El diputado nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Claudio Lozano, sostiene que es necesario avanzar con un sistema universal para las asignaciones y que su implementación se haga por una ley del Congreso.
¿Cuáles son los principales problemas de la aplicación de las asignaciones familiares y universales?
La Asignación por Hijo es producto de una lucha de sectores populares, que permitió que los pibes de bajos ingresos pudieran mejorar sus condiciones de vida. Pero como se ejecutó, se redujo la potencialidad de esta norma. Primero porque no fue instituida como un derecho, sino que se trata de un decreto, es decir que en ningún momento se decidió avanzar para instituir por Ley el derecho de los pibes y pibas.
El segundo inconveniente es que en vez de hacer un sistema universal para el conjunto de quienes reciben planes, lo que se hizo fue anexar la asignación universal por hijo al sistema de asignaciones familiares.
Por otro lado, lo que ocurre hoy es que hay realidades diversas, porque chicos y chicas reciben distintos ingresos según el lugar donde están empleados los padres; en el sector privado, o el estado nacional, provincial o municipal. Por ejemplo, los trabajadores de los estados municipales de Misiones, Chaco o Corrientes o incluso en Buenos Aires, cuyos sueldos son muy bajos, reciben un monto inferior a los valores de la asignación universal por hijo. Es decir que no existe la universalidad en este sistema.
El otro problema es que no se logró abarcar a todas las pibas y pibes de la Argentina, porque aún hay alrededor de 2.200.000 millones que no reciben asignación.
Además, con la implementación del último decreto presidencial, lo que se hizo fue reducir el financiamiento de las asignaciones familiares de los trabajadores formales. En alguna medida podría decirse que se financia las asignaciones familiares de los trabajadores en negro y desocupados, y se debilitan el financiamiento de las asignaciones para los trabajadores en blanco.
¿Cómo podría resolverse el impacto de la inflación en las asignaciones?
Al principio la asignación universal redujo los niveles de pobreza en los hogares donde se aplicó, pero debido al proceso inflacionario, empezó a quedar retrasado respecto a los precios de la canasta familiar básica. En ese sentido, no se efectivizó un mecanismo de actualización periódica, para adecuar el monto de la asignación según las necesidades económicas de cada momento. Así, pierde eficacia la medida.
Entonces, a partir de la experiencia se deben transformar los múltiples sistemas en un sistema único, universalizar la asignación para todos los pibes y establecer un mecanismo de regularización del monto de las asignaciones en relación a los precios. Y por último, determinar que el dinero no provenga de lo recaudado para los jubilados en el Anses, sino que se saque de mecanismos tributarios como por ejemplo el impuesto a la renta financiera, a la producción de soja, la minería y tantos otros sectores que podrían financiar los recursos, para que nuestros pibes estén mejor y nuestros abuelos también.
¿Estas medidas también se ven proyectadas en el presupuesto para 2013 aprobado en el Congreso de la Nación?
El presupuesto nacional aprobado por el Poder Legislativo no muestra ningún avance con respecto a las asignaciones familiares, sino que, por el contrario, debilita el financiamiento de la asignación familiar ya que no se efectiviza por medio de una Ley, ni se actualiza según la inflación; quedan relegadas a los decretos que puedan ser firmados.
Las asignaciones familiares ¿subieron o bajaron?
Otro decreto presidencial modificó el sistema de asignaciones por hijo. El impacto incrementa el monto, pero redujo el pago a muchas familias con trabajo en blanco.
Desde que en Septiembre se anunció el último decreto presidencial para aumentar el monto de las Asignaciones por hijo, también se implementó otra manera de evaluar las asignaciones familiares. Se modificaron los pisos y los techos de cada escalón y ahora se tomarán en cuenta los ingresos de ambos tutores.
Los padres desempleados o trabajadores en blanco que cobraban $280 recibirán $340, igual monto percibirán quienes tengan un ingreso familiar de 3.200 pesos en total. Pero las familias cuyo sueldo total pasaba los $6.000 y cobraban $270 de asignación, ahora recibirán sólo 90.
Todos los pagos siguen efectuándose desde el Anses, organismo que también indicó que la asignación por hijo con discapacidad subirá de 1.080 pesos a 1.200, es decir un 11,1 %, monto inferior a la inflación producida desde el anterior decreto.
Asimismo, el tope salarial para recibir asignaciones familiares se elevó de 5.200 pesos mensuales a 7.000, es decir un 34%. Desde Anses explicaron que el gasto social en asignaciones se elevó a 5.200 millones de pesos al año (casi 2 puntos del PBI).
De esta manera, las nuevas escalas establecen que cobrarán $340 por hijo las familias con ingresos (en bruto) de hasta 3.200 pesos; 250 las de ingresos de hasta 4.400 pesos; 160 las de ingresos de hasta 6.000 y 90 las de ingresos de hasta 14.000 pesos, pero en las que ninguno de los sueldos supere los 7.000 pesos.
Sumas que pueden restar
Las actuales modificaciones establecen que algunos sueldos crecieron por lo que recibirán un monto de asignación más bajo; pese a que la mayoría de los aumentos salariales fueron inferiores a la inflación.
Por lo que en verdad, los grupos familiares con un solo sueldo en blanco cobrarán asignaciones más bajas. Por ejemplo, un trabajador con un empleo de 2.700 pesos cobraba $270 de asignación familiar, pero si recibió un aumento del 25%, actualmente cobrará 250 pesos. De la misma manera, quien cobraba un salario de 5.000 pesos y recibía $136 de asignación, y obtuvo un aumento salarial del mismo porcentaje, a partir del decreto presidencial empezó a cobrar solo 90 pesos mensuales.
Las más damnificadas son la mayoría de las familias con dos sueldos en blanco, en las que alguno de los tutores percibe de bolsillo menos de 5.200 pesos por mes. Pues por ejemplo, si uno de los responsables familiares cobra más de $ 7.000 y el otro menos de $5.200, ya no cobrará asignación, mientras que anteriormente al decreto podía cobrar de $136 a $270.
Darío Giavedoni
Publicado en la edición de diciembre de 2012 del periódico Primer Tiempo
