“SEGURIDAD ES AQUELLA QUE GARANTIZA LA EXISTENCIA REAL, VERDADERA Y DISFRUTABLE DE LOS DERECHOS HUMANOS (BARATTA, 1998)”
El 2018 cerró con preocupantes indicadores sobre la pobreza en niñez y adolescencia en nuestro país. El 48% de lxs niñxs y adolescentes se encuentran bajo la línea de la pobreza, es decir, unx de cada dos son pobres. De ese 48%, 20 puntos corresponden a privaciones “severas”, como vivir en una zona inundable y cerca de un basural, o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años o lo que revela el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que el porcentaje de niñxs y adolescentes en hogares en los que se experimentó hambre pasó de 9.6% a 13% en los últimos 12 meses.
Las privaciones y la pobreza en la niñez no es parte de la agenda mediática ni preocupación de cara a la campaña pre electoral. Muy por el contrario, e inmediato a la asunción de Bolsonaro en Brasil, el gobierno nacional, con “fuerte convicción”, anunció que enviará al Congreso un proyecto de régimen penal juvenil que contempla bajar la edad de punibilidad; para que sea discutido en febrero en sesiones extraordinarias, y así distraer la atención, de la situación económica y la profundización de la pobreza.
Se inició la campaña electoral y si miramos un poco para atrás, se vienen presentando intentos de bajar la edad de punibilidad desde hace más de 20 años y de manera cíclica, cada año, año y medio, quedando asociada la decisión a campañas pre electorales o a un hecho o delito grave donde se involucra a pibes menores de 16 años generando gran conmoción en la sociedad.
Entre las últimas decisiones del gobierno nacional y en declaraciones públicas de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich particularmente, anunciaron que agilizarán la expulsión de personas extranjeras que delinquen o que ingresaron de forma ilegal al país, la compra de pistolas Taser y una vez más buscan avanzar en la baja de edad de punibilidad. Este nuevo proyecto establecería la edad en 15 años para delitos graves y para quienes se encuentran por debajo de esa edad, en el marco de lo que denominaron “imputabilidad administrativa”, se crearía un régimen socioeducativo terapéutico. Definiciones de gobierno que siguen apuntando a grupos rehenes – migrantes, pibxs pobres y trabajadorxs – del cada vez más crudo sistema represivo y punitivo, con un claro sesgo de estigmatización, criminalización y penalización.
¿Cómo se explica la decisión de bajar la edad de punibilidad cuando los adultos son los que cometen el 96,5% de los delitos en nuestro país? Es falso Ministra Bullrich que es alta la incidencia de delitos violentos entre los más jóvenes; es falso que hay que bajar la edad de la punibilidad porque las bandas criminales utilizan a niñxs para cometer delitos: si una organización criminal o las propias fuerzas de seguridad utilizan – u obligan – a un niñx a cometer un delito, el delito es de la persona adulta, el niñx es víctima y como tal debe ser abordado.
También es falso Ministra, que hoy a lxs niñxs y adolescentes no les pasa nada si cometen un delito, no sólo “les pasa” si cometen un delito, también tienen consecuencias penales cuando no lo cometen; porque es mentira que el sistema penal no hace nada con lxs chicxs de menos de 16 años acusadxs de un delito, porque tal como ocurre con adolescentes de entre 16 y 18, también a ellxs se les inicia una causa penal aún por delitos leves y se lxs puede encarcelar por tiempo indeterminado más allá de si se probó o no su culpabilidad o de si se los “declara no punibles” por la edad.
Estamos frente ante una nueva avanzada por parte del gobierno, que desoye a la gran cantidad de organizaciones, especialistas, funcionarios y académicos que, convocadas en el mes de febrero 2017 por el ministro Garavano, coincidieron respecto a la necesidad de impulsar una ley integral, pero no sobre la baja de edad. El grueso de quienes expusimos, 36 sobre 40, con Unicef incluida, rechazamos esa posibilidad.
Desoye también, las recomendaciones internacionales del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño sobre los informes períodos quinto y sexto combinados presentado por la Argentina en mayo de 2018, que claramente expresa en el párrafo 44: “Adoptar una ley general sobre la justicia de menores en consonancia con la Convención y las normas internacionales sobre justicia de menores, en particular en relación con la garantía de que la detención sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible, y que no incluye disposiciones que incrementen la sentencia o reduzca la edad de responsabilidad penal.”
En la misma sintonía, hace apenas dos meses se llevó adelante el 3er. encuentro Nacional por la Niñez en la ciudad de Viedma, donde más un millar de personas, adultxs y niñxs nos reunimos para exigir con ideas y propuestas otra relación del Estado con la niñez, ratificando en particular la necesidad de un Sistema Nacional Penal y Juvenil sin bajar la edad de punibilidad.
Esto significa una nueva avanzada en el marco de la brutal y sistemática embestida política y mediática sobre niñxs, adolescentes y/o jóvenes creando condiciones para punir la pobreza, porque sabemos que la falta de oportunidades repercute de manera negativa en sus vidas, como también el hambre, la explotación sexual y laboral, el hostigamiento al que las fuerzas de seguridad someten a niñxs y jóvenes, la violencia machista y el manejo de los territorios por bandas de comercio de drogas que actúan en connivencia con el poder político y policial.
Por todo ello, volvemos a decir NO A LA BAJA, por tratarse de una política regresiva, demagógica, ineficaz e injusta; exigimos la real implementación del sistema de promoción y protección de derechos de la niñez, adolescencia y juventud.
Enero 2019.-
Foro por la Niñez
