Se trata de un plan, llamado “Cada vida cuenta”, que anunció la ministra de Salud Zulma Ortiz, el cual consiste en un nuevo sistema de vigilancia que obliga a los hospitales públicos y privados de la provincia de Buenos Aires en los que ocurra una muerte materna a notificar el hecho dentro de las 72 horas posteriores al fallecimiento de la mujer. Una vez notificado el hecho, un equipo técnico de la cartera sanitaria concurre al hospital y realiza un análisis del caso para saber las causas y elaborar un plan de acción para evitar futuras muertes.
Rosario Hasperué, representante del Foro por los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Adolescencia, secretaria de Prensa de la CTA Buenos Aires y una de las autoras del libro “Relatos Paridos”, reconoció como positivo que se diera el primer paso sobre la problemática, que es reconocerlo, y que ahora “se debe aplicar la ley de Parto Respetado, y convertir las maternidades públicas en maternidades Seguras y Centradas en la Familia, y que todas las maternidades cuenten con las condiciones necesarias para atender los partos. Con esto se podrían estar evitando las muertes maternas evitables”.
La evolución de la mortalidad materna en la provincia de Buenos Aires muestra un ascenso alarmante en los últimos años. En 2013, murieron 86 mujeres; en 2014, 100 y en 2015, la cifra llegó a 123 muertes maternas, según los datos oficiales. En 2014 ocurrieron 314 muertes maternas en el país: casi un tercio de estas muertes correspondieron a mujeres que residían en territorio bonaerense.
Para Hasperué no alcanza con reconocer el problema y pensar en un proyecto que propone usar las muertes de madres como parámetro para que no vuelva a suceder: “nosotros somos críticos y nos parece necesario que se implemente la ley 25.929 de Parto Respetado y que se adecuen todas las maternidades a los estándares necesarios para la buena atención de los partos. Hay que cambiar la manera de entender al parto, hay que dejar de sobre intervenir y de patologizar todos los partos y nacimientos. Para esto deben convocar a todas las organizaciones que tenemos saberes y a las mujeres que sabemos sobre el tema. De esta forma sí, si hay decisión política, se pueden evitar las muertes innecesarias, y no llegar a contar después cuantas mujeres y bebes se murieron”.
El Instituto de Estudios de Estado y Participación (IDEP) elaboró el informe mas completo que puede dar cuenta de la gravedad de esta problemática, “Mortalidad materna, Abortos y Cesáreas: tres interpelaciones demoradas”, en el cual se indica que el principal caso de muerte materna es la cesárea, seguido por el aborto. Es por esto que “desde la CTA Autónoma exigimos a las autoridades que tienen competencia en el sector de la salud hagan cumplir las leyes ya aprobadas. Para garantizar el normal desarrollo de los partos, en donde la intervención médica debe ser la menor posible y, en todo caso, en favor de velar por la integridad de los verdaderos protagonistas del parto que son la madre y su bebé”, concluyó Hasperué.
FUENTE: CTA Autonoma
