Dolor, bronca y pesar desde el Foro por la Niñez, por la muerte evitable, de un joven alojado en el Centro de Recepción Malvinas Argentinas -CRMA-. Venimos denunciando públicamente e interviniendo institucionalmente a partir del abandono estructural y sistemático por parte de gobiernos y/o autoridades salientes y actuales del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia -OPNyA-, tanto en lo que respecta al desarrollo de la política como de los impactos sobre la niñez, adolescencia y juventud vulnerabilizada.
Su muerte era evitable, tenía 17 años y hacía poco más de un mes que había ingresado al centro de recepción, lo encontraron “colgado” en su celda. Quien dispuso esa medida privativa de su libertad no tuvo tiempo para juzgarlo. Tendrán que investigar ahora las causales de su muerte.
Su muerte es un límite. No queremos ni un pibe más muerto por responsabilidad estatal.
Las muertes de jóvenes en centros penales de la provincia no pueden escindirse de las condiciones estructurales de detención en las que permanecen alojados, como así tampoco de la política laboral de quienes deben asistirlos.
El recorte presupuestario impacta en la cantidad necesaria de trabajadorxs y en sus condiciones laborales. Hace años que se denuncia la falta de personal y la conformación de guardias con escasa cantidad de trabajadorxs, que ni siquiera alcanzan para tomar contacto con la totalidad de jóvenes encerrados. Situación que produce mayor cantidad de horas de encierro y aislamiento en celdas, agravando aún más la accesibilidad a otros derechos.
Agravamientos que se suman a las condiciones en que se encuentran las celdas: sin calefacción, con escaso ingreso de iluminación solar y eléctrica, sin ventilación adecuada, con paredes descascaradas y húmedas, con letrinas descubiertas al lado de donde se alimentan. Condiciones que dan cuenta del trato indigno que reciben, por parte de quienes deben proteger y promover sus derechos.
El correlato de otras situaciones como los contagios masivos por covid-19 en dispositivos penales y la muerte de un trabajador, “motines” en el Centro Cerrado Almafuerte y en el Centro de Recepción Malvinas Argentinas – CRMA – y “fugas” que emergieron en estos últimos días, y las respuestas ofrecidas por las autoridades del OPNyA, no alcanzaron para evitar lo evitable y para que se produzcan cambios en favor de los derechos de los jóvenes privados de libertad, muy por el contrario, las condiciones de detención se han cristalizado en deplorables producto de estas decisiones gubernamentales.
Los organismos internacionales y provinciales de derechos humanos instaron al Estado ante la declaración de la pandemia covid-19 y su posterior desarrollo, para que aseguren a la población encerrada la mejora urgente en sus condiciones de detención y medidas que prescindan del encierro, con el objetivo de evitar y/o reducir el riesgo de contagio así como otros daños asociados al aislamiento extremo. La ausencia de previsión por parte del OPNyA en cuanto a la restricción de las visitas y a la aplicación de protocolos sobre el uso de teléfonos celulares, posibilitaron la emergencia de situaciones violentas y conflictos internos entre adolescentes y/o jóvenes y/o con lxs trabajadorxs.
El Estado no se encuentra a la altura de las circunstancias. El incesante reclamo de lxs trabajadorxs del sector y de distintas organizaciones y organismos de derechos humanos por condiciones de cuidado y laborales dignas para enfrentar el avance de la pandemia covid-19, no hicieron mella para que la atención sea prioritaria por parte de funcionarios judiciales y autoridades del OPNyA, poniendo en evidencia como comportan en el marco de la aguda crisis sanitaria y social. Mención aparte le corresponde a aquellos jueces u operadores judiciales quienes tampoco dispusieron medidas alternativas a la prision (aun cuando el OPNyA las solicitó).
El abandono estructural y sistemático por parte del organismo de niñez, signado por la falta de inversión, la falta de trabajadorxs, la falta de programas, de recursos materiales e infraestructuras adecuadas requiere decisiones urgentes para que nuestros niñas, niños y jóvenes puedan ejercer sus derechos y sentirse cuidados en las instituciones del Estado.
Exigimos que se realice la intervención e investigación correspondiente de las causales de muerte del joven, como de las diferentes situaciones que vienen sucediendo, se determine a sus responsables y se efectivicen las medidas administrativas y judiciales que correspondan.
Nos solidarizamos con la familia y afectos.
NI UN PIBE MENOS!
