Un intento por frenar el gatillo fácil

Además de expresar el “estupor y preocupación” por el accionar de las fuerzas de seguridad contra los chicos que, por ser menores de 16 años, están especialmente protegidos por la legislación nacional e internacional, la denuncia que llegó a las Naciones Unidas pide “la intervención de ese organismo en el ámbito que le compete”.

El planteo al máximo organismo de la política internacional fue hecho público ayer en el anexo de la Cámara de Diputados, durante una reunión de la que participaron Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y varios representantes de organizaciones sindicales, políticas y sociales que trabajan por los derechos de los niños.

“Hay una estrategia de encubrimiento de ejecuciones sumarias, como en el caso de Facundo Ferreira y de otros tantos adolescentes y jóvenes de pueblos originarios”, indicó el texto leído por Marcela Val, referente de la organización Che Pibe, de Villa Fiorito.

Varios chicos de otras organizaciones estuvieron presentes en la audiencia. Durante la semana habían preparado carteles con testimonios de lo que viven a diario, pero los empleados de seguridad del Anexo no le permitieron ingresarlos. No obstante, en sus mochilas tenían fibrones. Consiguieron hojas por allí y volvieron a escribir sus reflexiones, como para dejar en claro que nada les impediría expresar sus mensajes.

Algunos datos mencionados en la denuncia que enciende las alarmas son los siguientes:

* En el segundo semestre de 2016, el 24 por ciento de los casos de violencia estatal registrados hasta entonces “se corresponden con casos de gatillo fácil.

* En 2017, al menos 69 personas fueron muertas por policías fuera de servicio.

* En 2017, el gobierno porteño dispuso 27 mil policías para un territorio de 3 millones de habitantes, es decir un policía cada 107 personas sin contar a gendarmes y prefectos. Esto “triplica la recomendación de las Naciones Unidas. “En su primer año, la Policía de la Ciudad mató a 24 personas en casos de gatillo fácil: dos por mes.”

* En 721 días del Gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos como consecuencia del uso de las fuerzas represivas del Estado.

* “Se ha visto una creciente criminalización de la protesta social que tiene por protagonista al movimiento estudiantil, ingreso de policías en las escuelas públicas.”

El hecho que fue tomado como icono fue el de Facundo Ferreira, que de esta manera se convierte en un caso de violencia institucional que trasciende las fronteras. “Esto es importante porque las instancias internacionales son herramientas que pueden llamar la atención de los Estados parte sobre cómo deben cumplir” la legislación internacional, destacó a Página/12 Mariana Paterlini, directora institucional de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes), que patrocina a la familia del niño.

La integrante de Andhes dijo desconocer cuál sería la reacción del Gobierno nacional frente a esta denuncia y reconoció que la expectativa está puesta en “la necesidad de que los policías declaren” en la causa. Es que a pesar de que en la causa “hay elementos suficientes” para procesar a Nicolás Gonzáles Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, los dos policías que protagonizaron el operativo en que el niño fue asesinado, la fiscal Adriana Giannoni aún no los citó a declarar.

“Fue una ejecución extrajudicial –sostuvo Paterlini- porque no se respetó ninguno de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza sobre niños. Fueron 150 metros de balacera desmedida, arbitraria e ilegal porque los policías ni siquiera identificaron cuál de las cuatro motos que perseguían (en una de ellas iba Facundo con un amigo) supuestamente se les habría disparado.”

Al poner de relieve «la grave situación» que atraviesa la infancia, especialmente la «perteneciente a las clases populares», lo que pide el centenar de organizaciones firmantes de la denuncia a la ONU es «publicitar, recomendar, investigar y conminar al Estado Argentino al cumplimiento cabal de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás Pactos de Derechos Humanos». También se solicitó enviar representantes de ese organismo a la Argentina para hacer un informe de situación.

En el documento que alerta sobre el fomento de la doctrina Chocobar, las organizaciones requirieron que «se le recomiende al Estado argentino a que investigue y sancione a los responsables de los casos denunciados», que también «sea declarada la emergencia en materia de políticas de niñez» y que se «instruya a las fuerzas de seguridad en el uso racional y responsable de la fuerza».

También fue denunciada la propuesta del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y se subrayó que el trasfondo del endurecimiento esa «avanzada punitiva» tiene su correlato en «un ataque a los derechos económicos, sociales y culturales» que afecta especialmente a los niños. En este marco, se denunció el «desmantelamiento del sistema de protección integral de los derechos» de la infancia, los «ataques a la educación pública» a través de recortes de programas y becas estudio. A esto le sumaron el cierre de escuelas, la caída de políticas de inclusión digital y los recortes de asignaciones presupuestaria para las organizaciones sociales.

El gobierno de Cambiemos es señalado como el responsable principal de “la avanzada punitiva” contra los niños y, por ende, “del debilitamiento progresivo de las políticas de prevención”. Pero no es el único depositario de los cuestionamientos. La crítica llega “a todos los organismos del Estado”, particularmente al Poder Judicial, y también hace blanco sobre los medios hegemónicos de comunicación que “acompañan (esas políticas) con la naturalización y justificación” del mensaje que criminaliza a la infancia.

Luego de la presentación, Nora Cortiñas destacó la confluencia de las organizaciones para elaborar ese informe. “Basta de que nos separe una bandería política que nos impide estar juntos… Eso sí, juntos pero no revueltos”, aclaró. Por su parte, Pérez Esquivel se preguntó “cómo despertamos en las fuerzas de seguridad la conciencia de que no caguen a palos a los niños, ni los metan presos ni maltraten”. Ambos coincidieron en algo: sea cual fuere la respuesta del Gobierno a esta denuncia, “a este documento tenemos que ponerlo en práctica desde la base de la sociedad”.

Pérez Esquivel y Cortiñas se manifestaron por los derechos de la infancia

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y organizaciones vinculadas a los derechos humanos de la niñez convocaron a una conferencia de prensa para denunciar la situación por la que atraviesa la infancia en nuestro país.

«Los derechos humanos son integrales. Derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Eduardo Galeano siempre decía que si no fortalecemos las instituciones democráticas, el derecho y la igualdad para todos y todas más que democracia, esto se asemeja a democraduras. Siempre ha sido un juego de palabras muy interesante», expuso Pérez Esquivel.

El Premio Nobel en 1980 señaló además que «la única forma de superar este momento es con la unión del pueblo, no en la diversidad. No es necesario que todos pensemos igual». Y amplió: «No hace falta un monocultivo de las mentes, sino que hay que trabajar la unidad en la diversidad. Esa es la gran riqueza de los pueblos».

Por su parte, Nora Cortiñas sostuvo que «hay una angustia diaria de miles de personas que se levantan y van a su trabajo sin saber si van a poder entrar. Le hemos escrito una carta al director del hospital Posadas porque no es casual que en la lista de los despedidos haya hijas e hijos de detenidos desaparecidos». Y pidió «rescatar a una niñez que esta desvalida».

«Yo he presenciado unas audiencias en Morón donde le han sacado un niño a su madre. Primero hay que exigir que los niños sean escuchados. Hay que exigirles a las Naciones Unidas que se respeten todos los tratados, que todo lo que se escribe que no sea letra muerta», concluyó.

Fuente: Adrián Figueroa Díaz; www.pagina12.com.ar; www.diariopopular.com.ar