Por Psic. Enrique Fidalgo (*) Sin pretender extrapolar la experiencia de un país a otro, entiendo que las condiciones de los niños y adolescentes vulnerables son similares en ambos márgenes del Río de La Plata. Tenemos que tomar conciencia de que ningún chiquilín nace delincuente, que es una identidad que se construye y atraviesa a todas las clases sociales, pero los que terminan en las instituciones penales juveniles son los más pobres y marginales.
Los psicólogos en particular y los profesionales en general, tenemos que tomar posición sobre la capacidad psíquica de la culpabilidad y de comprender la criminalidad de una conducta, pero no podemos hacerlo en abstracto y universalmente, sin tener en cuenta el contexto histórico, político y social. En este punto, la relación entre lo psíquico y lo social, con todos los atravesamientos contradictorios y conflictivos que se anudan, nos exige analizar las capacidades de comprensión de los niños y adolescentes en el aquí y ahora. Este es el caso de estos adolescentes de 14 a 16 años, doblemente sujetados a la estructura psíquica y a la estructura social. En el mundo, más allá de la Observación General N° 10 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, hay muchas diferencias en la fijación de estas edades y la cuestión está condicionada por criterios políticos y culturales más que psicológicos y evolutivos. Entiendo que la tendencia internacional, propuesta por Naciones Unidas de 16 a 18, es la más adecuada, justa y racional.
No podemos ignorar que la Justicia Penal es positivista, clasificadora y punitiva, y es bueno recordar los contextos históricos: el primer juicio por maltrato de los padres a un menor de edad fue en 1895 en Estados Unidos y la defensa estuvo a cargo de la Sociedad Protectora de Animales.
Los hijos de los inmigrantes, canillitas, lustrabotas; los mismos personajes centrales de las novelas de Florencio Sánchez, eran objeto de la paranoia xenófoba, discriminatoria y descalificadora del patriciado, aristócrata y oligárquico. Este patriciado descargó todo su odio de clase y desprecio social sobre el conventillo, el prostíbulo y el tango. Toda estas son expresiones de la cultura popular, que resistía con admirable dignidad por los ideales anarquistas, socialistas, comunistas, de organización gremial y política que trajeron los inmigrantes en sus pobres maletas. Resistencia, que se manifestaba en sus identidades, saberes y oficios. Las ciencias sociales de la época tuvieron el triste mandato social de controlar a estos “petit-terroristas” de comienzo de siglo XX y enviarlos a los reformatorios para que el Estado oligárquico los re-eduque y los arranque de los vicios ideológicos de sus familias, de origen italiano y español. Estos eran considerados “mal arriados” y peligrosos para el orden conservador que sólo admiraba y se sometía a Inglaterra y Francia.
Los psicólogos y trabajadores sociales fuimos el brazo académico de las señoras de la beneficencia caritativa y de la iglesia conservadora, que sostuvimos con nuestros sellos y firmas dicha postura hasta las décadas del ’60 y ’70, en las que empiezan los procesos de re-conceptualización de las teorías y de las prácticas en ambas profesiones. Las otras profesiones vinculadas a niñez y adolescencia, fundamentalmente abogacía y medicina, tienen otra lógica y se han adaptado sin demasiados cuestionamientos a cada momento histórico.
También sabemos que los cambios de paradigmas no son mágicos. Esto sería la desmitificación y desnaturalización de las prácticas centenarias y conservadoras del “niño objeto de castigo y discriminación”, las cuales trajeron la implementación de una doctrina de situación irregular, que posibilitó la aplicación a los niños y adolescentes de un dispositivo similar a la insania: la internación preventiva por ser peligrosos para sí mismos o para terceros. Esto nos lleva, como alternativa, a un proceso de construcción en el fragor de contradicciones ideológicas y culturales, al “niño sujeto de derechos”. Nuestro desafío es ser protagonistas de una verdadera revolución cultural, científica y política, en la que el niño sujeto, deje de ser vulnerable, en un marco de Políticas de Estado de Derechos Humanos encuadrados en la Convención de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas que Uruguay ha suscripto.
No alcanza con el cambio de leyes, pues la cultura conservadora y retrógrada se mantiene viva y se naturaliza en las prácticas y costumbres con los niños y adolescentes, entrando en contradicción y conflicto con la legislación garantista. Para concretar los cambios, además de capacitación y compromiso responsable, es imprescindible pasión y mística en el trabajo con adolescentes, respetando la complejidad de sus problemáticas y asumiendo el altísimo nivel de frustración que generalmente producen, con mucha paciencia y tolerancia.
Conocer las verdaderas condiciones de las instituciones de niños y adolescentes, implica dar cuenta de un abanico de problemas múltiples (éticos, políticos, sociológicos, psicológicos, médicos, etc.), que suponen un abordaje interdisciplinario que evite reduccionismos empobrecedores y distorsionadores de la realidad, como el que propone la Comisión para vivir en Paz. El tema penal juvenil es muy complejo y divide aguas; por un lado, a los adolescentes se los estigmatiza y se los considera irrecuperables para la sociedad y por el otro se los trata como sujetos de derechos a la educación, al tratamiento psicológico, médico, asistencia jurídica, capacitación laboral y otros.
En la década del setenta tuvimos, en la Argentina, nuestra propia “primavera revolucionaria”. Durante algunos meses pudimos intentar cambiar el mundo y sus Instituciones, con experiencias alternativas maravillosas. La dictadura cívico militar, arrasó con todos los logros retrasando el reloj de la historia 50 años. Con el terror, volvió el orden conservador y el disciplinamiento autoritario.
La dictadura bajó la edad de imputabilidad a 14 años y la democracia la restituyó a 16. Ahora surgen proyectos legislativos proponiendo bajar nuevamente la imputabilidad a 14 años. Es evidente que la prioridad está en el interés político en un contexto del tema de la seguridad, más que en la preocupación por la psiquis de un niño de 14 años. En este punto las situaciones geopolíticas y los debates en ambas márgenes del Rio de la Plata son muy parecidas.
El tema de la inseguridad es un debate que tiene rasgos esquizoides; o se ve sólo la peligrosidad y se pide la pena de muerte, o se ven sólo las causas y se fomenta la impunidad y esto resulta en una falsa oposición entre ambas posturas. El Estado debe pensar en la víctima, pero no como víctima. El familiar de una persona asesinada va a pedir una cantidad de cosas fundadas en el dolor. El Estado y el funcionario público deben comprender ese dolor, pero no actuar como está pensando la víctima. De hacerlo, se retrocede a la etapa de la venganza. Es fundamental sostener esta disociación operativa para poder intervenir.
Hace unos años mis hijos adolescentes fueron atacados en la calle por un grupo de jóvenes. Obviamente reaccioné como padre, no como psicólogo garantista y si un periodista me hubiera puesto delante de un micrófono en ese momento no sé qué hubiera dicho, pero es muy posible que entrara en contradicción con todo lo que sostengo. Es una contradicción inevitable, la cual hay que sostener y resolver asumiendo los roles diferentes.
Es necesario revisar profundamente el modelo de intervención de los trabajadores (operadores y profesionales) en el área penal juvenil y el modelo de las instituciones. Hay que transformarlas en comunidades terapéuticas que trabajen todas las temáticas que involucran a los adolescentes: violencia, drogadicción, trastornos de conducta, depresiones, entre otras. Es fundamental para proteger a los jóvenes internados cuidar la salud física y psíquica de los mismos y capacitar y contener al personal que interactúa a diario con ellos. Son estos últimos quienes tienen el poder real de las instituciones, mucho más que los directivos y los profesionales. Sin su colaboración y apoyo es imposible plasmar una política de infancia y adolescencia. Esto también implica que estén bien remunerados y acordar con los gremios que los representan, para bajar los niveles de conflictividad.
He leído el material producido por ambas comisiones y es mucho más sólido y coherente el de la comisión “no a la baja”. El de “la comisión para vivir en paz “, con todo respeto, es poco serio y limitado. Pensar que la paz se logra con la baja de la edad de imputabilidad, es difícil de creer y fundamentar. Además es muy demagógico y manipulador el uso de testimonios de víctimas, terribles y dolorosos, para reforzar la posición. Espero y deseo que no se vote por el “sí” a la baja y se puedan resolver los prejuicios y estigmas que condicionan esta votación.
La Plata, 17 de Octubre del 2014.
enriquefid@yahoo.com.ar
(*) Nacido en Montevideo. Curso la carrera de psicología, desde 1967 en la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Universidad de la República –UDELAR-, en el año 1973 y por motivos políticos se exilia en Argentina. Ingresa a la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, -UNLP-y recibe el título de Psicólogo en el año 1977.
Docente en Enseñanza Secundaria en Uruguay año 1971-1973 (Liceo de Las Piedras y Los Cerrillos) y docente en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como Profesor Titular de la Cátedra “Psicología I” ( DDHH, psicología, instituciones y sociedad ) Consejero Docente en la Facultad de Trabajo Social UNLP.
Ultimo representante de la FEUU, antes del golpe de Estado, en Extensión Universitaria de la UDELAR. Participo en trabajos de extensión en la comisión de fomento de la Teja y en la ciudad de Bella Unión en el campamento de UTAA, desde 1969 a 1971. En 1998 en la UNLP Director de un proyecto de capacitación en DDHH interdisciplinario destinado a adolescentes en riesgo judicializados en instituciones asistenciales y penales.
Se ha desempeñado como Psicólogo desde el año 1987 en Institutos de Menores de causa penal y máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires. En el año 1994 fue Director de Institutos de la Provincia de Buenos Aires y Director de Asistencia en Crisis del Área Penal Juvenil.
Miembro Fundador del Foro por los Derechos de la Niñez y Juventud de la Provincia de Buenos Aires en el año 2004 impulsor de las actuales leyes de Protección de Derechos de la infancia y adolescencia de la Provincia de Buenos Aires .
Cofundador del Colegio de Psicólogos DXI, de la ciudad de La Plata e integrante del primer Consejo Directivo en 1988.
Integrante del Consejo Consultivo de uruguayos de la ciudad de la Plata desde el año 2012.
Delegado de ATE – Asociación de Trabajadores del Estado, desde el año 2012.
Desde el año 2007 se desempeña como psicólogo de los testigos en los juicios de Lesa Humanidad como miembro del CODESEDH (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos), que desarrolla en la República Argentina el Programa de Asistencia a Víctimas de la Represión, la Tortura y la Desaparición Forzada, auspiciado por el Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde 2010 es integrante del Observatorio Social Legislativo (OSL) de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, encargado del seguimiento de las leyes de Protección de Derechos de la infancia y adolescencia.
