“Bajar la edad de punibilidad implica posibilitarle al Estado infligir dolor sobre los cuerpos de adolescentes de 14 años”

Ante las nuevas declaraciones que reavivaron la intención del gobierno de bajar  la edad de punibilidad de los adolescentes de 16 a 14 años, Vanesa Salgado, miembro del Foro por los Derechos de la Niñez y del Observatorio Social Gino Germani de la UBA, participó en varios medios donde desnaturalizó algunas construcciones de sentido que instalan la baja como la solución-«mentira barata»- a los problemas de inseguridad- respecto a la propiedad privada- de un sector de la sociedad.

“Bajar la edad de punibilidad significa un avance y la ampliación de un Estado punitivo y el retroceso de un Estado social”, sentenció Salgado ante las declaraciones de la Vicepresidenta Gabriela Michetti y el dirigente del Frente Renovador Sergio Massa sobre la necesidad “ de discutir la medida a corto plazo” para que los “jóvenes puedan volver a reinsertarse educativamente”.  Esta mirada progresista de derecha es muy engañosa y confusa, ya que en representación de los derechos esconde la intención de fondo: castigar a los adolescentes y jóvenes. «Esperar a que el Sistema Penal juvenil se ponga a restituir derechos, es no entender nada, pero sobre todo no entender que la justicia punitiva nació para castigar, acá y en cualquier parte del mundo», sostuvo Salgado y agregó: “Cuando discutimos pisos de punibilidad, discutimos  a partir de qué edad el Estado se aboga la capacidad de infringir dolor de forma legal sobre el cuerpo de nuestros jóvenes”.

En la actualidad en Argentina el 47%(estadísticas de UNICEF Y UCALP) de los niños y las niñas se encuentran bajo la línea de pobreza, sumidos a la falta de una buena nutrición, educación, salud y un hábitat donde puedan desarrollarse con plenitud. Desde muy chicos comienza el castigo ante la falta de políticas sociales. Cuando jóvenes, si pudieron sobrevivir a la precariedad de sus vidas se enfrentan con la búsqueda laboral. Son los adolescentes y jóvenes la franja más desempleada y precarizada del país y del mundo. Por lo tanto si los legisladores y dirigentes quieren discutir el problema de la “inseguridad” en profundidad, deberían empezar con un diagnóstico de la situación integral de nuestras juventudes.

Respecto a la construcción de sentido sobre el sintagma “jóvenes-pobres-delincuentes”, Salgado  afirmó: “Los medios de comunicación masivos y los gobernantes eligen momentos donde suceden tragedias sociales, las convierten en un problema de orden individual y de esa manera aprovechan para lanzar estas medidas punitivas”. Aún más sentencia Salgado: “lo hacen en época electoral, lo que es una estrategia barata, para gobernar a los jóvenes pobres, que están a los márgenes a punto de caer del Sistema, con ellos como con los migrantes y otras minorías no saben qué hacer; la solución es gobernar desde la represión”.

No existen datos empíricos que habiliten la necesidad imperiosa de bajar la edad, debido a que sólo el 3.6% de los delitos son cometidos por adolescentes y jóvenes (Procuraduría de la provincia de Buenos Aires), mientras que el 96.4% son cometidos por adultos. “Ellos quieren bajar la edad, no quieren un piso de garantías y libertades  para los pibes”, asegura Vanesa, al tiempo que indica que sí es necesario que nuestros jóvenes tengan un nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que no sea el de la dictadura ya que el régimen actual “brinda menos garantía a los jóvenes que a los adultos”.

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