El pasado jueves 30 de junio se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia la Audiencia por el recurso de inaplicabilidad de la ley presentado por el Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNLP, en relación a la inacción por parte del Estado respecto a la niñez en situación de calle. Entre las diferentes organizaciones e instituciones que fueron amparistas y presentaron informes, se encuentra el área de la UNLP ( denunciante), la COFAM y la cátedra de Trabajo Social V.
El pedido de inaplicabilidad de la Ley tiene su origen en un recurso de amparo presentado en el año 2008 por la Asociación Civil Miguel Bru contra el Ministerio de Desarrollo Social, el mismo surge por la problemática que adquirió conocimiento público de los niños y adolescentes que vivían en la Plaza San Martin. En el 2012 el Juzgado en los Contencioso Administrativo falló a favor de las organizaciones denunciantes y obligó al gobierno municipal y provincial a realizar una serie de cambios, que implicaban inversi
ones, en un límite de seis meses.
En el espacio radial del Foro, Marina Cappello, miembro de la cátedra de trabajo Social V, uno de los actores amparistas que presentó informe en la audiencia del pasado jueves, comentó: “Algunas de las obligaciones se implementaron a medias, como el parador juvenil provincial, becas, automóviles para trasladar a los chicos, pero hay dos puntos que nosotros exigíamos que no se implementaron: la creación de un centro ambulatorio que atienda niños y adolescentes con problemas de adicciones y que se destine el 25% de la pauta oficial a la promoción de la Ley de Niñez provincial 13.298”.
La Suprema Corte de Justicia, le pidió a los denunciantes la elaboración de un diagnóstico sobre la situación actual de los jóvenes por los que en el 2008 se inició el recurso, en este sentido la representante de Trabajo Social confirmó: “ De los 15, la mitad están privados de la libertad, los que están afuera se encuentran en situación de extrema pobreza y hay cuatro de ellos que fallecieron, tres por gatillo fácil, por lo que es muy desesperanzador”.
En la misma línea el Defensor Penal Juvenil, Ricardo Berenguer, sostuvo que se trata de “una situación cíclica” ya que “no existen políticas públicas con los niños y las niñas que están en situación de calle”, además explicó que para revertir esta situación es necesario un censo y mecanismos flexibles, ya que “el Estado tiene pautas rígidas y normas de convivencia no personalizadas y esto no sirve para las condiciones en las que se encuentran los chicos y las chicas”.
Según los denunciantes, los informes que presentó el gobierno fueron incompletos y no utilizaron la posibilidad del descargo, “dijeron sentirse incómodos con la situación y se justificaron con que hace sólo seis meses que están en gestión”, afirmó Marina.
Desde el Foro por los Derechos de la Niñez hemos acompañado todo el proceso y sostenemos que se trata de una problemática estructural que requiere de una abordaje integral por parte del Estado y por supuesto de una articulación, que implique la responsabilización por parte de diferentes Ministerio
s.
Desde la fiscalía concordaron en convocar a una mesa de trabajo en donde no sólo se citen a las organizaciones que firmaron el ultimo pedido de inaplicabilidad de la ley, sino también todas las que adhirieron al a
mparo en el año 2008, la reunión se llevará a cabo la semana próxima antes del receso invernal.
