En sintonía con los comunicados de organismos internacionales, la CTA-A Argentina y las organizaciones hermanas de Paraguay que trabajan por los Derechos Humanos, acompañamos la denuncia como crimen de Lesa Humanidad a los asesinatos de dos niñas en manos de Fuerzas Militares del Estado de Paraguay.
Nos sumamos al reclamo para conocer de manera fehaciente el desarrollo de los hechos, que se garantice una investigación independiente sobre las circunstancias de su muerte y que cese el hostigamiento a sus familias.
Las dos niñas, Lilian y María del Carmen de 11 años, son ciudadanas argentinas, vivían y se educaban en nuestro país y se encontraban en Paraguay visitando a sus padres. En ese marco, el 2 de septiembre, las fuerzas de Tarea conjunta de Paraguay irrumpieron en un campamento en la localidad de Yvy Yaú, en el Norte del país, y asesinaron a las niñas, no existe evidencia alguna acerca de su participación en el grupo armado EPP (Ejercito del Pueblo Paraguayo).
Entendemos que no se trata de un “error”, sino de un asesinato cometido por las Fuerzas Militares del Estado paraguayo, cuyo responsable máximo es el Presidente Mario Abdo Benítez.
Este asesinato supone una vulneración a los artículos 6 y 38 de la Convención de los derechos del Niño, la cual fue ratificada por Paraguay mediante ley N°57/90 y promulgada el 20 de de setiembre de 1990.
Incluso en el supuesto de que el estado Paraguayo considere la participación de las niñas en las hostilidades (supuesto con el que no coincidimos) debía adecuar su accionar a las directrices del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y también resultaría aplicable la resolución 182 de la OIT.
Asimismo, fruto del Derecho humanitario Internacional aplicable a los conflictos armados de carácter interno (recogido en parte en los convenios de Ginebra y sus protocolos), durante las hostilidades rige prohibición de realizar ataques directos contra los civiles y realizar ataques indiscriminados, se debe respetar el principio de proporcionalidad en los ataques y tomar todas las precauciones factibles al planificar y ejecutar las operaciones militares para evitar en la mayor medida posible causar víctimas en la población civil.
Lamentablemente no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de eventos que evidencian la falta de interés que tiene el país vecino en proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, como lo denuncian varias organizaciones estudiantiles como la FENAES (Federación Nacional de Estudiantes Secundarios), quienes fueron víctimas de varios hechos de represión y persecución en años anteriores. Miembros de la federación tuvieron que tomar acciones judiciales contra directivos de instituciones educativas al negar el acceso a la educación no permitiendo la matriculación de jóvenes que conforman la nombrada federación, ademas de las constantes amenazas que reciben los dirigentes por parte de algunos maestros y directivos. En ningún caso el gobierno vecino brindó a los jóvenes la protección que necesitan.
Ante el asesinato de las niñas, es necesario que se lleve adelante una investigación conforme a las directrices del Protocolo de Minesotta, en particular los artículos 11, 22 y 35 entre otros.
Este pone al Estado de Paraguay ante una demanda internacional por la violación de las normas antes citadas, pero además constituye un punto límite en el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad que lejos de proteger a la niñez, la violenta y la mata.
Esto no puede quedar impune, y no debe volverse a repetir.
Foro por los Derechos de la Niñez- Argentina
Federación Nacional de Estudiantes de Secundarios – Paraguay
