Verdades y mentiras sobre el debate respecto a la edad de punibilidad

«SEGURIDAD ES AQUELLA QUE GARANTIZA LA EXISTENCIA REAL,  VERDADERA Y DISFRUTABLE DE LOS DERECHOS HUMANOS» (BARATTA, 1998)

Cada tema que se instala en la agenda pública y mediática, necesita ser situado en su marco cultural e histórico.  Sobre un debate tan sensible como el de la edad de punibilidad, podemos decir algunas verdades y mentiras. Para arrancar, lo que es cierto-   según se indica en el Manifiesto por la Niñez- : «El 2020 se presenta con un contexto mundial inédito producto de la pandemia por COVID 19, con impacto significativo en la vida de les niñes y adolescentes. La brecha de desigualdad social se amplía y agudiza entre quienes más y menos tienen, marcando posibilidades presentes y futuras.  Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC-, más de la mitad de les niñes en nuestro país, son pobres. El 56,3% se encuentran viviendo en situación de pobreza y 15,6% en la indigencia; siendo similar la situación de les adolescentes, constituyéndose así, el grupo etáreo más afectado por la pobreza e indigencia. Estos números indican que 6 de cada 10 niñes son pobres, pero no sólo representan la sumatoria de personas menores de edad sino evidencian la presencia de más de dos millones de niñes y adolescentes viviendo en hogares que no cubren las necesidades básicas de alimentos y más de 7 millones de vidas privadas del acceso al derecho a la salud, a la vivienda, a una alimentación saludable, a la educación, a la recreación, entre otros».

Mientras muchas organizaciones y personas trabajamos en la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos,  algunos personajes y funcionarios se esfuerzan por revivir debates ya saldados de cara a la campaña pre electoral que parece haber arrancado nuevamente.

También es cierto, que si miramos un poco para atrás, se vienen presentando intentos de bajar la edad de punibilidad de manera cíclica, cada año, año y medio, quedando asociada la decisión de plantear bajar la edad de punibilidad a campañas pre electorales o utilizando un hecho o delito grave donde se involucra a pibes menores de 16 años generando gran conmoción en la sociedad.

Pero ¿Cómo se explicaría la decisión de bajar la edad de punibilidad cuando los adultos son los que cometen el 96,5% de los delitos en un país con más de la mitad de sus niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza?

Es falso que es alta la incidencia de delitos violentos entre los más jóvenes; es falso que hay que bajar la edad de la punibilidad porque las bandas criminales utilizan a niñxs  para cometer delitos: si una organización criminal o las propias fuerzas de seguridad utilizan – u obligan – a un niñx a cometer un delito, el delito es de la persona adulta, el niñx es víctima y como tal debe ser abordado. También es falso que hoy a lxs niñxs y adolescentes no les pasa nada si cometen un delito, no sólo “les pasa” si cometen un delito, también tienen consecuencias penales cuando no lo cometen; porque es mentira que el sistema penal no hace nada con lxs chicxs de menos de 16 años acusadxs de un delito, porque tal como ocurre con adolescentes de entre 16 y 18, también a ellxs se les inicia una causa penal aún por delitos leves y se lxs puede encarcelar por tiempo indeterminado más allá de si se probó o no su culpabilidad o de si se los “declara no punibles” por la edad.

Estas posturas desconocen a la gran cantidad de organizaciones, especialistas, funcionarios y académicos que, convocadas en el mes de febrero 2017 por el ex-ministro Garavano, que coincidimos respecto a la necesidad de impulsar una ley integral, pero no sobre la baja de edad. El grueso de quienes expusimos, 36 sobre 40, con Unicef incluida, rechazamos esa posibilidad.

Desconoce también, las recomendaciones internacionales del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño sobre los informes períodos quinto y sexto combinados presentado por la Argentina en mayo de 2018, que claramente expresa en el párrafo 44: “Adoptar una ley general sobre la justicia de menores en consonancia con la Convención y las normas internacionales sobre justicia de menores, en particular en relación con la garantía de que la detención sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible, y que no incluye disposiciones que incrementen la sentencia o reduzca la edad de responsabilidad penal.”

En la misma sintonía, hace apenas unos días  se presentó el Manifiesto por la Niñez donde adultxs y niñxs exigimos con ideas y propuestas otra relación del Estado con la niñez, ratificando en particular la necesidad de un Sistema Nacional Penal y Juvenil sin bajar la edad de punibilidad.

Esto significa una nueva avanzada en el marco de la brutal y sistemática embestida política y mediática sobre niñxs, adolescentes y/o jóvenes creando condiciones para punir la pobreza,  porque sabemos que la falta de oportunidades repercute de manera negativa en sus vidas, como también el hambre, la explotación sexual y laboral, el hostigamiento al que las fuerzas de seguridad someten a niñxs y jóvenes, la violencia machista y el manejo de los territorios por bandas de comercio de drogas que actúan en connivencia con el poder político y policial.

Por todo ello, a la luz de las verdades que muestran una cruda realidad para nuestras niñeces y juventudes, volvemos a decir NO A LA BAJA, por tratarse de una política regresiva, demagógica, ineficaz e injusta; exigimos la real implementación del sistema de promoción y protección de derechos de la niñez, adolescencia y juventud.

Promoviendo derechos, construimos igualdad

Foro por la Niñez, diciembre 2020