Desde principios de septiembre, centenares de vecinos se movilizan junto con organismos de derechos para evitar un desalojo que en principio fue ordenado para el 15 de septiembre y luego para el 13 de octubre, finalmente ese mismo día el juez Cesar Melazzo dictó la suspensión del mismo y convocó a una Mesa de Gestión para solucionar el conflicto.
Se trata del predio ubicado en la calle 526 a 528 y de 159 a 161, donde según la Coordinadora de los Servicios Locales de Niñez de La Plata, Silvana Berger, habitan más de 220 familias, 277 niños y niñas y 7 embarazadas.
El conflicto 
comenzó cuando el juez Cesar Melazzo dictó la primer orden de desalojo en septiembre pasado, los vecinos comenzaron a movilizarse y distintos organismos como el Foro por los Derechos de la Niñez presentaron Amicus Curiae para formar parte del proceso que se encuentra tramitando la Unidad funcional N°3. En esa primer instancia el desalojo fue suspendido y el argumento principal que impidió el acto represivo, fue que había gran cantidad de niños y niñas en el lugar. Ante la colisión de derechos, el privilegio de la niñez a tener una vivienda digna lo aseguran tratados internacionales, nuestra Constitución y la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez N° 26.061.
En esa primera instancia se le dio intervención a la Dirección de Niñez para que comprobará si efectivamente había niños y niñas viviendo allí. En este sentido, Silvana Berger desde la Dirección de Niñez asegura: “ Nosotros le presentamos varias notas al juez para que suspenda el desalojo porque sabíamos que había niños y niñas pero no nos daba ninguna respuesta”. Finalmente desde la Dirección concluyeron que en el predio viven 220 familias, 277 niños y niñas y siete embarazadas. Aun con este dato, el juez ordena una segunda orden de desalojo para el 13 de octubre.
Con los vecinos organizados, se realizaron asambleas, marchas y cortes de calle- el último fue el mismo día de la suspensión-. En este sentido, Florencia Paunero, una de las asesoras jurídicas del Foro que participó activamente por la resolución del conflicto, comentaba: “ intervenimos en la cuestión judicial por el tema habitacional de vivienda, pero también participamos de la movilización y de las asambleas asesorando y acompañando el reclamo por el derecho a la vivienda desde la perspectiva de los derechos de los niños y niñas que están viviendo esta situación”. La disputa no sólo fue judicial, sino que los vecinos tomaron fuerza y ocuparon el espacio público para promover una resolución pacífica del conflicto.
“Nosotros proponemos que haya forma de salida que no sea el proceso judicial para acceder a la tierra y a la vivienda, en una situación donde los niños y niñas tienen todos sus derechos vulnerados, y no mediante un desalojo”, insiste Paunero.
Por su parte Ramiro “Vasco” Berdesegar, referente de la organización CCC señaló que “el drama del hábitat no se soluciona con represión y desalojos sino con respuesta política». En la orden judicial que convoca a la constitución de la Mesa de Gestión, están involucradas la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo con el fin de llegar a un acuerdo que tenga en cuenta el acceso justo al hábitat.
