Es porque se puso en funcionamiento el Centro de identificación y Espera de Niños, Niñas y Adolescentes. Otra grave denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri, que transformó un espacio juvenil en un establecimiento policial.
Desde esta semana, los chicos menores de 18 años que deban ser identificados en la ciudad de Buenos Aires no podrán ser llevados a una comisaría. Es porque se puso en funcionamiento el Centro de identificación y Espera de Niños, Niñas y Adolescentes. Este Centro fue creado por una acción de habeas corpus presentada por el Ministerio Público Tutelar dela Ciudad, del apoyo institucional del Ministerio Público dela Defensa de la Ciudad y de una sentencia judicial del juez José Manuel Buján.
Por esta acción judicial, a partir de ahora la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un lugar para que se lleven a cabo las detenciones para la identificación en las condiciones que exige la normativa de protección de derechos humanos de la infancia. El Centro funcionará en Tacuarí 138. El espacio para su instalación fue cedido por el Consejo dela Magistratura y es administrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad dela Ciudad.
(Noticia ampliamente tratada por los medios – 15/4/09)
Denuncia, recurso de amparo y festival en defensa de “Puerto Pibes”
En el marco de una reunión en la Legislatura porteña, organizaciones de derechos humanos junto con diputados opositores, militantes y gremialistas denunciaron ala Ciudad de Buenos Aires por intentar “desmantelar” Puerto Pibes, un enorme predio público destinado a alojar, recrear y educar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. El objetivo del gobierno de Mauricio Macri, denunciaron, es convertir esas instalaciones en sede dela Policía Metropolitana.
Durante el encuentro, los oradores fueron, en su mayoría, pertenecientes a las distintas ramas del gremio docente, pero también disertaron diputados de la oposición. Se informó de la presentación de un recurso de amparo para detener el cierre del lugar y la realización de un Festival Solidario.
El secretario general de ATE-Capital, Rodolfo Arrechea comparó el intento de desalojo de Puerto Pibes con el recorte de becas del año pasado y denunció una “sistemática agresión a todo lo que sea público”. Y, además, dio un pantallazo sobre la situación que se está viviendo en el lugar en donde los chicos tienen que convivir con unos 30 efectivos policiales que dicen ser “custodios de (Mauricio) Macri”.
Manuel Gutiérrez, de Ademys, otro gremio docente porteño, criticó las medidas que toma la jefatura porteña y calificó a este hecho de “emblemático” porque “ataca a la niñez, hipotecando la igualdad social”.
Por su parte, uno de los referentes dela Ctera, Eduardo López, invitó a la unión de los partidos, ya que consideró que de esa manera esta lucha “se puede ganar” al igual que ocurrió el año pasado cuando desde la cartera de educación porteña intentaron recortar 15 mil becas para los estudiantes de escuelas secundarias, pero que finalmente “lograron transformarlas en 62.500”.
Por otra parte, un recurso de amparo fue presentado por la legisladora Liliana Parada. Allí figuran “puntos oscuros” sobre la ocupación a cargo del ministro de Seguridad de Capital Federa, Guillermo Montenegro y se asegura que en el predio de Puerto Pibes se planea establecer un área de “Orden Urbano”, que requiere espacio disponible ya que comprende la Infantería, Asuntos Especiales y Tránsito, entre otras cuestiones que no cumplen con las reglamentaciones.
El miércoles que viene, desde la 10.30, habrá un festival en ese predio ubicado en avenida Intendente Cantilo y La Pampa, por la “recuperación de Puerto Pibes”.
(Páginal 12, pág. 20 y 21, 15/4/09)
Por Carlos Fanjul
