Según la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), más de 200 mil niñas, niños y adolescentes perdieron sus asignaciones en sólo la primera mitad de 2012 porque no presentaron correctamente los certificados de vacunación y escolaridad requeridos. Fuentes extraoficiales aseguran que la cantidad de niños en esta situación ascendería a 600.000, por lo que la problemática adquiere mayor relevancia.
En la CTA hemos luchado por la implementación de la Asignación Universal por Hijo desde hace décadas, por lo que celebramos la implementación de la medida, y el posterior impacto que produjo al ejecutarse, reduciendo los niveles de pobreza en los sectores más vulnerables. Sin embargo, los inconvenientes en la actual aplicación ponen en evidencia que con medidas aisladas no se revertirá la situación de marginación, sino, que se requiere de la plena aplicación de la Ley Integral de Niñez en todo el territorio nacional.
Un claro ejemplo lo demuestran aquellas familias a las que se quitó la 
Asignación por Hijo, porque no cumplieron con la entrega de los certificados de vacunación y regularidad escolar que se solicita para recibir el dinero establecido. Y si bien puede argumentarse que la acreditación de tales requisitos es responsabilidad de los padres y no del Estado, hay que reparar que los más damnificados por esta sanción siguen siendo las personas más vulnerables y desprotegidas de nuestra nación, las niñas y niños pobres de la Argentina. Ellos no solo dejaron de recibir el dinero destinado para su asistencia perdiendo el derecho a la seguridad social, también quedaron excluídos de los derechos básicos de salud y educación.
En situaciones como éstas, se ve con claridad la necesidad de aplicar plenamente la Ley Integral de Promoción y Protección por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (26.061), porque los niños más vulnerables no pueden estar marginados de los beneficios sociales del Estado. También se evidencia la inequidad existente hacia la infancia porque las asignaciones familiares son diferentes en distintas provincias, por lo que un niño no tiene los mismos recursos que otro si vive en otra región.
Por esos motivos, creemos que ese escenario podría revertirse si en todo el país se construyera a partir de la legislación vigente amparada en la Convención de los Derechos del Niño una política nacional para la infancia, integral y unificada.
Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud
Publicado en la edición de diciembre de 2012 del periódico Primer Tiempo
