Compartimos la exposición de María José Cano en representación del Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Provincia de Buenos Aires, en el 1er Encuentro Interdisciplinario sobre Cuestión Social y Políticas Públicas.
«A diez (10) años de constituirnos como Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en nuestra provincia, ratificamos nuestro compromiso con la niñez y seguimos luchando por la defensa y protección de sus derechos.
«Fue en el año 2004, precisamente en el mes de agosto, que como trabajadores/as organizados fuimos capaces de promover y participar junto a otras organizaciones sociales, políticas, gremiales, académicas, colegios profesionales, la construcción de una herramienta política, el Foro por los Derechos de la Niñez.
«Bajo la consigna “Por otra relación del Estado con la Niñez, Adolescencia y Juventud”, nos propusimos tres (3) objetivos: derogar el patronato, construir una nueva legislación acorde a la Convención de los Derechos del Niño/a y tras la premisa de avanzar en igualdad, promover una asignación universal para todas las personas menores de 18 (dieciocho) años, reclamada en ese entonces por nuestra CTA.
«Nuestra organización, tuvo y tiene como estrategia conformarse como un foro, caracterizado por ser un espacio plural, amplio, participativo y democrático, compuesto por organizaciones – con desarrollo territorial o no – y por personas de todos aquellos sectores interesados en la temática, que pueden entrar y/o salir cuando lo deseen. Clave que ha permitido garantizar y sostener durante una década nuestra organización.
«Pudimos ganarle a la desesperanza, sorteando distintos obstáculos y grandes tensiones al lograr nuestros objetivos fundacionales, lucha que no fue fácil y que tuvo avances y retrocesos. Hoy podemos decir que no fue en vano y que no hay vuelta atrás.
«Sabemos que aún falta, el derogado patronato “sigue vivo”. No es sólo una norma sino un sistema cultural, que aún convive en nuestra sociedad en la manera de pensar a los niños/as, adolescentes y jóvenes, y en las prácticas y acciones dirigidas hacia ellos/as.
«En nuestro desarrollo como organización nos propusimos generar iniciativas sobre la base de tres grandes ejes: estudio, formación y comunicación, para intervenir y promover el cambio que nos propusimos: en lo cultural, en las prácticas, y en la adecuación y/o creación de instrumentos y herramientas en los ámbitos, legislativo, judicial y ejecutivo.
«Se organizaron encuentros nacionales, provinciales y metropolitanos promoviendo debates y formación; al igual que seminarios, cursos de grado, posgrado, de formación profesional y virtuales, extensión universitaria, charlas, encuentros y conferencias en todo el territorio bonaerense.
«Se promovieron campañas de “Cultura y Derechos por los pibes” por los barrios, para que la ley y el cambio de paradigma en niñez sea conocido por todos/as. Se trabajó en el derecho a la identidad e identificación, a través de una campaña que genero un convenio con el Registro Provincial de las Personas, para terminar con la judicialización del trámite por inscripción tardía y garantizar el DNI gratuito.
«Intervenimos también en situaciones de desalojo, de vulneración del derecho a la salud, educación, justicia. Creamos el periódico “Primer Tiempo”, constituyéndose como nuestra estrategia de comunicación y difusión. Participamos activamente en la creación y fortalecimiento de Foros Locales de Niñez como así también de los Consejo Locales de Promoción y Protección de Derechos en los distritos. Se logró frenar junto a otras organizaciones, fuertes avanzadas contra la baja de la edad de punibilidad, entre otras tantas actividades.
«Todas nuestras acciones parten de considerar, tal cual lo establece la Convención de los Derechos del Niño/a y nuestro marco legal conquistado, que la niñez es una categoría que contiene a todos/as las personas desde su concepción hasta alcanzar los 18 (dieciocho) años de edad, incluyendo a las/los adolescentes. Como una construcción socio histórica, de acuerdo a las representaciones y significaciones dominantes de cada momento socio histórico, político y económico. Sin omitir en esta construcción, las inscripciones de clase, etnia y género.
«Tales consideraciones implican un cambio en el paradigma de la niñez y de como entenderla, en las prácticas y acciones hacia ella, siendo la perspectiva de derechos la que establece el encuadre y le da sentido. Las intervenciones y/o abordajes ya no son pensados desde la lógica de las necesidades, sino en clave de derechos. Cuestión que inicia un proceso de ruptura con la judicialización y criminalización de la pobreza.
«El patronato ha condicionado fuertemente la categoría de niñez, caracterizándola con una significativa estigmatización, victimización, peligrosidad y representación social negativa; la cual continua reproduciendo una niñez y adolescencia dividida (“menores”: objeto de tutela y niños/as: sujetos de derechos) Ese pasaje de ser considerados objetos de protección/tutela a sujetos de derechos, que limita e inhibe la acción arbitraria del Estado sobre sus vidas y las de sus familias – que respondía a la doctrina de la situación irregular y ley de patronato –, no se ha logrado materializar, por no legitimarse políticas y prácticas vinculadas a la doctrina de la protección integral de derechos de niños/as y sus familias.
«Es claro que la Convención de los Derechos del Niño/a abre caminos, colocando al Estado como garante y a la sociedad como corresponsable, en el diseño y ejecución de políticas públicas, desde el enfoque o perspectiva de derechos, pensando su concreción y la inclusión de niños/as, adolescentes y jóvenes bajo los principios de: no discriminación, interés superior del niño/a, autonomía progresiva y participación.
«Asumimos que los derechos son universales, instrínsecos, inherentes, interdependientes e inalienables, para todos los niños/as, adolescentes y jóvenes, como también que a partir de su reconocimiento, sean exigibles.
«Hay que reconocer que la perspectiva de derechos todavía no está incorporada a las dimensiones políticas y culturales de nuestra sociedad, ya que justamente se trata de cambiar una concepción que por muchos años impregnó el quehacer político, las prácticas y los discursos de las personas, trabajadores/as, dispositivos e instituciones que venían trabajando con la niñez y adolescencia.
«Podría decirse hoy que el marco normativo, va por delante de las prácticas y discursos dominantes en la sociedad.
«Observamos entonces, que el cambio necesario para garantizar el ejercicio de los derechos de niños/as no tiene su expresión concreta en las acciones del Estado, que desde sus distintos niveles dice implementar. Ni menos aún en el financiamiento.
«Vemos como se destina mayor presupuesto a seguridad por sobre los fondos para el efectivo funcionamiento del sistema de promoción y protección integral de derechos.
«A diez (10) años de la sanción de la ley y casi siete (7) de su puesta en vigencia, la política de niñez desarrollada, no ha priorizado materializar un abordaje integral de todos los derechos de los niños/as, como así tampoco ha promovido acciones en función de su desarrollo.
«En el ámbito provincial, la Autoridad de Aplicación, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, es quien debe garantizar que el sistema de promoción y protección funcione. La configuración que ha tomado la política de niñez, compuesta por una serie de programas sectoriales —educación, salud, alimentación, etc.—, construida de manera fragmentada y precaria, debe ser superada con la convocatoria y funcionamiento continuo de la Comisión Interministerial. No es un tema menor, que no se haya avanzado en la figura del Defensor del Niño y menos aún en la convocatoria al Observatorio de Niñez.
«Consideramos al espacio local, como nivel óptimo para potenciar el desarrollo del enfoque de derechos conjuntamente con las organizaciones sociales. A partir de adherir por convenio cada Municipio a la Ley 13298, se compromete – entre otras cosas – a crear los Servicios Locales y conformar los Consejos Locales de Promoción y Protección
«En nuestra provincia aún hay municipios que no han adherido a la ley, lo que provoca que los derechos de los niños/as sean protegidos o no según el límite distrital, quedando librado a la discrecionalidad del intendente de turno. Y, en el caso de los que sí lo hicieron, continua reproduciéndose la lógica de la transferencia hacia otras área vinculadas a la niñez de los fondos intangibles, lo cual genera por ejemplo, la puesta en funcionamiento al menos de un Servicio Local y no de los necesarios en función de la población con derechos vulnerados.
«Los Servicios Locales en la mayoría de los casos, se caracterizan por estar conformados por trabajadores/as en condiciones de contratación precaria y por no contar con recursos. Con lo cual, acceden generalmente profesionales jóvenes y/o con poca experiencia laboral y no por concurso como lo establece la ley, donde para la mayoría representa su primera experiencia laboral. En esas unidades técnico-operativas y bajo esa configuración, aparece un déficit o área de vacancia también, que es la no existencia de un discurso transversal desde la perspectiva de derechos, que oriente su quehacer y prácticas.
«Otra situación obstaculizadora, es que todavía no se ha logrado reconocer e internalizar en su totalidad, al paradigma de la protección integral en las profesiones de los servicios que abordan la niñez, donde coinciden o chocan con un escenario en el que las prácticas y los patrones culturales se encuentran aún muy retrasados.
«Así, la tendencia es que solo hay posibilidades de garantizar la atención de la urgencia, no pudiendo abordar la promoción ni protección de derechos, ni tratar de articular la construcción de un sistema local. Sucede que en caso de poder avanzar en la gestión intersectorial o en la articulación territorial de redes locales para el desarrollo de un sistema, queda sometida a la voluntad de los/as trabajadores/as.
«Similar situación, respecto de la conformación de los Consejos Locales se da en la provincia, entendiendo el lugar por excelencia para la co-gestión de la política de niñez a nivel local, con la participación conjunta del ejecutivo municipal y las organizaciones de la sociedad vinculadas a la temática. El papel de éstas últimas y la conformación de los Consejos Locales, son aún resistidos por los gobiernos locales. En nuestra provincia, de los 135 (ciento treinta y cinco) distritos no han alcanzado a ser 50 (cincuenta) los Consejos Locales conformados, de los cuáles su mayoría se lograron por la presión y movilización de las organizaciones.
«Conocemos también, que generalmente no hay articulación entre los Servicios Locales y Consejos Locales, que siguen líneas de trabajo independientes. Los gobiernos locales se han encargado de participar en carácter personal sin vinculación en las decisiones que consolidan las respuestas públicas, no hay decisión vinculante; han jugado para reducir la participación de las organizaciones, y han operado al desgaste de dicho espacio. Las propuestas que surgen de los Consejos no inciden en los programas que deben desarrollar los Servicios Locales.
«No basta con atender los derechos vulnerados. Lo que se necesita es que las propias instituciones, dispositivos, sus funcionarios, profesionales, técnicos y trabajadores/as incorporen el enfoque de derechos, no como una declaración de intenciones que luego se diluye en la retórica del discurso, sino como el fundamento de toda intervención que se proponga contribuir a generar cambios en la calidad de vida de niños/as.
«A 10 (diez) años de haber conquistado la herramienta legal y su decreto reglamentario, denunciamos la no implementación expresada en términos de transición por los funcionarios de turno y la reproducción de prácticas vulneradoras y segregadoras.
«Aún no se han legitimado los organismos creados por ley, y en vez de exigir que cuenten con mayor presupuesto, mas trabajadores/as con mejores condiciones, programas y recursos para poder garantizar un abordaje respetuoso de los derechos de los pibes, comenzamos a escuchar planteos inhabilitadores y de descalificación, que intencionalmente producen una mirada negativa del organismo y de la herramienta legal.
«La ley vino para quedarse.
«Seguiremos apostando organizadamente, a la construcción de voluntad política del Estado-gobierno en sus distintos niveles, promoviendo mayor participación de las organizaciones sociales, la sociedad civil y de los niños, niñas y adolescentes.
«Continuamos nuestra lucha, generando debates y procesos de construcción colectiva y participativa, con el objetivo de romper con la modalidad que ha adoptado la precaria política pública de niñez, con la firme convicción de seguir interpelando a los poderes del Estado.
«Porque estamos convencidos que promoviendo derechos construimos igualdad.»
