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Por Rosario Hasperué. Nuestro país es uno de los 196 Estados que ratificaron la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), por lo cual está sujeto a los exámenes periódicos del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) formado por 18 expertos y expertas independientes internacionales. Uno de los comisionados es Luis Pedernera, quien nos dio detalles de las recomendaciones finales sobre la implementación de la CIDN en la Argentina, que se hicieron públicas el 1ro de Junio y a partir de las cuales el país debe llevar adelante medidas para adecuar las legislaciones y políticas. El Aborto, la violencia institucional, el gatillo fácil y el acuerdo con el FMI, son temas que preocupan a los expertos.
En efecto, entre los distintos puntos a destacar del informe, el Comité recomendó al país asegurar que la currícula escolar incluya educación sexual y permitir el acceso a adolescentes a realizar un aborto seguro y servicios de atención posteriores al aborto. En este sentido, pidieron abordar la temática de los altos porcentajes de mortalidad materna y neonatal, así como identificar las causas de la malnutrición que afecta principalmente a las provincias del noroeste del país.
También se instó a poner un límite a la violencia institucional, a trabajar sobre la aprobación de una ley de responsabilidad penal juvenil adecuada a los estándares internacionales sin recurrir a la baja de la edad de punibilidad, y tomar medidas económicas para garantizar que todos los niños y niñas tengan igual acceso a educación de calidad, salud, protección social, y vivienda adecuada.
Para la elaboración del informe, los expertos que integran el Comité tienen en cuenta la opinión de organizaciones de la sociedad civil y de los Estados.
El 11 de mayo, y en una conferencia de Prensa que tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación, Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dieron a conocer junto a un amplio abanico de organizaciones políticas, gremiales y de niñez, un documento que fue presentado ante el Comité en Ginebra, en donde se denuncia la violación de la Convención de los Derechos del Niño. Se reporta que las políticas de ajuste repercuten en mayores indices de pobreza e indigencia de la niñez y un aumento de los asesinatos de niños/as, adolescentes y jóvenes en manos de las fuerzas estatales de seguridad. Este informe se elaboró luego de la muerte de Facundo Ferreira, el niño fusilado en Tucumán por la policía en un caso de gatillo fácil.
Teniendo en cuenta esta denuncia, además de testimonios y demás estudios que se llevaron adelante desde el 2015, entre el 14 y 15 de mayo del 2018 se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, una audiencia entre los integrantes del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y representantes del Gobierno Argentino.
La delegación de Argentina fue liderada por el Secretario Nacional de niñez, adolescencia y familia del Ministerio del Desarrollo Social, Gabriel Castelli. La delegación también fue integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la Misión Permanente de Argentina ante la ONU en Ginebra.
Luis Pedernera es uno de los integrantes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Llegó allí por su trabajo en el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y el monitoreo de los sistemas penales juveniles de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Fue uno de los impulsores del espacio No a la Baja de Uruguay desde donde ganaron el plebiscito contra la baja de la edad de imputabilidad en el país hermano. Es reconocido en su país y por organizaciones internacionales como un ferviente defensor de los Derechos de la Niñez. Como parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, participó de la auditoria que realizó ese organismo a la Argentina en el año 2018.
¿Cuáles son las recomendaciones del Comité antes las denuncias de las organizaciones respecto a un avance de la política punitiva sobre la niñez en la Argentina?
En Junio aprobamos las observaciones al Estado Argentino sobre las recomendaciones de la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de Niño (CIDN), es un proceso que se hace cada cinco años, que se inicia con un informe del Estado, y luego nosotros recibimos información de organizaciones, de organismos de Naciones Unidas especializados como la UNICEF, y defensoras del Pueblo, instituciones nacionales de Derechos Humanos, y los propios niños. En el caso argentino, recibimos a un grupo de adolescentes que nos contaron su visión sobre los derechos y respecto a los derechos en la Argentina.
Nosotros en las recomendaciones tocamos varios puntos. Uno fue el de la violencia institucional y los casos de abusos policiales. En ese sentido teníamos abundante información sobre casos de gatillo fácil, de detenciones solo por el aspecto, sin ordenes judiciales diferentes formas de violencia institucional.
¿En qué período?
Abarcamos 5 años, las últimas recomendaciones del Comité fueron desde el 2010, desde esa fecha al 2015 concentramos el dialogo en ese período de tiempo, de las anteriores recomendaciones a esta que es lo que ha pasado, ese es el margen de tiempo. Son cinco años, pero luego el Estado envía su informe, nosotros escuchamos a las ONG, se le agenda al Estado en un lapso de tiempo y fue ahora en octubre del año pasado cuando recibimos a las organizaciones en la sesión reservada. A partir de ahí armamos una lista de cuestiones que el Estado tiene que responder en 6 meses, en un tiempo establecido y en seis meses ir al Comité a la sesión que dura un día, tres horas a la mañana y tres horas a la tarde. En el caso argentino empezó en la tarde del lunes 14 de mayo y terminó en la mañana del martes 15 de mayo. Luego elaboramos un documento de recomendaciones que elaboramos con todos los aspectos de comisión de delitos. Tenemos organizado temáticamente, y los miembros del comité lo que hacemos en esas sesiones es preguntar, dudas, y a partir de las respuestas del Estado hacemos una valoración y generamos un documento de recomendación. Le hemos planteado que se aborden de manera urgente los casos de violencia policial.
¿Se abordó el homicidio de Facundo Ferreira, el niño asesinado por la espalda en Tucumán?
Generalmente usamos hablamos sobre casos específicos. Un caso reciente era el de Facundo Ferreira, un niño muerto de un tiro en la nuca cuando circulaba con un amigo en moto en Tucumán, y lo que nos preocupaba en esas situaciones eran las cuestiones de la impunidad, el juicio a los responsables y de reparación a las víctimas. Consideramos en las recomendaciones que debe ser abordada esa cuestión desde una política que atienda eso, también le hemos planteado el tema de las presencias de la policía en las escuelas, le hemos dicho que eso no debe ocurrir de la forma que está. Eso fundamentalmente en el tema de tortura y violencia institucional.
¿Cual fue la respuesta del Gobierno ante estos casos puntuales?
La sesión se puede ver on line. Nosotros le preguntamos si la doctrina Chocobar iba a ser el mecanismo que iba a utilizar para relacionarse la policía con los niños. Al final de la sesión el representante dice que no, que esa no va a ser la forma de relacionarse. Nosotros lo que hacemos es una recomendación diciendo que los fenómenos de violencia institucional deben ser abordados desde una perspectiva integral, que tenga en cuenta llevar a la justicia a los responsables, el reparar a las víctimas y el evitar los episodios de violencia policial. Junto a eso hemos planteado también el tener una reforma del sistema penal juvenil, le hemos planteado que esa reforma es buena que se discuta pero que no olviden los estándares de la CIDN y que esa reforma no implique una baja de la edad de imputabilidad y un aumento de pena.
También nos referimos a otros temas que también son polémicos y que están en el tapete como es el tema del aborto, nosotros hemos plateado que tiene que haber educación sexual de calidad en todas las escuelas, ya sean públicos y privados de la Argentina. Ya sea en la cuestión curricular que atraviesa todos los programas en todas las escuelas, pero también hemos dicho que tienen que tener servicios de acceso a la atención de aborto y pos aborto seguro. Que tomen en cuenta la opinión de los adolescentes. Creemos que es una buena señal que la cámara de Diputados haya aprobado la ley de Aborto Seguro, Legal y Gratuito, esperamos que el Senado acompañe porque de esa forma estarán cumpliendo con unas de las recomendaciones del Comité, y es lo que esperamos, que los Estado cumplan con lo que el Comité recomienda.
Respecto a la política sobre los asuntos indigenas ¿Cuáles son las recomendaciones y cuales son los casos que ustedes están recibiendo?
En particular se planteo el tema de una violación de una niña wichi, violada en un campo sagrado en Salta, y la inexistencia de mecanismos que le permitieran a ella acceder a un aborto no punible, una falla del sistema sanitario, del sistema judicial y eso lo tratamos de comprender en las políticas de salud sexual y reproductivas. Pero también nos preocupa la discriminación a los niños de los pueblos originarios, hemos planteado que la CIDN tiene que difundirse en formas amigables, en las lenguas de los pueblos originarios, y la mejor forma que los niños conozcan sus derechos es hacerles llegar los derechos en su lengua. Y planteamos las cuestiones de los datos sociales. La fuerte discriminación de tipo socioeconómico, las iniquidades que impactan fuertemente en los grupos de los pueblos originarios. Uno mira los datos sociales y cuando valora lo de los pueblos originarios, ellos están en franco retroceso en relación a otros grupos sociales, están peor que otros grupos sociales y hemos dicho que eso debe abordarse con políticas contra la discriminaciones pero también con facilitar el acceso a servicios de salud, para facilitar la alimentación, y educación de calidad.
Respecto a las recomendaciones del año 2010 al 2017 ¿Han visto avances o retrocesos?
En los primeros párrafos valoramos mucho una serie de cambios legislativos, Argentina avanzó mucho en materia legislativa, una reforma en el Código Civil, la creación el delito de trata, muchas provincias adhirieron a la ley de protección de derechos, se instaló por fin el mecanismo de prevención nacional de la tortura. Esas valoraciones las hemos hecho que son cuestiones positivas en este proceso. Así también le hemos marcado que nos preocupan los decretos de necesidad y urgencia, algunas cosas de la ley de migración, le hemos planteado una cosa específica con el trato y la estigmatización de los hijos de migrantes y la posibilidad de institucionalización en caso de deportación de las familias, eso lo marcamos como preocupación.
¿Como ven a la Argentina respecto a otros países de la región?
Nosotros no comparamos. Valoramos cada país de acuerdo a sus posibilidades, sus coyunturas. Cada país es diferente. pero sí hemos marcado que la coyuntura actual de la crisis económica que vive, y frente al préstamo del FMI, que presten atención a las políticas de ajuste, y que esas políticas de ajuste no carguen sobre las espaldas de los niños.
Por Rosario Hasperué, secretaria de Prensa de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. Integrante del Foro por los Derechos de la Niñez.
Anexo:
Videos de las sesiones transmitido por Internet:
Informe completo en:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ARG/INT_CRC_COC_ARG_31364_E.pdf
Documento de Organizaciones presentado ante el Comité:
Nota Publicada en CTA:
