COMUNICADO. Muchas son las veces que a lo largo de los años, desde que logramos la sanción de la ley 13.298, hemos advertido que el sistema NO ERA APLICADO conforme a la norma creada. Que la desidia de funcionarios de todos los poderes de nuestra provincia, especialmente aquellos que provienen del Poder Ejecutivo, era alarmante, ya que si bien, formalmente, ponían en funcionamiento los instrumentos que la ley dispone, lo hacían vaciándolos de contenido, sin recursos suficientes, con personal precarizado, en lugares inadecuados, sin suficiente contacto con la realidad.
Desgraciadamente el tiempo y las consecuencias directas que viven nuestros pibes, nos da la razón.-
Hay muchos casos para analizar y desgraciadamente, en la mayoría de ellos, las consecuencias son graves y muchas veces irreversibles.-
¿Quién se hace responsable?
Para simple muestra basta uno de ellos, acontecido hace muy pocos días en nuestra zona, no es el único, pero sirve a los efectos que venimos manifestando.-
Mía, una niña de tres años quien fue golpeada y abusada acusando por tal situación a su madre y padrastro en Berisso, permanece internada en terapia intensiva en el Hospital de Niños de la Plata y su estado es grave.
Sus responsables de la crianza serían los artífices del horror.
Roxana Alegre, la abuela de Mía, denunció públicamente: «Lo que le hicieron fue un desastre. La tuvieron muerta en la casa. Tiene el riñón y el hígado con hematoma y agua en la pelvis, me la destrozaron».
Roxana había denunciado previamente sobre la situación de maltrato de su nieta, y contó que desde la Justicia «les pidieron todo tipo de pruebas para este caso». «Les llevamos fotos y le decíamos a los abogados lo mal que la trataban a la nena en la casa de mi hija. Mis otros hijos más chicos fueron a su casa, y veían que la nena siempre tenía moretones en la cara y en los brazos», explicó.
Luego de la denuncia efectuada por la abuela, que dio lugar a la IPP correspondiente, se dio intervención al Servicio Local del domicilio de la niña –autoridad de aplicación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño-, que acompañó el informe 6 días después dando cuenta que no advertían vulneración de derechos de la pequeña e informando que existía fluido vínculo materno-filial.
A la fecha no se recibieron comunicaciones por parte de la Justicia penal informando sobre los avances y/o resultados de la IPP a que diera origen la denuncia de la abuela de la nena.-
El padre también había iniciado una causa por la tenencia en diciembre, sin que en ese proceso tampoco se haya establecido el vínculo de la nena con el papá.-
Más se advierte sin duda alguna que, teniendo en cuenta los antecedentes, los controles sobre la situación de vida de la niña con su entorno materno debieron ser más fluidos, más constantes, y sin duda alguna, más profundos.
Es imprescindible la articulación y el fortalecimiento de lazos entre los primeros y segundo niveles de intervención para reconstruir conjuntamente y desde la multiplicidad de miradas la historicidad de una familia y su entorno y articular en la prevención de cualquier conflicto, con los recursos existentes en la comunidad.
Para que ello sea posible, sea factible, sea realizable, también debe contarse con operadores del sistema que encuentren saldadas sus necesidades mínimas con relación a su trabajo cotidiano, partiendo desde la estabilidad laboral, salario digno, medios para realizarlo (simple y contundente, contar con un auto para sus desplazamientos y no tener que usar el propio, con los gastos que ello conlleva).
Debe entenderse de una vez y para siempre desde el poder que, la implementación adecuada de la ley, hace a la vida o muerte de nuestros pibes.-
No sólo se trata inculpar a una persona, como puede ser un Juez, sino de entender que este es un elemento más en la cadena que constituye el hoy sistema existente.
Reiteramos, hay responsables en otros estamentos del Poder Central, que deben ocuparse realmente de la problemática. Ya se mencionó al Poder Ejecutivo y la no asignación de recursos pertinentes; podemos seguir, sin duda alguna con el Poder Judicial, que tiene serios déficit en el funcionamiento de los Juzgados de Familia dedicados a violencia en La Plata (Departamento Judicial), que no se reduce solo a la cantidad de juzgados (dos) en relación a la cantidad de causas que los desbordan, sino también a la mirada y dinámica desde la cual se abordan los casos donde media la violencia en los grupos de pertenencia de los más chicos, y no olvidar al Poder Legislativo que jamás, en todos los años que existe la ley 13.298 ha tomado en cuenta al momento de aprobar la ley de presupuesto, la preponderancia que debe darse al sistema de niñez en cuanto a la asignación de recursos se refiere.-
Podemos seguir enumerando la falta de trabajo articulado entre los efectores de los distintos poderes y ministerios, en tanto que a nivel local, aún existen Intendentes que se les permite no adherir a la ley a 10 años de su aprobación.
Se trata de un sistema colapsado con canales de comunicación rotos que se activan ante la urgencia, provocando que se tomen decisiones en la soledad de forma parcial, o inoportuna, sin seguimiento ni posibilidad de cambio y revisión.
Es por ello que no debemos confundirnos, no se trata sólo de una persona responsable de lo acontecido, sino que lo sucedido tiene múltiples responsables en las más altas jerarquías del gobierno, y ello por no cumplir adecuadamente con la ley.-
Son los poderes del Estado los que deben bregar por administrar un país donde el ejercicio de los derechos de los pibes no sea solo un slogan políticamente correcto para esgrimir en campañas electorales.
Promover derechos como bregan las normativas internacionales, nacionales y provinciales en materia de infancia implica adjudicar recursos monetarios y humanos, pensando en recomponer lazos sociales que permitan disminuir los niveles de violencia social, para lo cual la primer violencia que debe desaparecer es la institucional, esa que el Estado despliega cuando niega el acceso a la justicia, cuando niega la atención sanitaria, cuando niega la educación, cuando niega alimentación, hábitat o ambiente sano.
Esperamos que se tome conciencia de una vez por todas de la gravedad de este asunto, a fin de luchar para evitar que exista otra víctima como Mía. Que ella sea nuestro estandarte para seguir en la lucha y alcanzar el objetivo deseado, la real e impostergable aplicación adecuada de la ley 13.298 y todas sus colaterales. Lo esperan y necesitan los niños y niñas de nuestro territorio. De eso, somos todos responsables, pero el Estado lleva la mayor responsabilidad.
NUNCA MÁS!
Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires – 10 AÑOS
