Se llevó a cabo ayer por la tarde, en la Cámara de Diputados, la Tercera Jornada del Debate en Comisiones en la Cámara de Diputados por la Reforma del Sistema Penal Juvenil, con la presencia representantes de organismos de derechos humanos, entre los que se encontraba el Foro por los Derechos de la Niñez, funcionarios y jueces.
Respecto a las exposiciones que se dieron durante la jornada, Vanesa Salgado, trabajadora del Instituto Ginno Germani, integrante del OAJ y miembro del Foro por los Derechos de la Niñez, con quien participa de la mesa de articulación con más de 60 organizaciones sociales, académicas, religiosas, sindicales y de DDHH vinculadas a las problemáticas de la niñez y la adolescencia en donde confluyen también las campañas que promueven el espacio “No a la Baja” en Argentina, indicó que “la mayoría de los que confluimos en estos espacios estuvimos también presentes en el 2017 en las audiencias convocadas por el Ministerio de Justicia de donde se nos dijo que han salido los consensos para este proyecto presentado por el Ejecutivo. Y podemos asegurar leyendo el proyecto que nuestras posiciones, argumentos, datos y análisis no fueron tenidos en cuenta”.
“El tópico de la edad es una cristalización de eso. Hubo en aquel febrero de 2017 en la comisión sobre la edad de punibilidad 42 exposiciones de especialistas y operadores del sistema de los cuales el 86% argumentaron en contra de bajar la edad de punibilidad, y el 14 restante se dividió en posturas a favor de la baja (2) y quienes no se expidieron concretamente sobre el tema. O la posverdad ha cambiado el significado de consenso, o claramente el proyecto actual no lo expresa. Si hubiéramos sido escuchados como se sostiene el de la edad sería un tema saldado”.
“Los motivos por los cuales bajar la edad es desaconsejable y anticonstitucional entre otros calificativos, fueron entregados en documentos de diversos colectivos a la presidencia de estas audiencias y de ser necesario aquí los tengo para volver a acercarlos”, explicó Salgado. Sin embargo el proyecto del ejecutivo no es consensuado no solo por la baja en la edad de punibilidad, sino porque el articulado de la ley promueve un aumento de cantidad e intensidad del despliegue punitivo, del castigo sobre nuestros adolescentes. Mientras que el gran consenso de las audiencias de 2017 fue la coincidencia en la necesidad de actuar preventivamente, antes del sistema penal, porque este no puede arreglar las cosas ni mejorar a los sujetos.
No solo se propone bajar la edad para que haya más adolescentes con posibilidad de ser capturados por el sistema penal en honor a esas garantías, sino que además se busca que sea el mismo sistema penal el que piense, configure y ejecute medidas hacia los no punibles.
En ese sentido, Salgado aseguró que “el sistema penal cuando toca rompe, el sistema penal lastima, deja marcas para siempre. Es inadmisible que se proponga que la forma de responder a la garantía de derechos de un sujeto sea a través del sistema penal, pero cuando esto se sostiene sobre un niño/a además de inadmisible se vuelve espantosamente cruel”.
“Quienes trabajamos desde espacios académicos construyendo y analizando datos, también creemos que es fundamental dejar claro las fuentes y los datos sobre los cuales se construyen diagnósticos, aquí los funcionarios del Ejecutivo hablaron de relevamientos propios que sería muy oportuno conocer. Para no usar potenciales vamos a hablar entonces de algunos datos que si tenemos documentados”:
- 48% niñas y niños son pobres (6,3 millones de NNYA) según INFORME UNICEF 2018 basado en la EPH
- El INDEC sostiene que el porcentaje asciende al 40%
- La UCA que ya está por encima del 60%, porque lo aborda con mirada multidimensional de la privación de derechos.
- El dato más benévolo dice que 1 de cada 2 NNYA en Argentina es pobre.
- 1.050.000 NNYA viven en la pobreza extrema o indigencia.
- 3 de cada 10 adolescentes son tienen acceso al sistema de salud.
“Pero contra toda racionalidad política estamos hoy aquí debatiendo una agenda que lejos de ser la emergencia alimentaria para nuestros niños/as es una agenda que los pretende ubicar como los victimarios. Hablemos de adolescentes y delito entonces”:
Según informe SENAF-UNICEF de 2015 los adolescentes en conflicto con la ley penal eran “3.908 infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive. El 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país. Mientras que de ese 0,14% el 10, 5% era menor de 16 años (un universo de 410 adolescentes)”.
“No hay diagnóstico serio alguno que sostenga que la agenda sobre nuestros NNYA en Argentina hoy tenga que ser la del delito que los tiene como victimarios, sin duda los es la del delito del Estado que los tiene como víctimas”, enfatizó Salgado.
“Un debate genuino para un nuevo Régimen Penal Juvenil que todos queremos (acá si hay UNANIMIDAD) para que sea realmente democrático debe cumplir algunas premisas”:
- Los adolescentes dentro del debate: el derecho a ser oído no es una elección, el Estado tiene la obligación de garantizarlos con la corresponsabilidad del mundo adulto.
- Un debate genuino y democrático debe partir de presupuestos progresivos en materia de derechos. Tomemos entonces las mejores propuestas de cada proyecto, garantizando el debate sobre estándares de derechos ya alcanzados, evitando que cada vez que queremos debatir un RPJ tengamos que volver a decir lo obvio.
- Un debate genuino debe ser oportuno y no oportunista, no es en campañas electorales cuando deben darse debates de fondo, temas tan sensibles y complejos. No puede ser utilizado electoralmente por nadie, por ningún oficialismo, por ninguna oposición.
Por ultimo Salgado concluyó dirigiéndose les legisladores: “tienen la posibilidad histórica de poner en agenda a la Niñez por eso que le debemos, el cuidado, ese cuidado que solo podrá ser posible promoviendo y financiando el sistema de promoción y protección de derechos, el derecho a alimentarse, a vivir en un ambiente digno, a educarse, a acceder a la salud, a acceder a la justicia, a jugar. Estamos seguros no se trata de bajar la edad de punibilidad, se trata de bajar la desigualdad que tiene a nuestros niños y niñas como principales víctimas”.
