y supervisión de Servicios Locales en toda la provincia, promoción de Consejos Locales, puesta en marcha de planes y programas de acceso realmente universal, entre otros.
A esto debemos agregar el retraso sistemático del pago de becas a Hogares y Centros de Día, el recorte del sistema de cajas chicas en Hogares del Estado, el cierre de programas como el PROA, y la reciente embestida hacia el CTAI, entre otros. En efecto, la falta de voluntad política en la aplicación de la Ley de Niñez se manifiesta en la falta de inversión, el ajuste permanente, y la burocratización de las áreas de atención del Estado en esta temática. Como resultado, las problemáticas más frecuentes que padecen nuestros niños y jóvenes – en su mayoría sometidos a situaciones de pobreza y vulnerabilizacion- tienen poca o nula respuesta por parte de los gobiernos, que luego sí aparecen a través del brazo punitivo del Estado.
La denuncia que realizamos la semana anterior frente a los dichos del Intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, y la decisión de Granados de darle impunidad a los policías que desaparecieron a Luciano Arruga, fue una antesala de la decisión de avanzar con la declaración de la emergencia de seguridad en la Provincia, destinando 1.100 millones de pesos en más policías y más armas. Lo que además conlleva la habilitación y legitimación de prácticas represivas hacia los jóvenes de clases populares, ahora legitimadas por la “emergencia”.
Frente a esto, volvemos a decir que hay muchas emergencias vinculadas al desarrollo de los hijos de nuestro pueblo, que requieren tanta o más inversión que la destinada al Ministerio de Seguridad. Nos gustaría ver al gobernador junto a todo su gabinete haciendo conferencia de prensa anunciando políticas frente a la pobreza y desigualdad, a la injusta distribución de la tierra, solo por dar un ejemplo. Hay muchas emergencias vinculadas a la inseguridad social en la que viven los más chicos y jóvenes.
La violencia social y la violencia de la que se acusa a los jóvenes como causantes de todos los males, es también responsabilidad de la desidia gubernamental, principalmente de las esferas donde deben actuar en política de derechos humanos y sociales. El desfinanciamiento en áreas sensibles está vinculado a la programación de agendas electorales y altísimos niveles de corrupción.
Finalmente, como estamos convencidos de que esta es una sociedad con tradición solidaria, apelamos a la revisión de los discursos meramente punitivos y a la generación de iniciativas creativas que tiendan a la proyección de políticas de largo alcance – que se planifiquen más allá de los cuatro años de gobierno- para lograr la resolución real de los problemas mencionados y lograr que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes gocen del pleno ejercicio de sus derechos.
Promoviendo Derechos- Construimos Igualdad
Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires- 10 años
