Sobre mitos, realidades y la necesidad de incorporar este tema en la agenda mediática por fuera de las estigmatizaciones y títulos equivocados.
Sin profundizar en datos concretos de la realidad que transitan millones de niñxs y adolescentes en nuestro país, el pasado 3 de junio el Diario La Nación realizó una nota sobre trabajo infantil que tituló: “Trabajo Infantil: ¿Es mejor que un niño trabaje, a que robe o se drogue?”. El desatino de esa pregunta produjo una cantidad de críticas que hizo que el mismo diario cambiara en su versión web el título por este otro: “Trabajo Infantil: ¿Cuáles son los mitos a desterrar?[1]”. El interior de la nota ahonda sobre estas premisas tan instaladas en nuestra sociedad, respecto a un tema que poco se aborda y hasta se naturaliza en muchos ámbitos de nuestra cotidianeidad. Una de las fuentes consultadas por el diario es el Coordinador de Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente del Ministerio de Producción y Trabajo, que plantea algunos mitos para su problematización, tales como: «Es importante ayudar en la propia casa», «El trabajo favorece la maduración de los chicos», «Es mejor que un niño trabaje, a que robe o se esté drogando.», «Los niños son explotados por sus padres.», entre otros, referencias morales negativas, despojadas de mecanismos estructurales que generan dichas situaciones.
Resulta un tanto contradictorio que quien presta el testimonio, representa a un Estado que es quien debe asignar una gran cantidad de recursos para combatir el trabajo infantil, pero a la vez desde donde se promueven y avalan las políticas que generan la pobreza en nuestro país y en particular, la de lxs niñxs y sus familias.
Y si bien en Argentina se han tomado resoluciones legislativas de gran avance a nivel global, como la Ley 26390 de prohibición de prohibición del trabajo infantil, la elevación de la edad mínima de admisión al empleo a 16 años y la protección del trabajo adolescente para el conjunto de 16 y 17 años; no se han observado cambios ni impacto en cuanto a la atención del trabajo infantil prohibido como de la protección del trabajo adolescente permitido.
Muy por el contrario, la semana pasada se presentaron datos alarmantes del último Informe Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA sobre trabajo infantil, entre otros más, vinculados a la niñez y adolescencia; indicando que, en el período 2010-2017, habían descendido todas las cifras respecto del trabajo infantil. Pero se visibiliza que en las correspondientes al último período interanual, hubo un comportamiento nuevo: el trabajo infantil bajó en el sector «bajo» y creció en el «medio» y «medio-alto». Así, el 12% de niñxs de 5 a 17 años que trabajaba en 2017 aumentó al 15,5% en 2018.
En la Argentina, y en términos generales, existe una mayor participación de niños que de niñas. Los primeros lo hacen mayormente en actividades de la construcción, negocios, fincas y talleres, mientras que las niñas tienen una presencia más preponderante en las actividades domésticas intensas y en aquellas vinculadas con el cuidado y servicio doméstico para terceros. Y, algunas de éstas tareas integran el núcleo de las peores formas de trabajo infantil.
Datos alarmantes y contundentes que se desprenden en un contexto donde el índice de la pobreza en la niñez aumentó a su nivel más alto en la última década, afectando al 51,7% de lxs niñxs y adolescentes, estimando que el 10,2% son indigentes. Aportando en cuanto a la distribución geográfica, que en el Conurbano Bonaerense se revela el mayor índice ya que la pobreza alcanza al 63,6% de niñxs, lejos del 54,2% del año anterior, y donde el 15,4% son indigentes.
Datos no menores, cuando los derechos vulnerados de la educación, salud, alimentación o vivienda responden a una reducción presupuestaria de dichas carteras a nivel nacional y, por tanto, a la falta de políticas públicas con enfoque de derechos. Como tampoco que en el último presupuesto se recortaron 932 millones de pesos a las partidas asignadas por el Congreso Nacional a la Defensoría, a la Comisión Bicameral encargada de la designación del/la Defensor/a de las Niñas, Niños y Adolescente y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) mediante la decisión administrativa 1605/2018 firmada por Marcos Peña.
Datos no menores, cuando el trabajo infantil, especialmente en sus peores formas, y el trabajo forzoso, son graves violaciones y abusos de los derechos humanos y de la dignidad humana, y que son tanto causas como consecuencias de la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la exclusión social y la falta de acceso a la educación.
Son lxs niñxs de los sectores más desfavorecidos quienes están destinadxs por decisión propia o no, mayormente a trabajar. Es clara, la necesidad de intensificar los debates, la organización y la lucha por los derechos de la niñez y adolescencia. De instalar al trabajo infantil en la agenda de niñez, promoviendo acciones de visibilización y desnaturalización, avanzar en el establecimiento de políticas y programas que reparen la vulnerabilización social, independientemente del decrecimiento o crecimiento económico, ya que la asignación de recursos y las políticas son determinantes.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el año 2002, con el objetivo de concentrar la atención en la magnitud global del trabajo infantil y en las medidas para erradicarlo. Así, cada 12 de junio se evalúan los “avances logrados” en los distintos países, y en particular el nuestro, para luchar contra el trabajo infantil.
Desde el Foro por la Niñez, en éste día, no sólo debatimos sino que nos da la oportunidad de ratificar el compromiso en la defensa de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, a la vez que nos convocamos a profundizar los debates en torno al trabajo infantil, partiendo de reconocer y dar cuenta de la diversidad de experiencias y representaciones que existen, determinadas por el contexto sociohistórico, político, económico y cultural.
[1] Trabajo infantil ¿Cuáles son los mitos a desterrar? Diario La Nación, 3 de Junio 2019
