Más derechos, menos penas

Ante las declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sobre la intención de enviar un proyecto de nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil que incluya la baja en la edad de punibilidad de 16 a 14, acercamos nuevos motivos para oponernos a tal avance punitivo sobre los más jóvenes.

Según últimas cifras de la Procuración General de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, las causas penales iniciadas a menores de edad cayeron un 25% entre 2014 y 2016, para lo que va de este año indican que la tendencia continuará en baja. Si bien la baja puede deberse a diversas lecturas estadísticas -el porcentaje podría moverse en parte (desagregando las causas donde intervienen mayores y menores, por ejemplo)- nunca podría arrojar que tales delitos estén en alza, tal como se sostiene en discursos políticos y mediáticos, que bregan por las violencia del estado contra los/las jóvenes.

Tomamos la provincia de Buenos Aires porque representa el mayor porcentaje de población del país, dicho por el actual ministro, Germán Garavano: “la provincia de Buenos Aires es uno de los actores más importantes, porque es una de las jurisdicciones que tiene una de la problemáticas más críticas en esta materia”. Por esta razón consideró que «la posición que se adopte en el principal distrito del país será “clave”.

Según la Procuración de PBA, los procesos penales a jóvenes que se encuentran con una imputación formal registrados desde 2014 al 20 de julio de 2017 fue de 12.246. De ese total, 4.238 corresponden a 2014; 3707 a 2015, 3131 a 2016 y 1170 a lo que va de 2017.

Siguiendo con algunos números, sabemos que 47,6% de los niños/as y adolescentes en Argentina son pobres (datos Unicef 2016) Es decir, 5,6 millones de niños/as son pobres en Argentina. Y en la provincia de Buenos Aires ese porcentaje está en el orden del 40%, siendo más de un millón y medio los niños pobres en PBA.

Los números son elocuentes respecto a donde están los problemas que se debe priorizar en la relación Estado – niñez, si lo que se busca es una sociedad con menos niveles de violencia.

Entendemos que la violencia de la privación de derechos ejercida por el Estado es la que marca el despliegue de todas las otras formas de violencias sociales. Por ejemplo, el cumplimiento de la ley 26.061 que lleva más de 10 años sancionada en el país y que aún es de muy escaso cumplimiento. La norma prevé un sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, inspirado en los tratados internacionales en materia del derecho del niño, buscando su crecimiento integral.

Sin debates sobre el incumplimiento de esta norma fundamental, sin presupuesto adecuado para llevar adelante el Sistema de Promoción y Protección de la niñez, promover adelante mecanismos para bajar la edad a partir de la cual se pretende encerrar a los más jóvenes es al menos cruel. Reafirmamos que es necesario trabajar en el ANTES que los chicos y chicas sean tocados por el sistema penal, eso es promover derechos, eso es estar como Estado dentro de la ley.

BAJAR NO ES EFICAZ