Políticas punitivas y ¿vuelta a la Ley de Patronato?

La compleja situación del abordaje de la situación de la Niñez en la provincia de Buenos Aires se ha agravado durante el 2015 ante la falta de decisión política de profundizar sobre la plena aplicación de la Ley 13298 de Promoción y Protección de Derechos del Niño y 13634 del Fuero del Responsabilidad Penal Juvenil. Claro ejemplo de ello es el cierre de la Casa de Abrigo especializada del Paraje San Francisco, la tendencia de convertir el Centro de Referencia en un órgano de control de firmas o la transformación del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos en un ámbito administrativo.

A estas situaciones no escapan los Centros Cerrado y de Recepción para Jóvenes con conflicto con la ley penal, donde atravesamos este año con permanente sobrecupo de alojamiento. Con una capacidad operativa para 22 jóvenes, hoy la realidad de los centros es de 36 alojados. El poder judicial resuelve y el poder ejecutivo, debe aplicar. Con esta definición política pareciera ser que todo avala que por un lado la tarea de la justicia termina con el oficio y la del poder ejecutivo (Secretaria de Niñez) en alojarlos pero con la imposibilidad de garantizar los derechos de los pibes. Tampoco vemos reaccionar a los Defensores Oficiales de estos pibes. Particularmente entendemos que de acuerdo a lo que marca la Ley, existe una corresponsabilidad en el poder judicial, de la cual no se puede desentender y esto, al menos, debe traducirse en la preocupación de verificar  como viven estos jóvenes en su contexto de encierro.

Estas definiciones políticas de las que hablamos, en lo cotidiano, terminan haciendo que ante la coyuntura que se vive, la complejidad de la tarea y la falta de recursos, puede convertirse o tienda a hacerlo, en lo que peligrosamente puede transformarse en la aplicación de las viejas prácticas de la ley de patronato; donde la vinculación y el tratamiento de los jóvenes como sujetos de derecho queden en segundo plano.

Para ampliar esto un poco más, solo 22 pibes tienen habitaciones individuales donde poder ser alojados, el resto lo hace en sectores que durante el día son comunes para todos y cumplen otras funciones pero que no están preparados a tal fin, al margen de que deben pernoctar de a grupos con la posibilidad de que se produzcan avasallamientos de sus derechos y garantías fruto de las relaciones interpersonales que se puedan ocasionar.

Vemos con mucha preocupación no solo esta situación, sino la indiferencia de quienes pueden incidir en cambiar esta realidad. Quienes cometieron un delito y su edad está entre los 16 y 18, está el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil para intervenir y determinar su “encierro”; pero esto de ningún modo significa no dar cumplimiento a las leyes provinciales que legislan al respecto (con rango constitucional) ni dejar de lado las convenciones internacionales.

Hacemos responsables a la Secretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires pero también al Poder Judicial ante la falta de intervención sobre la realidad de la vulneración de Derechos de los jóvenes alojados en los Centros Cerrado y de Recepción. Los trabajadores no podemos garantizar un correcto abordaje y desarrollo del proyecto institucional y no vamos a ser cómplices de la continua y explicita decisión política de desentenderse de la Niñez aplicando políticas punitivas y de prácticas que cada vez nos alejan más de los Pibes.