Documento del Foro por los Derechos de la Niñez en solidaridad con el pueblo Uruguayo ante plebiscito
#NOALABAJA
En el marco del fuerte debate instalado en la sociedad uruguaya, sobre la relación adolescentes-delito, queremos hacer llegar nuestros aportes en virtud de los lazos de fraternidad, que históricamente nos han unido y unen con la República Oriental del Uruguay.
El plebiscito, a realizarse en conjunto con las elecciones presidenciales, propone a la sociedad definir, acerca de la conveniencia o no de equiparar el régimen penal de adolescentes y jóvenes desde los 16 años, con el actualmente vigente para adultos.
Consideramos que la iniciativa promovida representa un grave retroceso, con respecto a los lineamientos emanados de la Convención Internacional de los Derechos de Niños/as[1].
En estas décadas, nuestra sociedad ha sufrido una rápida y profunda transformación, marcada por políticas neoliberales en la región, que expusieron a gran cantidad de familias al desempleo y la consiguiente destrucción de la estructura de cohesión social, familiar y educativa.
Simultáneamente, el avance tecnológico, de las comunicaciones y redes sociales, generó una reformulación anómica de las relaciones sociales, desdibujándose el reconocimiento del otro como sujeto de carne y hueso. Estos cambios generaron un desconcierto en lo que hasta entonces eran valores sociales consolidados, que servían como red de contención social para una época y modelo determinados, que ya no existen.
En este contexto, la baja de la edad de imputabilidad se podría considerar como un grave retroceso en términos sociales/humanitarios, y realmente no representa ninguna solución a los problemas delictuales, que además están fuertemente vinculados a estructuras de negocios mentadas y ejecutadas por personas mayores de edad (redes de trata, tráfico, desarmaderos, venta de artículos robados, etc).
Estamos convencidos que la baja de la edad de imputabilidad, la extensión del sistema penal, la prisionización y el endurecimiento de penas no resuelven la inseguridad, ni la percepción social que existe de ella. No es más que desviar la mirada, reproduciendo prácticas y definiciones que implementadas sobre la población adulta no revirtió tal situación.
Desde nuestras organizaciones, seguiremos rechazando aquellos intentos de avanzada de políticas punitivas y represivas hacia un sector pasible de ser instalado como “peligroso” y responsable de la situación de “inseguridad social”, cuando hay otras responsabilidades gubernamentales y sociales en juego para que todos/as nos encontremos más seguros.
La sociedad debe renunciar a la persecución sistemática y criminalización de los/las adolescentes y jóvenes.
Tenemos conocimiento y existen investigaciones empíricas que demuestran que no es la seguridad el primer problema en la agenda real de los problemas sociales, lo es la falta de acceso a derechos básicos de grandes porciones de nuestro pueblo.
Frente a esto, volvemos a decir que hay muchas emergencias vinculadas al desarrollo de los/las adolescentes y jóvenes, que requieren tanta o más atención que la destinada a la estigmatización y criminalización.
La decisión que tome la sociedad repercutirá en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y la convivencia social.
Por eso, es que apelamos a la revisión de los discursos meramente punitivos/represivos en toda la región y a promover la generación de iniciativas creativas en nuestros países que tiendan a promover mecanismos preventivos más allá del endurecimiento del sistema penal, que se sustenten en esquemas de compromiso, cooperación y articulación entre actores gubernamentales y la participación activa de la sociedad toda.
Uruguay, reconocido como el país más igualitario de la región, puede continuar en la senda de marcar un camino hacia la construcción de más igualdad y fraternidad, o construir un antecedente que nos lleve al resto de los latinos a retroceder en conquistas fundamentales para la humanidad, avanzando en la criminalización de la juventud.
Estamos a tiempo de avanzar y no retroceder.
#NO A LA BAJA
[1] En este sentido, además de los lineamientos de la CIDN, resulta enriquecedora la lectura de la Observación General N°10 del Comité por los Derechos del Niño-ONU, del año 2007. Y también establecen criterios orientativos para nuestros países, por haber adherido a la Convención
