Un niño encadenado a una pared por sus propios padres es noticia y estalla una seguidilla de notas sobre la creciente violencia familiar. Como si fueran casos aislados, particulares, desconectados. Sólo algunos padres malvados.
Para quienes trabajamos día a día promoviendo y protegiendo derechos de la niñez, lamentablemente no es noticia. No es noticia la violencia. La violencia institucional y familiar. Dos caras del mismo problema que es a su vez multidimensional. Las distintas violencias se ejercen y emergen a través de las instituciones y de los distintos ámbitos de lo social. Entendemos que es importante hacerse cargo en términos colectivos. La sociedad construye y reproduce distintos tipos de violencias.
Hace tiempo que advertimos crecientes cambios en el seno de las estructuras tradicionales, una crisis sistémica que en algunos casos emerge a través de la violencia cotidiana de la que todos somos parte. Pero en esta aparente anarquía social es importante no confundir y aportar a la reflexión. Es el Estado sobre el que recae la mayor responsabilidad. Puesto que desde el Estado se deben implementar las políticas emanadas de las leyes específicas de prevención de la violencia, Ley Nacional 24.417 y Ley Provincial 12.569 pero también de otras leyes tan importantes como las que promueven y protegen los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes: Ley nacional 26.061 y Ley provincial 13.298.
En reiterados comunicados denunciamos la falta de inversión en áreas específicas y sensibles en el tejido social como son los Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez en los municipios y los Servicios Zonales a nivel provincial, entre otros. Pero además, planteamos la necesidad de que se implementen planes y programas que puedan actuar en el tiempo justo, y no luego de que el niño fue abusado, maltratado o muerto. Siguiendo esta lógica, actuar en el momento justo implica contar con un equipo interdisciplinario que trabaje para resolver la vulneración de un derecho, pero que también actué desde la prevención. Esto requiere de varones y mujeres capacitados, trabajando en condiciones dignas. Por ello, impulsamos la Campaña contra la Precarización del Trabajo en Niñez, y vemos con preocupación que el ajuste alcance en algunos municipios a la áreas sociales, despidiendo o precarizando a trabajadores necesarios para llevar adelante las tareas que la dimensión de la problemática requiere.
Las estadísticas oficiales en la provincia de Buenos Aires hablan por sí mismas, la mayor cantidad de intervenciones de los Servicios Locales y Zonales según el REUNA[i] se origina por causas de violencia hacia los niños, niñas y jóvenes.
Pero no hay una sola forma de violencia. Como marcamos al principio, la violencia se ejerce desde distintos espacios, también en las instituciones que deben alojar a los jóvenes con causas penales o en hogares por motivos asistenciales, como también denunciamos en varias oportunidades. Además, los tiempos del poder judicial, que no actúa con celeridad en los procedimientos -la Ley provincial 12.569 establece que el juez debe adoptar medidas dentro de las 48hs de haber tomado conocimiento de la situación de violencia.-, revictimizan a los jóvenes y los exponen a intervenciones de múltiples instituciones sin objetivos claros y sin recursos.
Si estas demandas siguen sin atenderse, estaremos ante la triste confirmación de que la violencia no es una excepción o una anarquía, sino una regla de una sociedad a la que todavía le falta tomar conciencia de que a la niñez no hay que celebrarla una vez al año por una fecha comercial, no son el futuro, sino el presente urgente que hay que atender con todo el presupuesto y los recursos necesarios. Es en la niñez donde se puede comenzar a cambiar esta matriz sociocultural repleta de violencias. Sólo con una niñez feliz lograremos una sociedad sin violencias.
«Promoviendo Derechos Construimos Igualdad»
Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires
[i] REUNA: Se trata de un sistema provincial de registro de información único y descentralizado en los municipios que incluye indicadores para el monitoreo, evaluación y control de políticas y programas de niñez.
