Junto a la CUSETI (Coordinadora de Unidad Sindical por la Erradicación del Trabajo Infantil) y la DNI Sección Argentina (Defensa de Niñas y Niños Internacional), el Foro por la Niñez emitió un documento expresando profunda preocupación frente a las medidas que ha desplegado el gobierno de Milei, que agudizan la situación de crisis en materia de derechos, de derechos humanos y en especial de derechos de la niñez. Por lo cuál, resulta necesaria la constante reflexión política colectiva.
El hambre de miles de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, el crecimiento de la pobreza y la indigencia son aristas ineludibles y que deben ser abordados de forma urgente, pero debemos proponernos marcos de análisis y acción integrales y con perspectiva de futuro.
La caracterización de la etapa
En la segunda mitad del siglo XX se dio una larga etapa de consolidación de derechos humanos, civiles, sociales y ambientales, conquistas históricas fruto de la lucha de sectores populares, no solo en nuestro país sino también a nivel mundial.
Así lo refleja la Constitución nacional y los tratados internacionales, entre los que destaca en este tema la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y las normativas nacionales y provinciales que se han ido generando conforme a esta perspectiva humanista.
No son menores, puesto que se orientan a garantizar un piso de derechos basados en la principal premisa que se desprende en el preámbulo de la Declaración universal de derechos humanos: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Párrafo siguiente, se advierte que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.
La Ley Nº26.061 de Protección Integral de Derechos de la Niñez, es el eje articulador del Sistema de Promoción y Protección de derechos, junto a otras normas que abordan cuestiones específicas de salud, educación, trabajo, etc. Se configura así un sistema que involucra a una diversidad de actores, no solo de la órbita estatal, para abordar los derechos de la niñez de forma universal, superando los enfoques asistencialistas, desde una perspectiva integral y en el marco de la corresponsabilidad, reflejando el compromiso transversal con el bienestar y el progreso de las sociedades.
La construcción y consolidación de los Sistemas de Promoción y Protección de derechos, a nivel nacional, provincial y local han mostrado avances, no siempre lineales, desde que se sancionaron las primeras leyes conforme a este nuevo enfoque de derechos. Sin embargo, las medidas y la orientación explicitada por el actual gobierno nacional ponen en cuestión la existencia misma del Sistema de promoción y protección de derechos.
La direccionalidad de las políticas que está llevando adelante este gobierno, tienen una marcada tendencia hacia el desfinanciamiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la niñez en la Argentina, lo que constituye un ataque a la perspectiva de derechos y a la progresividad, y fundamentalmente tiene impacto a largo plazo, con efectos que requerirán de muchos años para ser revertidos.
El enfoque de promoción y protección de derechos entra en colisión con la ejecución de políticas neoliberales que privilegian el mercado sin tomar como variable la justicia social, profundizadas desde el ascenso de Milei y su gobierno. Este enfoque es puesto en cuestión de forma constante por el andamiaje discursivo que se construye desde el gobierno, lo que alienta la profundización de las medidas de corte neoliberal, y disputa el sentido común para construir consensos en torno a las mismas.
El discurso y el accionar del actual gobierno nacional, se centra en el ataque al social del Estado y el fortalecimiento del estado de policía, para así garantizar una transferencia descarada de recursos de los sectores más pobres de la población a los más ricos en aras de la libertad de mercado. Sin embargo, el embate libertario, se proyecta más allá del Estado, para tensionar todas las formas de solidaridad y vida común que hemos construido como sociedad.
En defensa de la dignidad y la igualdad inherente a todas las personas desde que llegan a este mundo.
Conocer los derechos humanos es fundamental para poder ejercerlos, respetarlos y defenderlos.
ANEXO – La situación actual y las políticas desplegadas
Acompañamos un breve análisis acerca de la situación actual, los principales emergentes y un breve repaso por las principales propuestas e iniciativas del actual gobierno con impacto en niños, niñas y adolescentes. Hemos intentado que sea accesible y no muy extenso, por lo que no se trata de un análisis exhaustivo ni profundo sobre el impacto de estas medidas.
Pobreza e indigencia
Según un informe del IEF-CTA conforme datos del informe de ingresos del EPH del último trimestre de 2023, la tasa de pobreza alcanzó en ese momento al 41,4% de la población y la indigencia se ubicó entre el 10% y el 11,5% de la población. Es decir, 19,3 millones de personas eran pobres y 5,3 millones, indigentes1.
Estos números que de por sí resultan indignantes deben ponderarse conforme a la infantilización de la pobreza. Así, un reciente informe de UNICEF estima para finales de 2023 más de 7 millones de niñas y niños son pobres por ingresos2 (57,5% del total) y que 2,4 millones (19,4%) viven en hogares con ingresos menores a una canasta básica alimentaria.
Conforme a las proyecciones que hace dicho informe, en el primer cuatrimestre de 2024 la pobreza alcanzaría a 71% y la pobreza extrema a un 34%. En términos poblacionales, implicaría que 8,8 millones de chicas y chicos serían pobres y 4,3, indigentes3.
Ante este escenario, lejos de reforzar políticas sociales y redistributivas, desde el Gobierno Nacional se comenzó a implementar un DNU y se impulsó la “Ley Ómnibus” que busca la liberalización de la economía, sobre la base de la desmantelación de las políticas públicas en materia de garantía de derechos, al tiempo que se otorgan subsidios al sistema privado y se refuerzas las áreas represivas.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes presentó un documento a las/os diputadas/os expresando la preocupación por las consecuencias de la implementación de medidas como las previstas en el proyecto de “ley Ómnibus”, entre otros aspectos en materia educativa, habitacional y ambiental. Por otro lado, también se proponen una serie de ejes concretos, como la necesidad de contar con fórmulas adecuadas de actualización de los montos de AUH y la equiparación de las Asignaciones Familiares.
100 días de gestión
Un breve racconto de alguna de las medidas y su impacto sobre niños, niñas y adolescentes.
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Alimentación
A la crítica situación de inseguridad alimentaria derivada de los altos índices de pobreza e indigencia, se suma que se ha paralizado la entrega de alimentos a comedores y merenderos que atendían a una población de 4 millones de personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. La excusa de la eliminación de la intermediación supone un ataque a las lógicas de organización y solidaridad populares que sostienen estos espacios.
La tarjeta Alimentar, si bien ha sufrido actualización en el monto, esto no compensa el incremento de los valores, en especial de aquellos de primera necesidad que han registrado aumentos muy por encima de los índices de inflación4 y la misma no tiene un alcance universal. Por otro lado, se ha derogado la ley de góndolas, lo que impacta en el acceso a variedad de alimentos, en beneficio de las empresas cartelizadas por sobre pequeños productores, cooperativas y producciones locales o comunitarias.
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Salud
En primer lugar, destaca el recorte al financiamiento de los hospitales públicos, al mantener el presupuesto correspondiente al 2023, el impacto de medidas como la suspensión, alegando motivos “administrativos”, de la entrega de medicamentos oncológicos por parte de la DADSE, la supresión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y el impacto en los sistemas de salud provinciales por el recorte en los fondos de coparticipación. Cabe mencionar que el 45% de niños, niñas y adolescentes acceden exclusivamente al sistema público de salud.
Por otro lado, la desregulación de las obras sociales y prepagas prevista en el DNU, tiene impactos a largo plazo y que exceden la posibilidad familiar de hacer frente a sus pagos.
La disparada de precios de medicamentos, que acumulaba un aumento de 318% en 2023 se agudizó en 2024, ya que, durante el primer bimestre, los medicamentos para patologías crónicas sufrieron un aumento del 98%, poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos5.
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Justicia
Se registra un retroceso en la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes con cada intento de ampliar el campo del reproche penal, llegando cada vez a más chicos y chicas y de forma más dura.
El proyecto de ley “ómnibus” preveía un capítulo de modificación del código penal en el cual se proponían varios artículos inconstitucionales que buscaban crear nuevas figuras penales avasallar derechos especialmente de las y los adolescentes.
Persecución de dirigentes de centros de estudiantes. Aumento de penas para delitos menores que hoy son excarcelables, habilitando más sistema penal para reprimir a las y los adolescentes, generando una baja de edad de punibilidad de hecho para ciertos delitos. La habilitación del uso de la fuerza legal por parte de las fuerzas de seguridad.
A pesar de que está ley no prosperó en el Congreso, el gobierno busca avanzar con medidas de este tipo a través de nuevos proyectos de ley, decretos y resoluciones ministeriales.
También distintos actores gubernamentales han explicitado la intención de bajar la edad de punibilidad, en el marco de un esquema represivo y estigmatizante, que lejos está de solucionar las situaciones de criminalidad e inseguridad.
Todas estas intenciones y decisiones incumplen las recomendaciones del comité de los derechos de los niños a la argentina del 2018, entre las cuales se expresa tácitamente que el reproche penal debe ser el último recurso para dirigirse a niñas,niños y adolescentes.
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Educación
Al tiempo que se desfinancia el sistema de educación público, se promueve la mercantilización de la educación mediante su sistema de Vouchers, para que las familias financien la escuela privada. Ya con el proyecto de ley ómnibus, se promovía la educación domiciliaria a partir de 4 grado, poniendo en crisis la obligatoriedad de la educación y la responsabilidad estatal sobre la misma.
Durante febrero se eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, con impacto directo en los salarios docentes.
Además, al discontinuar la obra pública han quedado sin ejecutar la reparación y construcción de escuelas agravando el problema de vacantes.
Cabe mencionar también, el congelamiento del presupuesto de las universidades públicas y los constantes ataques públicos a la ESI.
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Hábitat
Nuestro país arrastra una crisis habitacional, que se verá gravemente agravada por las medidas del actual gobierno, aumentando el hacinamiento y la cantidad de personas en situación de calle.
El gobierno ha desregulado los alquileres, lo que deja sin protección a unos 8 millones de personas que viven en viviendas alquiladas, por la imposibilidad de acceder a la vivienda propia.
Aquí también impacta la suspensión de obra pública y el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Por otro lado, la eliminación de organismos e instancias de control ambiental permite suponer que se agraven las condiciones sanitarias y ambientales.
Los últimos eventos climáticos pusieron de manifiesto la necesidad de realizar grandes obras de
infraestructura para el saneamiento y sistemas de desagües de las grandes ciudades para evitar inundaciones, así como contar con fondos específicos para la contingencia ante desastres. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional, que paralizó la obra pública, se fomenta el “no hay plata” como única respuesta, librando a un eventual “sálvese quien pueda”.
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Mundo del trabajo
Es indispensable poder dimensionar los efectos que tienen las medidas laborales en las economías de las familias y por ende en niños y niñas.
Las medidas de desregulación de las relaciones laborales tienen impacto en materia salarial y un aumento de la precariedad laborar, lo que repercute en los ingresos familiares, aumenta la pobreza y el trabajo infantil.
En este sentido se ubican también la fijación del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en un monto muy por debajo de la Canasta Básica, y sin consenso alguno de las representaciones gremiales, y la caída del salario real que se ubica en torno al 18% solo en los dos últimos meses.
Cabe mencionar aquí también, el congelamiento del monto de las prestaciones del programa Potenciar Trabajo, los retrasos en los pagos, y el reciente anuncio de su reemplazo por los programas “Volver al trabajo” y “Acompañamiento Social” sin mayores precisiones.
Por otro lado, los ataques a las organizaciones sindicales buscan horadar las resistencias a estas medidas.
Cabe destacar que el capítulo sobre cuestiones laborales del DNU se encuentra actualmente suspendido judicialmente.
Desde la Organización Internacional del Trabajo- OIT, se advierte que cuando existe un aumento de la pobreza e indigencia, un deterioro y obstáculos en el acceso a la escuela pública, una desregulación de los mercados de trabajo, con pérdida de derechos laborales y falta de trabajo decente para el mundo adulto, esto impacta de lleno en un creciente aumento del trabajo infantil y adolescente precarizado. Ya en la Argentina, el trabajo infantil está presente en el sector urbano, periurbano, rural y doméstico, con consecuencias físicas, psicológicas y de trayectorias de vida para el 15% de la población entre los 5 y los 17 años según las últimas estimaciones6.
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Reorganización del Estado
Se evidencia la contradicción entre la materialización de un discurso anti Estado, orientado a limitar y reducir la capacidad de actuación del mismo, mientras que se fortalecen aquellas instancias orientadas a garantizar la transferencia de recursos a los sectores concentrados, mediante modificaciones económicas, impositivas y productivas, pero también mediante la represión de toda forma de resistencia.
Debido a que se ha prorrogado el presupuesto 2023, fruto de la inflación esto supone por sí solo un ajuste en torno al 73-75% de forma transversal en los planes y programas vinculados a derechos de niños y niñas de la Administración Nacional7.
En el marco de este ajuste, se han dado despidos de trabajadores en casi todos los sectores, o bien la implementación de modalidades de contratación precarias y por periodos muy cortos y por otro lado, un ajuste de los salarios públicos, lo que implica una degradación en las posibilidades de una adecuada atención y abordaje.
Por otro lado, se han eliminado o acotado en sus funciones y misiones muchos de los organismos afectados tenían como finalidad primaria proteger derechos de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas niños y niñas, podemos mencionar el cierre de los Centros de Referencia pertenecientes al actual ministerio de Capital Humanos, el cierre del INADI y de planes y programas orientados a la cultura entre otros.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, la tarjeta Alimentar sufrió un recorte del 9% con respecto a 2023, y las becas progresar del 31%.
Por último, los anuncios en materia de planes y programas parecen evidenciar un abordaje focalizado y fuertemente asistencialista, dejando atrás los abordajes integrales y universales8.
Como contrapartida a este escenario de ajuste se incrementan las partidas destinadas a satisfacer el pago de deuda y aquellas destinadas a fortalecer el aparato represivo del Estado9. En este sentido, no queremos dejar de mencionar los efectos del Protocolo Anti-piquetes impulsado por la ministra de seguridad Patricia Bullrich, al suprimir la posibilidad de participación de niños, niñas y adolescentes en aquellas cuestiones que les competen, negando su status como ciudadanos y sujetos políticos y de derecho.
Llamadas y notas al pie:
1 Informe disponible en https://iefctaa.org/publicaciones/
2 Otras mediciones de la pobreza utilizan variables multidimensionales,
considerando privaciones de derechos más alla de la variable ingresos y su correspondencia con las CBT y CBA.
3 Informe disponible en
4 Solo entre diciembre y febrero, la Canasta Basica Alimentaria crecio un 74,5% y la Canasta Basica Total 76,9%
5 Para más información
https://iefctaa.org/en-2023-los-medicamentos-mas-usados-aumentaron-318-el-festin-de-la-industria-farmaceutica-y-los-remedios-que-esperamos/
6 “El trabajo infantil afecta a 1,3 millones y advierten que está naturalizado en Argentina”, nota publicada en https://www.unidiversidad.com.ar/el-trabajo-infantil-afecta-a-13-millones-y-advierten-que-esta-naturalizado-en-argentina
7 UNICEF “Análisis del Presupuesto Nacional 2024 con foco en niños, niñas y adolescentes” disponible en https://drive.google.com/file/d/1EznGXaGYPb-2uo76QvTyI3tPYfJzmkmK/view
8 Vease por ejemplo la propuesta del Programa Nacional de Primera Infancia
9 Dato elaborado por IEF-CTA, documento pendiente de publicación.
