Tras la información que circuló en los últimos días sobre la relación adolescentes-delito, rechazamos la afirmación sobre el incremento en la región del delito juvenil.
Tomando como fuente fidedigna el registro en los tribunales locales sobre el número de investigaciones iniciadas, y la estadística elaborada por la Procuración de la provincia a partir de los mismos, podemos establecer que en los últimos seis años se visibiliza una tendencia a la reducción de casos que se abordan desde el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil; asimismo ha disminuido la incidencia de la región sobre el total provincial[1].
Cifras del año 2013 que reflotaron periódicos locales ubican al Departamento Judicial de La Plata en el 4to. lugar de conflictividad en el ranking provincial. Aún así, a partir de la misma fuente, si se analizan los casos graves[2], se desprende que la región tiene uno de los índices más bajos a nivel provincial, con el 6,63 % (tomado cada 100.000 hab.)[3].
Cabe aclarar que en la conformación de estos índices se incluyen todos los casos en que se haya imputado o acusado a una persona menor de 18 años, incluyendo los casos en que también participa una persona adulta, y sin discriminar el grado de participación (autor, cómplice, etc.)
De ese mismo relevamiento, y sin discriminación de delito juvenil o adulto, surgen importantísimos índices de casos en los cuales víctima y victimario poseían relación interpersonal. Situaciones en las que debería abordarse estrategias de revinculación/mediación, entre otros, para evitar resultados fatales.
Llamamos a ser cuidadosos en la difusión de informaciones que avalan la estigmatización social de determinado sector y territorio – adolescentes que habitan en barrios periféricos.
Tales manifestaciones se dan de manera sistemática pero cobran mayor relevancia durante procesos electorales, con la idea de instalarse a los fines de aventurar medidas represivas y punitivas. En éste caso, además, sentando las bases para la implementación de la policía comunal de corte represivo.
Pareciera que al poder político le resulta mucho más simple sostener dicha estructura punitiva/represiva que realmente ir a fondo sobre los problemas que dicen ser productores de “delincuencia” o delito juvenil y que están fuertemente vinculados a estructuras de negocios mentadas y ejecutadas por personas mayores de edad (redes de trata, tráfico, desarmaderos, venta de artículos robados, etc).
Se impone la necesidad de que nos interpelemos como sociedad, que nos interpelemos sobre qué es lo que está sucediendo respecto del delito cometido por adolescentes/jóvenes, con el objetivo de poder establecer estrategias de reversión de un proceso que los enfrenta en muchas ocasiones, hasta la muerte.
Asimismo, seguimos exigiendo la plena aplicación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, de manera de poder ofrecerles a los niños y jóvenes la posibilidad de construir su futuro sin caer en las redes del delito.
Como organización seguiremos llamando a reflexionar cada vez que alertemos intentos de avanzada de políticas represivas y punitivas dirigidas directamente a los adolescentes/jóvenes, instalándolos como “peligrosos” y responsables de la situación de “inseguridad social”, máxime cuando hay otras responsabilidades de gobierno y sociales en juego.
[1]Total de Investigación Penal Preparatoria (IPPs) iniciadas en el Departamento Judicial de La Plata (incluye a los distritos de la Plata, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Gral Paz, Lobos, Magdalena, Monte, Pte. Perón, Punta Indio, Roque Perez, Saladillo y San Vicente). El porcentaje entre paréntesis indica su incidencia en el total de IPPs ante el mismo Fuero a nivel provincial: 2009 – Total de IPPs: 2.986 (10,3%)/2010 – Total de IPPs: 3.070 (11,2%)/ 2011 – Total de IPPs: 2.729 (10,4%)/2012 – Total de IPPs: 2.885 (9,8%)/2013 – Total de IPPs: 2.603 (9,0%) Fuente: www.mpba.gov.ar
[2] Contempla los casos de Homicidio, Homicidio tentado y robo con arma
(3] Fuente: www.mpba.gov.ar
