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La baja de la edad de imputabilidad NO es la solución

Las organizaciones y personas, que trabajamos a diario para construir esperanza, desde el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, le decimos a los que intenten avanzar sobre la edad de condenar a nuestros niños y jóvenes con los proyectos anunciados, que somos muchos también los que queremos un país distinto, y en ese sentido nos convocamos a reuniones de carácter urgente para tomar medidas que le pongan un límite a los discursos hipócritas, mentirosos, y electoralistas que lo único que buscan es confundir a la opinión pública y direccionar las políticas hacia una estrategia represiva, discriminadora, de retroceso social y humano.

NOTAS RELACIONADAS:

— Cuadro de situación

— Réplica de la Juventud

La seguridad no pasa por más leyes duras ni más presupuesto para aumentar el número de policías y patrulleros, ni ideando nuevas cárceles.

La seguridad tiene que ver con trabajo para los padres: pilar de la organización familiar, salud: presupuesto dirigido a la atención primaria, educación: reinserción escolar para los jóvenes, vivienda: el 50% de los jóvenes viven en estado de precarización.

Hoy el 60% de los niños/as son pobres. Mientras el “HAMBRE” -asesino serial- anda suelto por la calle matando 25 chicos por día; en los discursos electoralistas plantean bajar la edad de punición. Y de ese asesino serial, que es el HAMBRE, que es responsabilidad de los gobiernos anteriores y de este gobierno; de eso no hablan.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires pone énfasis en bajar la edad de imputabilidad, cuando debe aplicar una enérgica política de Asignación Universal para todas las personas menores de 18 años e instrumentar estrategias y presupuesto para la intervención social tendientes a erradicar la desigualdad en todo el territorio provincial.

Es también responsabilidad del Sr. Gobernador llevar adelante la aplicación dela Ley13298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos dela Niñezque hace 4 años fue aprobada.

Y Vemos que en los municipios se resisten a implementar los Servicios Locales, vertebrales para atender a tiempo los problemas que atraviesan a las familias en situación de riesgo; negándose en la mayoría de los distritos la conformación de los Consejos Locales (espacio de participación de la comunidad para definir las políticas públicas de niñez). Deficiencia de los Servicios Zonales; inexistencia dela Comisión Interministerialy del Observatorio Social; falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Judicial para abordar las problemáticas de los chicos en conflicto conla Ley; falta de programas para trabajar la responsabilidad penal juvenil; falta de recursos para la ejecución de proyectos; falta de capacitación para los operadores del sistema, entre otras irregularidades.

No sigamos reduciendo los problemas, enfrentémoslos, vayamos a fondo con ellos. No cerremos los ojos comos nos quieren hacer cerrar, con medidas de seguridad, con medidas tutelares dignas de un régimen anacrónico y aberrante como lo fue el Patronato. Nuestros pibes son sujetos de derechos y no objetos de manipulación.


NOTA RELACIONADA: Cuadro de situación

Es hora de que el Estado

Aplique la Ley de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez

Ya dijimos en octubre del 2008:

“Hoy, el Sr. Gobernador, más que poner énfasis en bajar la edad de imputabilidad, tendría que aplicar enérgicamente una política de asignación universal para todas las personas menores de 18 años; e instrumentar estrategias de intervención social tendientes a erradicar la desigualdad social en todo el territorio provincial. Asimismo debería propiciar condiciones para que los municipios adecuen sus políticas a las leyes 13.298 y 13.634 y garanticen un futuro deseable y digno para todos los niños; contrarrestando la expulsión de los niños pobres cuyas vidas vienen siendo arrasadas por el uso de drogas como el paco, y por situaciones de abuso y maltrato a las que frecuentemente son expuestos -de modo perverso- por algunos adultos”.

De esa fecha a la actualidad, movilizaciones y demás acciones de por medio, el gobierno bonaerense no ha avanzado en materia de implementación dela Leyde Promoción y Protección de Derechos dela Niñez, por el contrario venimos denunciando un retroceso alarmante.

También dijimos:

“Las organizaciones y personas, que trabajamos a diario para construir esperanza, le decimos a los que intenten avanzar sobre la edad de condenar a nuestros niños y jóvenes:

Que cumplan con las legislaciones vigentes de manera inmediata

Que implementen políticas universales

Que No se atrevan a avanzar con el proyecto anunciado, ya que somos muchos también los que queremos un país distinto, y en ese sentido nos convocamos a reuniones de carácter urgente para consensuar medidas que le pongan un límite a los discursos hipócritas, mentirosos, que lo único que buscan es confundir a la opinión pública y direccionar las políticas hacia una estrategia represiva, discriminadora, de retroceso social y humano”.

Y compartimos un comunicado con el Coordinador Nacional del Movimiento Chicos del Pueblo, Alberto Morlachetti, en el que decíamos:

“Los accionistas de los niños descalzos piden bajar la edad para penalizar a los niños. Como si los responsables de la pobreza y la inseguridad que vive nuestro país fueran esos niños hambrientos de miradas oscuras que piden un poco de amor aunque sea de segunda mano”.

“Hoy el 60 por ciento de los niños son pobres. Mientras el hambre -asesino serial- anda suelta por las calles matando 25 niños por día en un sistema patrocinado por el odio, que se empeña en enfatizar la “inutilidad” social de los excluidos, intentando bajar la edad de punición, para someterlos a drásticos procesos de encierro, para que no prediquen el evangelio de su disidencia, ni siquiera en el gráfico y terrible lenguaje de las paredes de un calabozo”.

Ahora volvemos a reafirmar que el motor de la violencia radica en la injusticia y que priman redes de contención desde el Estado y proyectos de inclusión para la restitución de la condición de ciudadanos de derecho.

Numerosos estudios aseguran que la variación de la tasa de homicidios está directamente ligada a la desigualdad. Esto teniendo en cuenta, por ejemplo, que en los años 1989 y 2002, coincidentes con la hiperinflación y el agotamiento del modelo de convertibilidad, se mantuvieron los mayores índices de homicidios hasta la actualidad.

No podemos olvidar como sociedad que pasamos de un 3% de pobreza urbana en el año1970 amás de un 50% entrando en el nuevo milenio.

Según las estadísticas, el mayor índice de delitos graves tiene como autor a sujetos mayores de edad, y entre los menores a personas de entre 16 y 18 años, que coincide además con la franja etaria que según informes del Ministerio de Desarrollo Social existen 400 mil que no estudian ni trabajan.

De todas maneras, y no para esquivar al debate, no existen datos reales que indiquen que personas menores de 14 años fabriquen armas, controlen circuitos de la droga, o comanden bandas dedicadas al delito. Sí existen, en miles de casos, adultos que fabrican armas, adultos que fabrican droga y adultos que utilizan a chicos, preferentemente inimputables, para cometer delitos. Una solución real y sensata, radicaría en detectar a esos adultos y juzgarlos por corrupción de menores de edad, solo para empezar a tomar algunas medidas. Juzgar y culpar al menor que también es víctima de un delito, el de corrupción de menores, sería un gravísimo error que estaríamos cometiendo como sociedad y además no estaríamos solucionando el problema. Que es bien de fondo.

Entre los adultos que corrompen a los sujetos en crecimiento, se encuentra claramente el Estado con sus organismos e instituciones de represión. Esto es, el accionar de la policía corrupta, sobran los ejemplos; la perversidad del régimen tutelar, sobran también los informes denunciando las condiciones de internación de los chicos; y la inexistencia de políticas sociales efectivas y universales.

No hay en los barrios redes de contención de los chicos que no sean a voluntad de los propios vecinos, padres e instituciones sensibles a la temática. Los fondos de los estados, nacional, provincial y municipales, rara vez llegan a destino, dejando a miles de pibes privados de sus derechos básicos a la alimentación, salud y educación. Vemos preocupadamente como se deterioran lazos familiares a consecuencia de la falta de empleo, precariedad laboral, exclusión, marginación social y discriminación. Es la familia el primer núcleo contenedor el que está en crisis.

Queremos vivir en una sociedad en la que los chicos puedan salir a la tarde a jugar, sin peligros. Tenemos derechos a vivir en armonía. El Estado debe recuperar su papel regulador en esta etapa, reconocer sus falencias estructurales y actuar seriamente con medidas efectivas.

Nosotros decimos y exigimos:

Aplicación del Sistema de Promoción y Protección de derechos con los mecanismos necesarios para actuar con los niños y jóvenes que hoy se encuentran en riesgo. Vemos que en los municipios se resisten a implementar los Servicios Locales, vertebrales para atender a tiempo los problemas que atraviesan a las familias en situación de riesgo; negación en varios distritos de los Consejos Locales; deficiencia de los Servicios Zonales; inexistencia dela Comisión Interministerialy del Observatorio Social; falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Judicial para abordar las problemáticas de los chicos en conflicto conla Ley; falta de programas para trabajar la responsabilidad penal juvenil; falta de recursos para la ejecución de proyectos; focalización de programas que en la práctica son ineficaces; falta de capacitación para los operadores del sistema, entre otras irregularidades.

Implementación de una asignación universal para todas las personas menores de 18 años como una medida urgente ante este contexto de crisis

Mayor control de la policía en su accionar como así también mejores garantías para su desempeño laboral. En este punto denunciamos y pedimos la aparición del joven Luciano Nahuel Arruga, de 16 años quien fue visto por última vez el 31 de enero dentro del Destacamento Policial de Lomas del Mirador deLa Matanza.

Reestructuración del servicio penitenciario. En las cárceles se violan todos los principios constitucionales de los individuos, propiciando mayores niveles de peligrosidad en los mismos. Necesitamos cárceles que actúen para la recuperación de los sujetos, pero en la práctica son sistemas de represión que además de ser inhumanas agravan el circuito del delito. Esto ya se detecta en los Institutos de menores. Venimos denunciando que el 80% de la población carcelaria transitó por un Instituto de Menores, resabio del sistema de Patronato que aún continúa actuando pese a su derogación.

Políticas sociales efectivas para la contención de la familia; medidas ante la crisis económica para evitar la pérdida de empleos y para frenar la inflación que provoca diariamente nuevos pobres

Finalmente, volvemos a decir:

“Quieren que la vida no valga nada. Una semilla de mijo en un granero. Pero que vayan sabiendo que la dignidad no se mide por el tamaño de los patrimonios, sino por aquellos benditos esperanzados que caminan a través de los siglos detrás de la utopía”.

FORO POR LOS DERECHOS DELA NIÑEZ,LA ADOLESCENCIA YLA JUVENTUD DELA PROVINCIA DEBUENOS AIRES


COMUNICADO DELA JUVENTUD DELA CTA

PORLA APLICACIÓN DELA LEY DEPROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS DELA NIÑEZ

Desdela Juventudde CTALa Plata-Ensenadareclamamos que el Gobernador Daniel Scioli en lugar de dedicarle tanta energía a bajar la edad de imputabilidad -criminalizándonos a nosotros, los jóvenes- se dedique a aplicar una Asignación Universal para todas las personas menores de 18 años, creando estrategias de intervención social que terminen con la desigualdad en todo el territorio.

Porque “ningún pibe nace chorro” creemos que la solución no es condenarlos lo antes posible bajando la edad de imputabilidad, sino, por ejemplo, generar las condiciones para que los Municipios se adecuen a las leyes 13.298 (dela Promocióny Protección de los Derechos de los Niños de la provincia de Buenos Aires) y 13.634 (sobre sistema de responsabilidad penal juvenil).

Porque la inseguridad no nace ni muere en los jóvenes, sino que es parte de un sistema injusto, con una inexistente distribución de la riqueza, y sobre todo, por una corrupción fomentada principalmente desde los círculos de poder.

Porque las drogas, las armas, y todos los elementos que cotidianamente se denuncia que manejan los jóvenes, que se dice que los llevan a cometer delitos y “crear” la inseguridad, son conseguidos y asistidos por mayores, con la complicidad del Estado que no busca en el fondo del problema, sino en la superficie, criminalizando la pobreza y a la juventud. Porque la pobreza tiene que ser arrancada de raíz, con políticas sociales a mediano y largo plazo.

Porque los hechos que se viven hoy, no se solucionan de un día para el otro, sino que se necesita de un proyecto de país que integre a toda la sociedad y que no sea pensado sólo para las clases con algún poder adquisitivo.

Desdela Juventudde CTALa Plata-Ensenada, exigimos la implementación dela Leyde Promoción y Protección de Derechos dela Niñez, para que el Estado se ocupe de que los pibes crezcan en buenas condiciones, en el marco de la familia, con una buena educación y salud, con trabajo y vivienda digna.

Porque los jóvenes somos el presente y también el futuro. Porque no nos vamos a cansar de gritar que el Hambre es un Crimen que vamos a parar.

Juventud CTALa Plata-Ensenada

Por Carlos Fanjul

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