Un niño de 13 años que quería ingresar a la escuela, un directivo que lo impide, un chico que se pone nervioso e insiste con ENTRAR A LA ESCUELA, un directivo que llama a la POLICÍA. Golpes, golpes y más golpes de policías sobre un adolescente en el patio de su escuela.
Qué lejos aparece la escuela como ámbito de integración comunitaria, qué lejos aparece la idea de educación “inclusiva”, qué lejos la Convención, la ley nacional y provincial de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cuando funcionarios públicos que trabajan en ámbitos educativos permiten golpes, torturas y apremios a un niño de 13 años dentro de una escuela.
¿Por qué el directivo llama a la Policía para resolver un problema de convivencia dentro de una escuela secundaria y no a los Servicios Locales o al Zonal de Niñez?
¿Por qué los policías entran en una escuela y le pegan a un niño con total impunidad?
¿Qué pensará el docente cuando intima a los alumnos que miran por la ventana a darse vuelta amenazándolos con “amonestarlos” si no lo hacen?
¿Qué habrán pensado los compañeros que filmaron la situación para poder probar lo que claramente constituye un abuso de autoridad, un desatino y una vejación propia de las épocas más oscuras de nuestra historia en uno de los ámbitos que debieran considerarse más sagrados en un país, que pretende respetar y promover los derechos de los más chicos?
Las imágenes de cuatro policías armados rodeando a un chico de 13 años en el patio de un colegio de San Isidro, generan la mayor indignación y merecen la movilización de la sociedad toda para reclamar el cumplimiento de todas las leyes que protegen a los más chicos, y que exhortan a que los mismos sean ciudadanos plenos de nuestra sociedad, obligando a los adultos -con responsabilidad central en el Estado-, a cuidarlos y permitir que cada uno/a acceda al efectivo goce de sus derechos.
Este hecho tiene responsables directos, docentes, directivos, preceptores de la escuela y policías que actuaron, todos ellos fuera de la ley, pero también tiene responsables políticos, quienes están a cargo de estas áreas en el gobierno provincial:
-al no poner en funcionamiento el Sistema de Promoción y Protección Integral y los dispositivos en materia de Salud Mental adecuados a la particularidad del caso del adolescente agredido;
-al no abordar la resolución pacífica de los conflictos que se suscitan en ámbitos escolares con los recursos institucionales del establecimiento educativo y comunitario circundante, desde una perspectiva de derechos, que evitan la utilización autoritaria y discrecional de prácticas violentas, estigmatizadoras, criminógenas y expulsivas, violatorias -conculcadoras- de los derechos del niño y la dignidad humana.
-al no aportar el presupuesto suficiente y adecuado a las áreas de niñez encargadas de promover derechos en los territorios, y aumentando el otorgado para policías comunales, alimentando el sistema punitivo y represor del Estado por sobre la efectiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pibes.
La respuesta represiva parece ser el patrón privilegiado de comportamiento de las autoridades, no ya respecto de hechos delictivos, sino ahora también para resolver conflictos de convivencia intraescolar.
El Foro por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de Provincia de Buenos Aires rechaza esta actuación de las autoridades educativas y policiales, y exige que los Ministerios pertinentes realicen una investigación del hecho, y tomen medidas que conduzcan a promover una formación de sus agentes que avente cualquier posibilidad de que hechos semejantes vuelvan a repetirse.
Además, desde este Foro pedimos que la Secretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires, autoridad de aplicación de la Ley 13.298, convoque a la Comisión Interministerial dispuesta en el artículo 23 de la ley provincial, que tiene como misión la coordinación de las políticas y optimización de los recursos del Estado provincial para asegurar el goce pleno de los derechos del niño. Comisión que debiera ser integrada por los funcionarios públicos responsables de los Ministerios involucrados en esta grave vulneración, tales como el Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Cultura y Educación, Ministerio de Salud.
Este hecho no sólo nos indigna, sino que nos llama a debatir sobre el rol de la Escuela, sobre la situación y objetivos de dicha institución. Los nuevos paradigmas educativos hablan de la importancia de trabajar sobre la conducta de los niños desde nuevas dinámicas, más integrales, respetuosas de los intereses y capacidades de los niños, terminando con la segregación, la sanción y el terror. Para construir nuevas sociedades, sin duda necesitamos menos violencia, más reflexión y más integración.
Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires.
