El Foro por los Derechos de la Niñez de la provincia de Buenos Aires repudia la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, que ofrece a los y las jóvenes de entre 16 y 20 años un Servicio Cívico Voluntario dictado por la Gendarmería Nacional para aprender valores democráticos.
El cinismo que reviste tal decisión tiene su correlato en el desfinanciamiento de las políticas públicas de promoción y protección de los derechos de la Niñez, así como el recorte presupuestario de organismos específicos como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y familia, la reiterada investida de bajar la edad de punibilidad de los y las adolescentes de 16 a 14 años, el aumento de la pobreza estructural de la niñez en Argentina y el crecimiento de las prácticas de violencia policial que responden a una doctrina nacional de mano dura.
En este marco crear un Servicio Cívico Voluntario como paliativo a la situación de pobreza que el propio gobierno empeoró demuestra, una vez más, que las prioridades presupuestarias no están pensadas desde la promoción y protección de derechos sino desde el castigo y el control.
Según referentes del Foro, esta resolución ministerial decretada en el Boletín Oficial pretende mostrar a las fuerzas de seguridad como “amigables”, cuando estamos en un país que aún continúa juzgando crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos cometidos en los Centros que hoy se ofrecen en el marco de esta resolución como Campo de Mayo.
En este sentido, desde este mismo Foro por la Niñez repudiamos en 2017 una muestra de armas en la República de Los Niños realizada por la Gendarmería en ocasión de las celebraciones del Día del Niño/a. En ese momento dijimos que “los gobiernos deberían promover todos los derechos y desplegar acciones recreativas, lúdicas y deporti
vas, que mediante estrategias pedagógicas y colaborativas, participen en la construcción cultural de una niñez con valores de respeto al otro y de respeto hacia sí mismos, derechos que nada tienen que ver con las fuerzas militares y la demostración de armas».
La Gendarmería Nacional no puede hacerse cargo de garantizar la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías ya que existe un organismo a nivel nacional- la SENNAF-, y organismos provinciales para dar cumplimiento a esas legislaciones.
Advertimos que más bien esta estrategia puede ser una vía para la naturalización de las prácticas represivas y la violencia institucional, ya que es difícil que una fuerza involucrada en varios crímenes recientes de público conocimiento pueda estimular «el sentido del deber, la capacitación en nuevas destrezas y habilidades, el compromiso con el bien común y el estímulo a capacitarse continuamente, como herramientas para fortalecer su propia valoración, como personas capaces de generar un impacto positivo en su comunidad» según dice el decreto.
Recordamos que nuestro país tiene un elevado número de muertes de niñas/os, adolescentes y jóvenes en manos de fuerzas de seguridad; y que la función de la Gendarmería mutó en los últimos años del control de fronteras a cumplir un rol policial en los barrios populares, actuando incluso en la represión de movilizaciones.
Cuesta pensar que la G
endarmería puede inculcar valores democráticos, a días de un nuevo caso en el que un gendarme acribilló por la espalda a Ezequiel Fusto, un joven de 18 años en la ciudad de Rosario. El caso de Ezequiel se suma a las múltiples denuncias ante organismos internacionales, que se expidieron preocupados por el uso de las fuerzas de seguridad. La Ministra no solo desoyó las recomendaciones sino que además justifica el accionar avalando la “Doctrina Chocobar”.
Desde el Foro queremos recalcar que en el servicio militar obligatorio, cuyo recuerdo es imposible no traer a la memoria con este proyecto, se cometieron todo tipo de abusos y violación de derechos, incluso muertes como la del soldado Carrasco, que motivó el cese.
Al contrario de lo que plantea el decreto, para que las/los pibas/es puedan ser incluidas/os en una propuesta que las/los contemple en términos sociales, políticos y económicos, se precisan cupos en escuelas que hoy tienen faltante de bancos; fortalecimientos de los equipos de orientación escolar para que puedan atender a tiempo los problemas de ausentismo y/o deserción; aumento de presupuesto en dispositivos de promoción y protección de todas las provincias responsables de la aplicación de las leyes de niñez para garantizar los derechos de las/los pibas/es; propuestas deportivas, incentivo al arte, cursos de capacitación en oficios y demás estrategias que permitan una vida saludable y el crecimiento en libertad, que es la máxima responsabilidad del Estado para con nuestras/os niñas/os y adolescentes.
Mientras tanto se ataca el empleo público en áreas esenciales de atención y garantía de derechos como en Salud, Educación y Políticas Sociales, y se pretenden paliar las consecuencias de tales medidas por medio de la transferencia de recursos hacia las fuerzas de seguridad. Este decreto es correlativo con la asfixia de los clubes barriales y espacios culturales, ámbito natural de convivencia y formación de nuestras/os pibas/es, así como a programas, por ejemplo ENVIÓN, confirmando que hay una decisión política de desmantelamiento a las propuestas adecuadas a estándares de derechos para las/os adolescentes, que piensan la inclusión social a partir de combatir las desigualdades de accesos y no a través del uso de la fuerza y el despliegue de violencias estatales.
Como organismos e instituciones promotoras de la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez N° 26.061 exigimos su plena aplicación, teniendo en cuenta el interés superior del niño y una asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que la garantice para las áreas específicamente creadas y capacitadas para esos fines.
“La Niñez define el país que queremos” nos enseñó Carlos Cajade. En sintonía con la enseñanza del cura: queremos un país con una niñez que se forme en plazas y escuelas y no en cuarteles con fusiles.
