Cuando se analiza el dinero y su distribución es posible ver materializada la falta de política pública. El presupuesto aprobado para la provincia en el 2013 se constituye en un claro ejemplo. En principio los gastos del año 2011 para la proyección del presupuesto del 2012 están subestimados, lo que ha provocado también la subestimación de los del 2012 para el 2013.
Para la mitad del 2012, el 70.3% del total de la masa salarial presupuestada para todo el año se había ejecutado, y además ya presentaba devengado el 50% del presupuesto, pero a su vez contaba con gran parte destinado a programas provinciales sin ejecutar.
Esto se debe a que el presupuesto admite la transferencia de partidas. Por más que un programa tenga asignado un millón de pesos, se puede ejecutar un 10 por ciento de sus recursos, y el resto ser transferido a otra área, como por ejemplo seguridad, donde el gobernador construye su política. Pero no ocurre sólo en niñez, también en salud y educación, que también resultan perjudicadas y movilizan la lucha de muchos trabajadores.
En este sentido, el secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Nación (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, dijo a Primer Tiempo que “el nuevo presupuesto habilita 5000 puestos de trabajo en el Ministerio de Economía, pero eso no va a suceder; solamente los habilita a tener recursos para después destinar a otras partidas. Por eso es que nosotros hemos planteado como propuesta establecer la intangibilidad de los recursos para el financiamiento del personal y para los recursos para políticas sociales, niñez y alimentación”.
En el caso del presupuesto destinado para políticas sociales, las diferentes áreas no escapan de la realidad global de los recursos provinciales. Para mitad del año pasado, el programa Envión había ejecutado solo un 8% del total de su presupuesto, el resto de las partidas fueron ejecutadas a otros sectores.
Además, es claro en donde se concentra la política. Mientras que para Desarrollo Social el presupuesto destina 3.876 millones de pesos y a salud otros 9.165 millones, ambas sumas no alcanzan lo destinado a seguridad: 13.946 millones.
Sin tener en cuenta el presupuesto asignado a la Secretaria de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Social descendió un 1% en el presupuesto, mientras que el Ministerio de Justicia y Seguridad aumentó el suyo en esa misma proporción.
En la provincia existe además, desde el 2004 la ley 13.163 del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento ambiental, que garantiza ciertas partidas hacia los municipios según la cantidad de población, una medición insuficiente y que carece de diagnóstico profundo de la vulnerabilidad social de esa población.
El 80% de este Fondo está destinado a programas sociales y a políticas de niñez le corresponde por lo menos un 40% de la suma total. Pero, en la práctica, al ser tan amplias las disposiciones para imponer el gasto, el dinero se termina diluyendo en acciones sociales puntuales, como compras de mercadería o colchones sin determinar específicamente destino y la cantidad de dinero puesta en cada asunto. En 2010, ante la grave situación del sistema de Promoción y Protección Integral de la niñez, un grupo de legisladores incluyó en la aprobación del presupuesto para el año siguiente, una partida de 100 millones para la plena aplicación de la ley 13.298. Sin embargo, ese dinero jamás se ejecutó por falta de reglamentación de ese artículo.
A raíz de esta problemática, la diputada provincial Natalia Gradaschi, manifiesta que “es inminente una ley de financiamiento propia para el sistema de niñez. Al igual que educación tiene su ley, con niñez debe suceder exactamente lo mismo”.
Por otro lado, en el artículo 16 del decreto reglamentario de la ley de niñez, se establece un Fondo de Proyectos Innovadores de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y de apoyo a la familia, que aún no fue creado. Tiene por objeto promover la formación de organizaciones comunitarias que favorezca la integración social y establecer un sistema único de dinero que no pueda ser derivada, sino que sea solo para programas provinciales.
A su vez, Javier Frías, abogado del Foro por los Derechos de la Niñez, se pronunció a favor de una ley de financiación aunque remarcó que no es sólo esa la solución. “Ya el Sistema de Promoción y Protección prevé que el que tiene que designar las partidas es la Comisión Interministerial, que hoy no funciona, no sabemos ni quiénes, ni cuándo se juntan. Esta comisión, que son representantes de todos los ministerios y que reciben las partidas presupuestarias de todo el año, tiene que decidir como se reparten los recursos”, afirmó.
Como conclusión, es importante tener en cuenta que donde se ponen los recursos se pone la prioridad. Además de en los discursos ¿cuándo serán prioridad en el presupuesto los niños?
Anabel Urdaniz
Publicado en la edición de diciembre de 2012 del periódico Primer Tiempo
