Las propuestas presentadas en el Congreso de la Nación para bajar la edad de imputabilidad deben enmarcarse en este contexto de crisis social y económica. En ese marco, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Foro por la Niñez, difundieron un documento que da cuenta de la delicada situación que atraviesan millones de pibas y pibes en nuestro país.
Las infancias no son responsables del deterioro social; son víctimas de la falta de acceso a derechos básicos. Este informe evidencia que cualquier estrategia orientada a abordar las problemáticas infantojuveniles debe priorizar la protección de derechos y la reducción de la desigualdad estructural como eje central. Entre las conclusiones más relevantes del documento se destacan:
Aumento de la pobreza infantil:
• El 67,1% de los NNA (casi 9 millones) vive en situación de pobreza, lo que representa un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2023.
• La indigencia infantil casi se duplicó en el mismo período, afectando al 27,3% de los menores de 18 años (3,6 millones).
Precarización de las condiciones laborales de las familias:
• Más del 53% de los adultos en hogares con NNA se encuentra en situación de empleo precario o desempleo.
• La pobreza entre los ocupados trepó al 44,7%, afectando incluso a trabajadores formales, cuya tasa de pobreza se duplicó al 29,4%.
Privaciones estructurales:
• Casi el 30% de los NNA vive en viviendas inadecuadas en términos de calidad de materiales y saneamiento.
• Un 41,9% de los NNA solo tiene acceso a la salud pública, enfrentando recortes presupuestarios significativos en el sistema sanitario.
Crisis alimentaria:
• El 52% de los hogares con NNA dejó de comprar algún alimento esencial, siendo la leche y la carne los más recortados.
• Un 7,4% de los niños y niñas debió saltearse una comida diaria debido a la insuficiencia de ingresos.
Impacto de las políticas públicas:
• Las medidas de ajuste fiscal han reducido significativamente el gasto público en programas dirigidos a la infancia. Por ejemplo, las partidas destinadas a infraestructura educativa y acceso a tecnología sufrieron recortes de hasta el 70%.
• La proporción del gasto público en niñez cayó al 1,6% del PBI, el nivel más bajo en los últimos años.
Según la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones que promuevan su desarrollo integral. Criminalizar a las infancias no resolverá problemas estructurales que requieren políticas inclusivas y redistributivas.
Accedé al informe completo acá: Doc Ninez Noviembre
Autoras: Agustina Haimovich y Mariana Rivolta
