En estos días vivimos cientos de celebraciones del mes de la niñez promovidas especialmente por quienes trabajan arduamente durante todo el año, para garantizar una chocolatada, una merienda, un juguete, un momento de alegría a cada niño/a en cada barrio.
Al mismo tiempo, son momentos en los cuales se disputan proyectos y los destinos de los presupuestos y queremos llamar a la reflexión sobre la dura realidad en la que se encuentra la niñez en nuestro país.
Hace apenas unos días se anunció desde el gobierno nacional un “ordenamiento de las cuentas públicas,” mediante las modificaciones en el presupuesto de áreas como Educación (programa Conectar Igualdad y programas de fortalecimiento edilicio de jardines entre otros), Salud y Obras públicas, transfiriendo recursos desde diversas áreas al Tesoro Nacional a fin de garantizar pagos en el marco del acuerdo con el FMI.
En sintonía con estas medidas se anunció el congelamiento de ingresos al Estado y un avance en contra de los programas que sostienen el trabajo de miles de organizaciones comunitarias en todos los barrios, con espacios de cuidados, con asistencia alimentaria y otra cantidad de tareas especialmente en aquellos lugares donde el Estado aún no llega.
Esto sucede en un contexto en el cual hay unos 2 millones de niños y niñas bajo la línea de indigencia, es decir, que sus familias no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria, por lo que la noticia reciente de la muerte evitable de una niña por desnutrición en Capital Federal, es una tragedia que atraviesa toda nuestra geografía. Sólo el mes pasado murieron 4 niños/as wichi otra vez de hambre en Salta, y esto sin contar con un relevamiento serio de estos casos a nivel nacional. Las muertes evidencian una realidad durísima que sabemos que todavía existe. El desafío es decidir qué hacemos con esa realidad. ¿La contemplamos o realmente trabajamos para modificarla?
Para modificarla, un primer paso primordial es mirar la pobreza en relación con la riqueza. Nuestro país produce mucha riqueza, pero se reparte de forma desigual. En este sentido, no son casuales los discursos que apuntan contra la Asignación Universal. En estos días nuevamente en el discurso mediático, público y político se busca instalar que el problema económico de la Argentina se explica por el gasto social. Estos relatos intentan crear un sentido en donde el problema de los argentinos son los/as pobres y las transferencias del Estado a ellos/as, en lugar de argumentar con datos reales que el problema es la pobreza a la que se arroja al 40% de la población, y al 56% de niños/as y adolescentes a partir de un Estado que no regula la producción de riqueza y su reparto.
Estos discursos además de ser discriminadores intentando poner en la responsabilidad individual lo que son responsabilidades colectivas, del Estado en primer lugar, están realizados sobre argumentos falaces.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) vienen a compensar el gran déficit de seguridad social de pibes y pibas de los sectores más empobrecidos. Las familias en la Argentina integradas también por personas menores de edad reciben transferencias desde el Estado, ya sea en forma de Asignación Universal (33,2% de NNYA), de Asignaciones Familiares ( 33, 3% AAFF contributivas y 13% regímenes provinciales) o bien con la posibilidad de deducir en el pago de impuesto las ganancias (13,4 del total de NNYAs)[1]. Hay excepciones y déficit que deben ser cubiertos, pero el 95,5% de los niños/as en Argentina tiene cobertura de previsión social[2]. No alcanza, es verdad, porque faltan algunos/as y suelen ser quienes se encuentran en estado más crítico, y porque los importes percibidos no permiten a los más pobres cubrir los gastos mínimos de los hogares, pero esa también es otra punta del debate.
Del Estado Nacional, las dos transferencias más importantes de dinero a familias con niños/as pobres es la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal para Protección Social (AUH + AUE) y entre las dos no llegan al 5% del presupuesto nacional.
Pero además, mientras se mueren pibes/as de hambre, también se mueren pibes/as por los efectos en la salud y en el ambiente a causa de la contaminación que produce el actual sistema agroalimentario, neocolonial y depredatorio de nuestros recursos.
Eso es lo que tenemos que discutir.
La muerte de niños y niñas en Salta, Chaco, Formosa, Córdoba, Corrientes, Río Negro o Buenos Aires responde al mismo patrón: vulneración del derecho a la vida y los obstáculos para el acceso a derechos básicos como al agua, a la salud, a la alimentación, a la educación, a una vivienda digna, a la inclusión, a vivir en un ámbito familiar y comunitario.
Debemos exigir al Estado que cumpla leyes, garantice derechos, invierta en políticas distributivas y de bienestar para la población. Nuestro compromiso es participar en las construcciones colectivas para que la realidad sea otra. Por eso hay que ser protagonistas en lo territorial, en lo académico, en lo gremial, en todos los ámbitos.
Desde la creación del Foro por la Niñez, fue consigna central la disputa por una Asignación Universal por Hijo/a, hoy seguimos dando el debate y todas las batallas necesarias para lograr otra relación del Estado con la niñez y la adolescencia, para que podamos celebrar a la niñez todos los días. Para esto urge no solo la continuidad de las políticas de seguridad social que entendemos son acertadas, sino también su fortalecimiento y el impulso de nuevas medidas que tiendan a la creación de otro proyecto de país que garantice trabajo con derechos para cuidadores, que garantice la soberanía económica y política sobre nuestros territorios, que distribuya la riqueza. La deuda es con laniñez.
En un país hecho de pan, el hambre es un crimen
¡La Niñez es Ahora!
[1] Fuente IPYPP, disponible en https://ipypp.org.ar/2022/08/19/la-situacion-de-las-infancias-y-las-juventudes-2/
[2] Fuente SIEMPRO https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/siempro
