En el marco del profundo desfinanciamiento y desarticulación que atraviesan los programas de promoción y protección de derechos de la provincia de Buenos Aires nucleados en La Plata, crece la preocupación de los trabajadores de niñez y organizaciones sociales ante la incorporación de personal del Servicio Penitenciario provincial a los centros cerrados con funciones de vigilancia interna, es decir dentro de las instituciones y en contacto con los jóvenes.
Esta situación comenzó como un rumor a finales de noviembre de 2017, pero se concretó a principios de diciembre, sirviendo como ejemplos los institutos cerrados Aráoz Alfaro donde se incorporaron cinco agentes del servicio y la Alcaldía de Abasto donde cumplen funciones otros cinco. Hasta el año pasado el Servicio Penitenciario sólo hacía guardias exteriores en dichas instituciones, la complejidad es que a partir de diciembre comenzaron a desempeñarse como la antigua figura de “celador” o “asistente de minoridad” dentro de los predios.
En este sentido, el Defensor Penal Juvenil, Ricardo Berenguer con el acompañamiento -como amicus curiae- del Comité contra la Tortura, presentó un habeas corpus preventivo ante la justicia que fue denegado en primera instancia por el juez Fabián Cacivio y luego su apelación. Berenguer se ampara en las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de su Libertad, las cuales señalan que “la administración deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al personal, (…) que deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente su función, en particular la capacitación en psicología infantil, protección de la infancia, criterios y normas internacionales de derechos humanos y de derechos del niño” (Art. 82 y 85). Bajo estos criterios le solicita al poder judicial el pedido de un informe sobre el marco «legal» en el que se realiza esta incorporación. Cabe destacar que no existe ningún documento emitido desde el Organismos Provincial de Niñez, que formalice la inclusión de estos trabajadores del Servicio penitenciario al Sistema de Niñez, por lo que tampoco se sabe si han recibido capacitación, si pueden ingresar al establecimiento armados y cuál es concretamente su función allí adentro.
La respuesta de la Cámara ante la apelación del defensor es que el poder judicial no puede entrometerse en cuestiones administrativas. Sin embargo, este posicionamiento desconoce los hechos sucedidos anteriormente en los institutos cerrados en los que tuvo que interceder la justicia. El caso más emblemático es el del Centro Cerrado Virrey del Pino, que de administración mixta entre el Organismo de Niñez y el Servicio Penitenciario, carga con antecedentes de jóvenes lesionados y fallecidos y ha sufrido un progresivo dominio del segundo sobre el primero, al punto de impedir visitas oficiales al centro. Otro de los casos, fue el homicidio de Carlos Ibarra en el predio de Abasto durante el ingreso de las fuerzas de seguridad.
Esta situación tiene su correlato con el vaciamiento y la posterior desarticulación de los programas provinciales[1] de niñez del Organismo Provincial – cuya mayoría se encuentran en la ciudad de La Plata- y la precarización de los trabajadores de los nuevos programas de la actual gestión: Autonomía Joven y Crianza sin violencias, que son monotributistas y renuevan el contrato cada tres meses. Además subyace como contexto el crecimiento exponencial de la violencia institucional y el intento del gobierno nacional de estigmatizar y punir a los jóvenes bajando la edad de imputabilidad.
[1] Leer nota “Centro Terapéutico Diurno: otro programas de niñez que se cierra”.
