COMUNICADO. El Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia, y la Juventud de la provincia de Buenos Aires expresa su respeto y solidaridad con la familiares de Luciano Arruga ante la identificación de su cuerpo y exige al Estado la urgente adopción de todas las medidas necesarias para conocer la verdad.
La aparición de su cuerpo enterrado como NN en un cementerio de la Chacarita, luego de ser atropellado por un vehículo en la vía rápida de la General Paz, según se consignó en la causa judicial, abre muchos interrogantes que deben ser resueltos para “saber toda la verdad”.
Adherimos a las palabras de los familiares. La noticia representa un paso importante en la línea para saber qué pasó con Luciano, pero para nada borra los cinco años y ocho meses en los que los diferentes poderes del Estado maltrataron a la familia, ningunearon la investigación e intentaron ocultar el caso.
Esta noticia se conoce ahora porque la familia insistió ante la Justicia con la presentación de un recurso de hábeas corpus para que se respete su derecho a la información, su derecho a conocer qué pasó con Luciano en enero de 2009, en medio del creciente hostigamiento de la Policía Bonaerense.
La decisión, casi seis años después, de cotejar huellas dactilares con personas no identificadas significó una puerta para saber, pero, al mismo tiempo, es la imagen de la indignación. Como dijo Vanesa Orieta, su hermana, “esto se podría haber resuelto antes”. Mucho antes.
Éste es un caso emblema de la violencia institucional, que a 30 años de democracia es inadmisible. Como hemos denunciando en varias oportunidades, hay muchos Lucianos, hay todavía muchos casos de gatillo fácil, muchos en los que las fuerzas de seguridad persiguen a los jóvenes de las barriadas populares sólo por su apariencia, prácticas que se deben extinguir.
Las palabras de Vanesa son elocuentes. La falta de información sobre Luciano representó hasta ayer “el poco valor que se le da a la vida de los pobres”. Persiste una mirada criminalizante y discriminatoria hacia los sectores populares, que muchas veces se traduce en la aplicación de políticas públicas de mano dura que castiga a los más débiles, mientras el verdadero delito se halla en las entrañas del mismo poder.
La identificación abre otra etapa El Estado debe dar cuenta de lo que no hizo y ponerse a la altura de las circunstancias para resolver qué fue lo que realmente le pasó a Luciano. Debe avanzar el jury de enjuiciamiento a los funcionarios que ´durmieron` la causa durante bastante tiempo, y garantizar que un hecho así no se vuelve a repetir. Por los familiares, pero también por la sociedad toda, por la plena vigencia de los Derechos Humanos.
Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires – 10 años
